Treinta y cinco años después de su creación, la misión de paz de la ONU en el Sáhara Occidental ya no debate si puede cumplir su mandato. Debate si ese mandato todavía le importa a alguien con poder para hacerlo cumplir.
El debate sobre el futuro de la MINURSO llega tarde, pero no por casualidad. Llega en el momento en que las grandes potencias han decidido que ya no necesitan seguir fingiendo que el referéndum es posible. Durante décadas, la imposibilidad de organizar esa consulta se presentó como un problema técnico: el censo, la identificación de votantes, los procedimientos. Hoy queda claro que siempre fue una decisión política. El bloqueo no era un accidente del proceso; era el proceso.
La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental nació en 1991 con una tarea concreta y limitada en el tiempo: garantizar un referéndum de autodeterminación tras el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario.
Treinta y cinco años después, ese referéndum nunca se celebró, no hay un censo acordado, el alto el fuego —roto desde 2020— se ignora de facto, y la misión sigue desplegada sin ninguna capacidad real para presionar a las partes. Como señala un análisis reciente, la MINURSO se fue transformando de facto en un mecanismo de gestión del statu quo, desplazándose entre su mandato formal y una realidad operativa que nada tiene que ver con él.
Una misión sin ojos para los derechos humanos
Hay una anomalía que define mejor que nada el carácter de esta misión: la MINURSO es la única operación de paz contemporánea de las Naciones Unidas que no tiene competencias para supervisar derechos humanos. Todas las demás misiones similares incluyen mecanismos de monitoreo de violaciones. Esta no. No es un olvido: es una exclusión deliberada, denunciada de forma recurrente por organizaciones internacionales y que vuelve a situarse en el centro del debate ahora que se discute el futuro de la misión.
Marruecos ha bloqueado sistemáticamente cualquier intento de incorporar ese mandato, y las principales potencias del Consejo de Seguridad han preferido evitar el conflicto diplomático. El resultado es una misión que puede observar movimientos militares, pero que permanece oficialmente ciega ante la represión en el territorio ocupado, la vigilancia de activistas saharauis, las detenciones y las restricciones a la sociedad civil. Una misión que vigila un cese el fuego roto mientras mira hacia otro lado ante lo que ocurre bajo ese cese del fuego.
La resolución 2797: cuando “base seria y creíble” no es un matiz
En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad aprobó la renovación del mandato de la MINURSO por un año más, hasta el 31 de octubre de 2026, mediante la resolución 2797. La votación fue de 11 votos a favor y 3 abstenciones —Rusia, China y Pakistán— con Argelia sin participar. Sin vetos. El texto, impulsado por Estados Unidos, incorpora la propuesta de autonomía marroquí como base para las negociaciones y la describe como la alternativa más plausible, aunque sin llegar a reconocer formalmente la soberanía marroquí sobre el territorio ni eliminar la referencia a la autodeterminación.
Marruecos lo celebró como una victoria histórica. La CODESA (Coordinadora de Asociaciones de Saharauis en Europa) advirtió de que el texto crea una contradicción con el derecho internacional y conlleva el riesgo de un sesgo que podría socavar en el futuro el principio de autodeterminación. El equilibrio diplomático de la resolución es, en el mejor caso, frágil; en el peor, cosmético. Lo que permanece como hecho político firme es que, por primera vez de forma tan explícita, el Consejo coloca la autonomía marroquí como punto de partida del proceso, no como una opción más entre varias.
Decir que la autonomía marroquí es “la base más factible” mientras se mantiene el mandato de una misión creada para organizar un referéndum es sostener dos verdades incompatibles. Una de las dos tiene que ceder.
Además, la misma resolución encargó al Secretario General que, en un plazo de seis meses, presentara una revisión estratégica del futuro mandato de la MINURSO. Esa exigencia tiene una implicación legal significativa: implica un desplazamiento desde vigilar un referéndum hipotético hacia apoyar una implementación política. En términos prácticos, la misión está siendo recalibrada para facilitar las condiciones de una autonomía, no para preparar un censo electoral.
Estados Unidos fija las condiciones: sin autonomía, sin misión
El papel de Washington en este proceso ha sido determinante. La administración estadounidense condicionó la continuidad de la MINURSO al avance hacia la autonomía marroquí como única base viable para resolver el conflicto, según declaró el representante ante la ONU, Mike Waltz, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. No es una posición nueva —Trump ya reconoció unilateralmente la soberanía marroquí sobre el territorio en 2020—, pero sí es la más explícita hasta la fecha: sin autonomía, no hay renovación.
