Los CLER impulsan el transporte metropolitano público y sostenible.

Foto retocada por IA de los CLER exigiendo transporte sostenible

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) han conseguido que algunos ayuntamientos de la zona afectada por la DANA aprueben por unanimidad —con PP, PSOE, Compromís y VOX votando juntos— declaraciones institucionales exigiendo un transporte público digno a las administraciones competentes. Propuesta que conecta la reconstrucción post-DANA con la inminente crisis energética global.

Cuando las aguas de la DANA del 29 de octubre de 2024 se retiraron, dejaron al descubierto algo que ya existía antes de la catástrofe. Mostraron una periferia metropolitana de Valencia abandonada para el transporte público, atada al vehículo privado y estructuralmente vulnerable a cualquier perturbación climática, social y también del mercado de los combustibles. Año y medio después, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción —los CLER— siguen avanzando en su objetivo de vertebración participativa y han conseguido que se apruebe su moción sobre transporte metropolitano en los plenos municipales de Catarroja y Sedaví, por el momento. Aunque es previsible que también otros ayuntamientos aprueben por unanimidad esta declaración institucional exigiendo un modelo público de movilidad justo, digno y sostenible.

Tanta “convergencia” de los grupos municipales habitualmente en conflicto, como el PP y PSOE, Compromís y VOX, no es casualidad. Al final, todas estas fuerzas han tenido que reconocer y asumir el malestar y la presión ciudadana acumulados: atascos diarios, colas kilométricas, un servicio de Cercanías en estado de colapso crónico y una red de autobuses metropolitanos que no conecta con los centros de trabajo, los colegios ni los hospitales.

Lo que se plantea desde los ayuntamientos

Los CLER han impulsado estas declaraciones como un ejercicio de democracia directa aplicada. La ciudadanía organizada no se limita a votar y luego protestar; también elabora demandas concretas, participa en ellas y las supervisa. De momento, ya se ha conseguido que entren en los plenos, que son instancias reservadas a los concejales. Ahora falta que estos acuerdos asumidos se conviertan en compromisos institucionales y en realizaciones concretas. Unos acuerdos sobre la necesaria actuación de las tres instancias de la administración pública: estatal, autonómica y local.

La resolución aprobada reclama al Gobierno del Estado un Plan Integral de Mejora del Servicio de Cercanías en la Comunitat Valenciana que reemplace al Plan 2017-2025 —ya vencido y sin resultados tangibles—, con una auditoría operativa sobre el estado real de las infraestructuras ferroviarias, obras de mejora en seguridad, fiabilidad y capacidad, y ampliación de frecuencias y horarios. Se exige también a Renfe Viajeros que publique informes de gestión específicos para Cercanías València, tal como ya hace con Madrid y Barcelona. Demanda de transparencia mínima que evidencia el trato desigual que históricamente ha recibido el área metropolitana valenciana.

A la Generalitat Valenciana se le exige que active el Plan Estratégico FGV 2026-2030 —dotado con 850 millones de euros y recientemente presentado, pero aún sin puesta en marcha efectiva—, con aumento de frecuencias y vagones, espacio para personas con movilidad reducida y bicicletas, y ampliación de la red de Metrovalencia en el área metropolitana. Además, se reclama incrementar el servicio de autobuses metropolitanos en frecuencia, líneas transversales, líneas nocturnas y conexión con centros de trabajo, educativos, sanitarios y de ocio, y que se tramite, apruebe y ejecute el Plan de Movilidad Metropolitana.

Por último, los propios ayuntamientos adquieren el compromiso de desarrollar con la ciudadanía mecanismos de control de la calidad del transporte público, e impulsar junto a los demás municipios del Área Metropolitana una visión territorial renovada en materia de conectividad, movilidad sostenible e infraestructura ciclista.

La crisis del petróleo como argumento urgente

Los CLER no formulan sus demandas únicamente en clave de justicia territorial o de reconstrucción post-DANA. Las insertan en un contexto geopolítico que las dota de urgencia inmediata, porque la guerra de Trump e Israel en Irán ha desencadenado lo que la Agencia Internacional de Energía califica ya como la crisis más grave de la historia, con el tráfico de petróleo en el estrecho de Ormuz gravemente comprometido. El encarecimiento y la potencial escasez de combustible se han convertido en un escenario muy plausible y que ya se está trasladando a los precios de los combustibles y la energía en general.

En este sentido, la apuesta de los CLER por un modelo de movilidad basado en transporte público robusto, infraestructura ciclista y reducción drástica del vehículo de combustión constituye una estrategia obligada de resiliencia social ante la dependencia energética. Los municipios que avancen ahora en esta línea serán los que estén en mejor disposición de proteger a su población y garantizar unas condiciones dignas de movilidad.

Un modelo de reconstrucción que cuestiona el urbanismo que produjo la catástrofe

Por otra parte, con la presentación de estas iniciativas en los respectivos ayuntamientos, los CLER muestran empezar a consolidarse como actores políticos de referencia en la zona DANA, con capacidad para articular demandas transversales y lograr respaldo institucional y compromisos. La ciudadanía organizada está demostrando que puede ir más allá de la gestión del duelo y la reconstrucción material para plantear una visión alternativa del territorio.

Esa visión —movilidad sostenible, vida de proximidad, reducción del vehículo privado, infraestructura ciclista— supone también un cuestionamiento básico al modelo urbanístico que hizo posible la catástrofe. Hay que acabar con las largas décadas de expansión residencial sobre lechos de ramblas y zonas de inundación, en municipios dormitorio sin servicios propios, cohesionados exclusivamente por la autopista y el coche. Reconstruir y construir con otra lógica no mercantil es, cada vez más, una necesidad tanto climática como social.

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