El regreso del servicio militar alemán no es un ajuste técnico. Es la pieza que faltaba para convertir a una generación en recurso disponible para el Estado de guerra europeo. Estos días, miles de jóvenes han salido de nuevo a las calles para protestar contra la posible reintroducción del servicio militar obligatorio.
La movilización, que según distintas informaciones reunió a decenas de miles de estudiantes y jóvenes en más de un centenar de ciudades, expresa un rechazo creciente al rearme y a la deriva militarista del país. Porque Alemania no solo está recuperando el servicio militar obligatorio, está reordenando su contrato social con la juventud en clave de rearme y obediencia. En nombre de la “seguridad europea” y de la OTAN, el Estado alemán vuelve a tratar a una generación entera como recurso movilizable, no como sujeto de derechos.
Del pacifismo de mercado al ejército más potente de Europa
Cuando en 2011 el Bundestag suspendió la mili, el mensaje oficial fue de modernización: Alemania cerraba una etapa histórica y consolidaba un ejército profesional adaptado a las intervenciones exteriores y al mercado laboral flexible. En realidad, lo que ocurrió fue que se externalizó gran parte de la seguridad hacia la OTAN, ajustando la política de defensa a las necesidades del capital alemán en el mercado mundial.
Quince años después, la guerra en Ucrania y la presión en el flanco este sirven de palanca para el giro. Bajo la nueva doctrina de Responsabilidad por Europa, el gobierno identifica a Rusia como amenaza principal y legitima el mayor rearme desde la Guerra Fría, con el objetivo declarado de disponer del ejército más fuerte del continente hacia 2035. La lógica es idéntica a la que se aplica en el Estado español: invocar la “defensa de la democracia” para blindar presupuestos militares y reducir el margen disponible para políticas sociales.
460.000 efectivos: la aritmética que convierte jóvenes en cifras
El plan del Ministerio de Defensa es tan ambicioso como revelador: 260.000 soldados profesionales más una reserva de 200.000 ciudadanos movilizables. 460.000 efectivos disponibles en total. Sobre el papel, todo cuadra. En la práctica, choca con una demografía envejecida y con un mercado laboral civil que compite por los mismos cuerpos que el ejército pretende acuartelar.
| Componente | Efectivos previstos | Situación actual |
| Soldados profesionales | 260.000 | ~180.000 (déficit estructural) |
| Reserva movilizable | 200.000 | Por construir mediante nuevo modelo |
| Total objetivo (2035) | 460.000 | Contingente mayor del continente |
| Cuestionario obligatorio | Varones de 18 años desde 2026 | Mujeres: solo si voluntario. |
| Retribución base | ~2.600 €/mes brutos | Más carné de conducir subvencionado |
La lógica de fondo de esta medida es que la juventud constituye una variable de planificación, un recurso a distribuir entre producción y guerra según las prioridades fijadas desde arriba. A la vez que se precarizan los servicios públicos, se blindan miles de millones para armamento y también se detraen inversiones para preparar la infraestructura para disponer de decenas de miles de jóvenes en caso de “necesidad”. El viejo lenguaje de la conscripción nacional se viste ahora de resiliencia, capacidad de respuesta y seguridad europea.
Voluntariedad condicionada: la “invitación” puede volverse orden.
El gobierno insiste en que el nuevo modelo se basa en la voluntariedad, pero la arquitectura normativa cuenta otra historia. Desde este 2026, todos los varones de 18 años reciben un cuestionario obligatorio; las mujeres, solo si lo desean. La desigualdad de género es flagrante, pero más importante es el mecanismo central: si el reclutamiento voluntario no cubre las necesidades de la Bundeswehr, el Bundestag se reserva la capacidad para activar la obligatoriedad general.
El propio canciller ha dejado claro que, si los cupos no se llenan, se recurrirá a la conscripción. A esto se añade la obligación de informar al Estado de las ausencias del país superiores a tres meses, una medida que recuerda a los controles de movilidad propios de Estados con tradición autoritaria. El desplazamiento del Estado social y de derechos hacia el Estado de seguridad avanza, también, por esta vía.
Doble nacionalidad, doble trampa
En una Alemania profundamente diversa —con millones de ciudadanos de origen turco, polaco, italiano, ruso o latinoamericano—, el reclutamiento golpea con especial dureza a quienes tienen doble nacionalidad. Estos jóvenes son considerados plenamente alemanes a efectos de obligación militar, pero no reciben garantías claras frente a las leyes de sus otros Estados.
