Una plataforma ciudadana impulsada por activistas, sindicalistas y personas del mundo de la cultura llama a la confluencia progresista en el País Valenciano para las próximas elecciones. Su programa de mínimos de 11 puntos constituye una base de partida necesaria, pero limitada.
El pasado 4 de mayo se presentó públicamente en València la plataforma “Crida a la Unitat” de la izquierda. Una iniciativa ciudadana que, según sus impulsores, nació en octubre del año pasado con un mensaje claro: el momento exige que las fuerzas progresistas del País Valencià converjan electoralmente, o en 2027 habrá de nuevo una victoria de la derecha por fragmentación del voto.
La plataforma no aspira a ser un partido político ni a sustituir a las organizaciones existentes. Se define como un espacio de presión ciudadana, preocupada por el auge del autoritarismo y por las dificultades en la izquierda para sumar electoralmente. Su documento de partida incluye un programa de mínimos de once puntos que, según sus promotores, constituyen base suficiente para la confluencia electoral.
El programa de mínimos
El documento de Crida recoge, como puede constatarse en su formulación literal, unas prioridades claras: reforzar la sanidad y la educación públicas, luchar contra la exclusión social, proteger el territorio, garantizar el derecho a la vivienda y defender la lengua propia y los derechos lingüísticos.
En materia de vivienda, plantea acabar con los desahucios sin alternativa habitacional, controlar los precios del alquiler, ampliar el parque público incorporando las viviendas vacías de banca y grandes tenedores, y limitar el turismo de masas que presiona los precios en los barrios. Asimismo, también incluye la mejora del transporte público y el ferrocarril como ejes vertebradores del territorio.
Se trata, pues, en palabras de sus propios promotores, de unas “propuestas mínimas para cambiar la tendencia” en el País Valenciano. Propuestas que se relacionan con los principales problemas existentes en una comunidad autónoma históricamente infradotada y en la que, hoy, al menos una de cada cinco familias vive en situación de exclusión social, como señala el informe FOESSA.
Las sombras
Sin embargo, hay que señalar también las limitaciones. Porque muchas de las formulaciones del documento se quedan en un plano de generalidad que, sin mayor desarrollo, resultarían insuficientes para articular un programa de gobierno creíble. Por ejemplo, se habla de “subordinar la economía al bien común”, de “revertir la privatización” o de “superar el sinhogarismo”, pero no se especifica qué leyes habría que cambiar, qué concesiones revertir, qué límites concretos imponer a la banca, a los fondos de inversión o a los grandes propietarios, ni en qué plazos. Sin esa concreción, estos once puntos corren el riesgo de las meras declaraciones de intenciones: suenan bien sobre el papel, pero no incluyen las medidas concretas en las que tendrían que plasmarse para ser útiles.
Tampoco se menciona apenas quién debe impulsar estos cambios. El texto apela a “la ciudadanía” en términos genéricos, con escasa mención al papel que deberían jugar los movimientos vecinales, los sindicatos, las entidades de vivienda o las plataformas contra la exclusión. Lo que resulta una ausencia significativa, ya que, como señalan incluso los propios estudios de FOESSA, son precisamente las redes comunitarias fuertes las que permiten frenar las trayectorias de exclusión. Ignorar a esos actores en un programa político deja el texto sin anclaje concreto en los ámbitos donde más se juega realmente el cambio.
A ello se añade que el documento apenas incorpora el marco estatal y europeo que condiciona la financiación autonómica, las reglas fiscales o la regulación de la vivienda y la energía. Sin ese encuadre, la Generalitat Valenciana parece dotada de una autonomía de acción que la realidad presupuestaria y normativa desmiente cotidianamente. Un programa de izquierdas riguroso no puede ignorar en qué escenarios institucionales se mueve.
Debate pendiente
Con todo, sería un error desdeñar esta iniciativa por estas limitaciones. La Crida a la Unitat hace algo políticamente necesario: nombrar el problema de la fragmentación y proponer un suelo mínimo de acuerdo. En un País Valenciano donde la derecha ha gobernado aprovechando la dispersión del voto progresista, esa función de convocatoria y de debate resulta más que importante, siempre que vayan juntas, unidas.
Lo más razonable, en este sentido, sería considerar los once puntos como base de partida y abrir un debate amplio que incluya a los colectivos sociales, sindicatos, entidades vecinales, plataformas de vivienda y organizaciones culturales. De lo que se trata es de dotar este programa de mínimos con un contenido operativo: medidas concretas, actores responsables, plazos, mecanismos de control y financiación…
Porque en un País Valenciano donde la precariedad y los problemas estructurales se concentran, lo que hace falta no es solo una convergencia electoral, también un debate amplio y transparente sobre prioridades, herramientas y alianzas, abriendo el horizonte más allá de los estrictos marcos partidistas que ya han demostrado sus insuficiencias.
El principal reto será, por tanto, si al final la izquierda valenciana, la política pero también la social, va a convertir este listado de deseos compartidos que representan los 11 puntos de la Crida en un plan realista y creíble de cambio social e institucional.
