El pasado 1 de mayo representó para el pueblo cubano una jornada en la que coincidieron dos hechos de significación agonista. Por un lado, en la fiesta del Día Internacional de los Trabajadores, se difundió el manifiesto patriótico “Girón es hoy y siempre“, firmado por más de 6 millones de cubanos y cubanas.
Por la otra parte, también ese mismo día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que profundiza de forma brutal el bloqueo contra Cuba. Más allá del lenguaje diplomático habitual, esta medida se inscribe en la lógica de la guerra económica de clase: no se trata solo de castigar a un gobierno, sino de ahogar la reproducción socialista de la clase trabajadora en un territorio donde la redistribución del excedente ha sido históricamente gestionada por el aparato socialista, no por el capital financiero internacional.
La orden es aplicable casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que mantenga relaciones comerciales relevantes con Cuba, especialmente en energía, finanzas, defensa y seguridad. Desde una perspectiva marxista, esto significa que el capital estadounidense, mediado por el Estado, busca imponer la ley del mercado global sobre un espacio donde la organización del trabajo y del ingreso escapa parcialmente a la lógica de la plusvalía transnacional. El bloqueo no solo ataca al Estado cubano, sino a la red de relaciones sociales que sostiene la educación pública, la salud universal y la protección de servicios básicos para las capas más empobrecidas, es decir, al conjunto de la reproducción social de la fuerza de trabajo.
Al recortar los ingresos por exportaciones, encarecer el acceso al crédito internacional y aislar a Cuba del sistema bancario global, la nueva orden intenta minar la base material sobre la que se ha construido la soberanía económica de la isla. La lógica imperial utiliza la sanción como disciplina de clase: busca que el costo de la medida lo paguen principalmente los trabajadores, abriendo de antemano el terreno para futuras reformas que presenten la privatización como “solución” necesaria.
Crisis gestionada y pauperización controlada
El imperialismo no espera que Cuba se “derrumbe” de un solo golpe, sino que aprende a gestionar la crisis para que la miseria se vuelva administrable y atribuible al propio Estado. La escasez, la dificultad para acceder a medicamentos o bienes esenciales y la contracción del comercio exterior se convierten en palancas para introducir violentamente a la clase trabajadora en la lógica del mercado, donde la miseria deja de ser un problema político y se nos presenta como simple “ajuste estructural”.
Esta orden, articulada con la reactivación del Título III de Helms‑Burton y la reclasificación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo”, persigue amedrentar a terceros países e inversores que puedan mantener relaciones económicas o cooperativas con la isla. El objetivo explícito —aislar a Cuba del sistema financiero global y restringir la cooperación médica exterior— no es solo económico, sino político‑simbólico: se trata de desmantelar la imagen de un proyecto que, con todas sus contradicciones, ha sostenido la solidaridad social y la cooperación internacional como parte de su propia reproducción.
Cuba no es, para el imperialismo, un país cualquiera, sino un obstáculo espacial‑político en el Caribe. Es un territorio donde se ha demostrado que es posible articular la salud, la educación y la producción de excedente en un marco de control social del trabajo, en contraste con la lógica de la explotación obrera y la financiarización desenfrenada que domina el resto del planeta. La nueva orden ejecutiva responde a la necesidad estratégica de EE. UU. de desarticular cualquier experiencia de soberanía que se niegue a funcionar como mero apéndice de la acumulación capital.
La agresión contra Cuba se entiende, así, en el contexto más amplio de la ofensiva imperial contra los proyectos de soberanía en América Latina y el Caribe. Atacar a la isla significa atacar también la memoria del volcán de cooperación médica, la internacionalización del trabajo y la fraternidad continental, que han sido parte de la respuesta cubana a la propia crisis económica y social. Defender a Cuba es, por tanto, defender la posibilidad de un proyecto de clase trabajadora que no rinde obediencia al capital financiero global.
Por la solidaridad de clase e internacionalista
Desde una perspectiva marxista‑internacionalista, la respuesta no puede limitarse a la denuncia diplomática ni a la espera de gestos “razonables” del poder imperial. Es necesario articular una red de solidaridad obrera que rompa la disciplina del mercado: bancos populares que eviten la exclusión financiera, cooperativas que circunvalen el bloqueo, campañas de desobediencia comercial contra empresas que obedecen las órdenes de Washington y apoyo político a los gobiernos y movimientos que se niegan a romper acuerdos con Cuba.
La defensa de Cuba se articula finalmente con la construcción de conciencia de clase en el propio movimiento obrero latinoamericano y europeo. La guerra económica es uno de los rasgos distintivos del imperialismo contemporáneo: un instrumento que busca desmantelar cualquier experiencia de reproducción social que no se subordine al plusvalor transnacional. Frente a ello, la tarea no es solo resistir, sino generalizar la comprensión de que lo que se juega en Cuba se juega también en cada huelga, cada ocupación de fábrica y cada lucha por la soberanía económica en el continente.
