Movimiento Feminista convoca concentraciones contra la Legislación Trans el 20 de junio.

El próximo 20 de junio, organizaciones feministas de todo el Estado convocan movilizaciones para exigir la derogación de las leyes de identidad de género y la recuperación de políticas públicas fundamentadas en el sexo como categoría material.

La convocatoria, impulsada por diversas organizaciones del movimiento feminista, ha recibido críticas de los impulsores de esta legislación apoyada en 2023 por el PSOE, Unidas Podemos y otras fuerzas progresistas. Vale la pena, por tanto, profundizar estas diferencias que en su día también provocaron una ruptura con Izquierda Unida y la salida de ella del Partido Feminista, contrario a esta normativa trans y a la ideología queer.

Lo que plantean las convocantes es que la actual normativa trans tiene consecuencias políticas muy amplias y desfavorables para la lucha por la emancipación feminista. Porque ¿puede una norma jurídica sustituir una realidad biológica observable —el sexo— por una identidad subjetiva? Y si lo hace, ¿qué ocurre con las categorías sobre las que se ha edificado el derecho antidiscriminatorio de las mujeres y tantos siglos de lucha?

Principales críticas de las organizaciones convocantes

La distinción entre sexo y género es uno de los aportes teóricos fundamentales del feminismo de la segunda mitad del siglo XX. El sexo se refiere a la condición biológica —dimorfismo reproductivo, características anatómicas, procesos fisiológicos—. El género, remite a la construcción social y cultural superpuesta a esa biología: los roles, las expectativas, los estereotipos, la distribución desigual del trabajo reproductivo, la representación simbólica. Esta distinción fue la que permitió argumentar que la subordinación de las mujeres no era natural sino construida y, por tanto, transformable.

Las leyes de identidad de género operan, sin embargo, en sentido inverso. En lugar de combatir los estereotipos de género, los elevan a fundamento de una nueva identidad jurídica. Si ser mujer es una identidad —un sentimiento o una percepción personal—, surge la pregunta inevitable: ¿en qué consiste esa identidad? ¿En la preferencia por determinados roles, vestimentas o comportamientos históricamente codificados como femeninos? Durante décadas el feminismo sostuvo exactamente lo contrario, que no existe una forma correcta de ser mujer, que los atributos culturalmente asociados a la feminidad son mandatos opresivos, no esencias.

Otra de las afirmaciones que sostienen los impulsores de las leyes trans es que el sexo no es una realidad binaria. La apelación a las intersexualidades —variaciones del desarrollo sexual que afectan a una pequeña minoría— se utiliza para negar la pertinencia analítica del sexo como categoría. Esta inferencia no se sostiene desde la biología. La existencia de excepciones no elimina la realidad estadística de una categoría: la especie humana es sexuada, y esa condición no se convierte en percepción subjetiva por el hecho de que existan variaciones en el desarrollo. Las propias personas intersexuales, dicho sea de paso, llevan años denunciando que se las instrumentaliza en este debate sin que sus reivindicaciones específicas —fundamentalmente, el rechazo a las cirugías normalizadoras en la infancia— sean atendidas.

Las consecuencias de disolver el sexo en categorías subjetivas afectan directamente a la capacidad de medir y combatir la desigualdad. La recogida de datos desagregados por sexo es una conquista del feminismo que permite cuantificar la brecha salarial, la feminización de la pobreza, la violencia de género, la sobrerrepresentación masculina en puestos directivos, las diferencias en diagnóstico y tratamiento médico. Si el sexo pasa a depender de la autodeclaración individual, esas estadísticas pierden consistencia y con ellas las políticas diseñadas sobre esa base.

Los movimientos sociales del siglo XX —obrero, feminista, antirracista— organizaron su acción en torno a condiciones materiales compartidas, como el patriarcado, la explotación de clase o la discriminación racial. Esas categorías colectivas que son el fundamento de toda reivindicación estructural de cambio social son ampliamente cuestionada por el transgenerismo.

Este paradigma de la identidad subjetiva opera con la lógica de que cada individuo define quién es y ha de exigir reconocimiento sobre esa base. La desigualdad deja de ser una condición objetiva que se puede medir, localizar y combatir colectivamente para convertirse en una experiencia subjetiva que se valida o se niega. Este desplazamiento desde la estructura hacia la identidad encaja, sin que ello sea necesariamente intencional, con la racionalidad neoliberal que ha colonizado el sentido común desde los años ochenta. A saber, individualización de lo social, psicologización de los problemas políticos, sustitución del sujeto colectivo por el consumidor o el receptor de servicios personalizados…

La legislación Trans, como expresión de ideología posmoderna implantada por el capitalismo, conduce a despolitizar las teorías feministas y banalizar las luchas feministas. La normativa deslegitima la definición de la mujer como clase social explotada y oprimida, aboliendo el sexo y la realidad material en un rechazo explícito al materialismo. Esta ocupación del protagonismo del feminismo desplaza a las mujeres de su lugar histórico en la lucha contra el patriarcado y el heterosexismo.

La batalla ideológica sobre la Ley Trans no solo es jurídica, también política e ideológica. Implica definir qué entendemos por mujer, qué realidad material reconocemos como base de la desigualdad y cómo construir la lucha contra el patriarcado sin caer en el posmodernismo capitalista que despolitiza las luchas de las mujeres, negando la sociedad clasista que vivimos.