El Artículo 28 de la Ley de Nacionalidad prevé la pérdida de la ciudadanía alemana para quien se alista en ejércitos extranjeros sin permiso, pero no protege a quienes, cumpliendo con Alemania, se arriesgan a sanciones o cárcel en su país de origen por haber servido en un ejército extranjero. De facto, se crea una jerarquía invisible: la juventud con pasaporte único y la juventud atrapada entre dos marcos legales incompatibles. El nacionalismo militarizado tropieza así con la realidad multicultural de la sociedad, y la respuesta que propone el Estado no es reconocer esa complejidad, sino exigir lealtad unilateral a Berlín.
El “año robado”: socializar el sacrificio, privatizar el beneficio
Para hacer digerible el servicio, el Ejecutivo ofrece un sueldo bruto de unos 2.600 euros mensuales y ventajas como el carné de conducir subvencionado. La apuesta es clara: compensar la pérdida de autonomía con un paquete económico que resulte atractivo frente a la precariedad laboral. Pero en un país con déficit crítico de personal en sanidad, educación y cuidados, destinar ese esfuerzo a la militarización es una decisión política de clase.
Desde la izquierda han definido esto como un verdadero robo de un año de vida independiente a la juventud. El Estado reclama el derecho a suspender la trayectoria vital de miles de jóvenes para sostener un proyecto de rearme cuya utilidad real para la mayoría social nadie ha justificado ni explicado con honestidad. Se socializa el sacrificio mientras se privatizan las ganancias del complejo militar-industrial. El paralelismo con la juventud precarizada en el Estado español —entre becas insuficientes, alquileres imposibles y promesas vacías de movilidad social— es inevitable.
Schulstreik gegen Wehrpflicht: las escuelas contra los cuarteles
En este contexto irrumpe el movimiento Schulstreik gegen Wehrpflicht (Huelga Escolar contra el Servicio Militar), que ha movilizado ya a decenas de miles de estudiantes en más de 150 ciudades. Sus fechas no son casuales: el 8 de mayo, aniversario del fin del nazismo, concentra su mayor movilización, cargando las consignas de memoria histórica. “Nunca más la guerra, nunca más la mili” y “Queremos educación para la paz, no visitas de la Bundeswehr” son lemas que conectan directamente el pasado con el rechazo a la normalización del ejército en las aulas.
La respuesta institucional mezcla criminalización mediática y presencia policial para disuadir a menores que se niegan a aceptar la militarización de sus centros. Lo que está en juego no es solo un año de servicio, sino el modelo de socialización política de toda una generación. Si la juventud alemana aprende que el horizonte natural es la guerra y que su papel es obedecer, el giro autoritario quedará interiorizado. Este conflicto resuena desde el sur de Europa con las luchas estudiantiles contra la presencia militar en universidades y ferias de empleo.
Síntoma del giro europeo: del Estado social al Estado de seguridad
El regreso del servicio militar obligatorio en Alemania no es un episodio aislado. Es un síntoma del giro estructural que recorre Europa. Se avanza desde el Estado social y de derechos que aún pregonan incluso algunas constituciones, al Estado de seguridad; de la promesa de derechos a la promesa de protección frente a enemigos externos. Bajo la retórica de la “responsabilidad europea”, Berlín intenta liderar el continente pro-OTAN por la vía de la fuerza y es su juventud quien paga la factura.
Esta lógica atraviesa también el Mediterráneo y el conjunto de la UE. En el Estado español, en Francia, en Polonia, en los países bálticos, las mismas presiones operan con distinta intensidad. Frente a ellas, la alternativa no pasa por negociar mejores condiciones dentro del marco militarista, sino por disputar el sentido mismo de la seguridad. Seguridad sí, como acceso a bienes comunes, no como capacidad de proyectar fuerza a miles de kilómetros.
Toca actuar.
- Rechazar la ecuación “seguridad = gasto militar”: la seguridad real es vivienda, salario, servicios públicos y paz. Esa disputa conceptual debe articularse desde los movimientos.
- Solidaridad transnacional con el movimiento estudiantil alemán: Schulstreik gegen Wehrpflicht prefigura las resistencias que emerjan en otros países europeos cuando la conscripción se extienda.
- Exigir que los parlamentos sometan a referéndum cualquier reintroducción del servicio obligatorio, con debate previo sobre el modelo de seguridad colectiva no militar.
- Denunciar el doble estándar sobre doble nacionalidad: los jóvenes binacionales no pueden quedar atrapados entre marcos legales incompatibles sin protección ni voz.
- Conectar las luchas contra la precarización juvenil con el rechazo al rearme: el “año robado” al cuartel es el mismo año que falta en el sistema de cuidados, en la sanidad o en la vivienda pública.