Este posicionamiento refuerza un cambio de paradigma que viene madurando desde hace años. El eje del conflicto se desplaza de la autodeterminación al encaje administrativo, del derecho internacional al equilibrio de fuerzas regionales. La estabilidad del Magreb, el control de rutas migratorias, los recursos pesqueros y fosfateros, los acuerdos de seguridad —todo eso pesa más en las capitales occidentales que el derecho de un pueblo a decidir su futuro en una urna.
España: de administradora a cómplice
El papel de España en todo esto merece atención especial, porque no es el papel de un actor cualquiera. España es la potencia administradora de iure del territorio: su responsabilidad histórica y jurídica sobre el Sáhara Occidental es ineludible, reconocida por el derecho internacional. Fue España quien abandonó el territorio en 1975 sin completar el proceso de descolonización, firmando los Acuerdos de Madrid que cedieron la administración a Marruecos y Mauritania sin consultar al pueblo saharaui.
Cincuenta años después, el Gobierno de Pedro Sánchez consumó otro abandono. En marzo de 2022, España alteró su posición tradicional: Sánchez expresó en una carta a Mohammed VI que consideraba el plan marroquí de autonomía como “la propuesta más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto. Esa carta fue hecha pública por la Casa Real marroquí —no por el Gobierno español— lo que ya dice mucho sobre las condiciones de la negociación.
El giro fue tomado sin debate parlamentario previo, sin explicación pública de sus fundamentos, y en un contexto que apuntaba claramente a la recomposición de la relación bilateral rota tras la acogida humanitaria del líder del Polisario, Brahim Gali. España se convirtió de pronto en el defensor europeo más firme del plan de autonomía de Marruecos, superando incluso a Francia, que había evitado hasta entonces el uso de superlativos en su apoyo a Rabat.
El resultado es que España, como potencia administradora, ha desactivado cualquier presión efectiva en favor del referéndum, refuerza el marco internacional que hace prescindible la MINURSO en su forma original y debilita la posición negociadora del pueblo saharaui. Todo ello a cambio de estabilizar una relación bilateral con Marruecos que el propio Marruecos maneja con chantaje migratorio y presión diplomática permanente.
¿Qué se discute realmente con respecto a la MINURSO?
El debate sobre el futuro de la misión no es un debate técnico sobre recursos o efectivos. Es un debate sobre si el proceso de descolonización del Sáhara Occidental tiene aún algún horizonte real. Los escenarios que manejan los actores con poder de decisión apuntan en una dirección bastante clara: reducción progresiva de funciones, reconversión hacia un papel técnico en un eventual acuerdo de autonomía, o desmantelamiento si ese acuerdo se consolida sin referéndum.
La opción de reforzar el mandato para incluir supervisión de derechos humanos o reactivar el proceso de autodeterminación existe sobre el papel, pero carece de respaldo político real. No falta base jurídica —el derecho internacional es inequívoco en este punto— sino voluntad política de las potencias que deciden en el Consejo de Seguridad. Como recuerda la CODESA, la resolución 2797 no reconoce la soberanía marroquí, no impone la autonomía como solución única, pero tampoco establece ninguna medida para asegurar que la MINURSO cumpla su misión fundacional.
El Sáhara Occidental sigue figurando en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización de las Naciones Unidas. Pero esa clasificación jurídica convive cada vez más incómodamente con una realidad política en la que se prioriza la estabilidad regional, se consolidan alianzas estratégicas con Marruecos y se diluye el principio de autodeterminación bajo capas de diplomacia de compromiso.
El precedente que nadie quiere nombrar
El riesgo más grave de este proceso no es solo la desaparición de la MINURSO. Es el precedente que deja. Si el conflicto del Sáhara Occidental se cierra —o se entierra— sin referéndum, queda establecido que los procesos de autodeterminación pueden ser indefinidamente pospuestos hasta volverse irrelevantes. Que la persistencia de una ocupación, sostenida el tiempo suficiente y respaldada por alianzas geopolíticas adecuadas, acaba normalizándose bajo el paraguas del derecho internacional sin necesidad de cambiarlo formalmente.
La disyuntiva es clara. O se reactiva el mandato original de la MINURSO —con todas las implicaciones políticas que eso conlleva y con la presión necesaria sobre los actores que bloquean el proceso— o la misión terminará siendo desmantelada. No porque haya cumplido su objetivo. Sino porque ese objetivo ha dejado de ser prioritario para quienes deciden.
Hay algo profundamente revelador en el hecho de que sea precisamente España —la potencia que abandonó el territorio en 1975, que lo dejó sin descolonizar, que firmó acuerdos a espaldas del pueblo saharaui— la que ahora lidera en Europa el enterramiento definitivo de ese proceso pendiente. La herida que España dejó abierta en 1975 no la están cerrando los saharauis. La están cosiendo en falso.
