En un reciente artículo, el periodista Antonio Antón escribió que la izquierda a la izquierda del PSOE solo puede ser relevante si se articula como un bloque electoral cohesionado. No le falta razón, aunque por desgracia esa es tan solo una parte (pequeña) del problema…
La revista electrónica Nueva Tribuna acaba de publicar un artículo de opinión titulado “Una izquierda transformadora unitaria y fuerte” que resulta interesante no tanto por plantear tesis avanzadas —no lo son—, sino por plasmar con claridad el pensamiento de gran parte de la izquierda española. Una izquierda que apuesta por la unidad electoral como condición de supervivencia política, pero que deja al margen, por así decirlo, las cuestiones de fondo sobre el cómo y el para qué.
En efecto, es claro el argumento de que la fragmentación de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE —IU, Sumar, confluencias territoriales, movimientos feministas y ecologistas— las debilita frente a una derecha que, pese a sus contradicciones, suele actuar con mayor cohesión electoral. Pero no cabe ignorar, tampoco, que la dispersión del voto siempre ha tenido las penalizaciones introducidas por quienes diseñaron el actual régimen político. Además de que, a estas alturas, resulta cada vez más evidente el secuestro de la soberanía popular ejercido por la monarquía parlamentaria heredada del franquismo y que tiene como correlato un secuestro sistemático, igualmente, de la voluntad ciudadana solo expresable mediante un sistema de representación electoral que fue diseñado para garantizar la estabilidad de las instituciones, que privilegia a los partidos más grandes penalizando a los demás, y que dinamita cualquier posibilidad de representatividad más concreta y democrática de los colectivos sociales.
Considerando todas estas circunstancias, la cuestión de la unidad electoral de la izquierda adquiere otras perspectivas. E incluso resulta más claro el porqué, como acredita la experiencia histórica de Izquierda Unida y siguientes coaliciones, nunca han conseguido lograr avances importantes, concretos y precisados en la gestión pública de los intereses y las necesidades mayoritarias de la población trabajadora de nuestro país.
Lo que no menciona el discurso unitarista.
Para la opinión pública, la “izquierda transformadora” es el espacio político que ha gobernado en coalición con el PSOE desde 2020. Sin embargo, esta cualidad “transformadora” asignada dista de haberse plasmado en la realidad después de muchas legislaturas. Al contrario, como muestran, por ejemplo, las reformas laborales instrumentadas por los progresistas y que corrigen solo los aspectos más agresivos de la reforma de 2012 y abren otros frentes como los ERE y la estadística tramposa del paro y la temporalidad; la legislación de vivienda pacata y con aplicación desigual según comunidades autónomas; las subidas del salario mínimo que no mejoran el poder adquisitivo ni revierten la precariedad estructural del mercado de trabajo; o la agenda de igualdad que convive sin mayor tensión con políticas macroeconómicas plenamente integradas en el marco europeo de austeridad y militarismo…
Estos son hechos; recordarlos importa especialmente porque la actual búsqueda de unidad de siglas suele tener como referente implícito, por lo común, el más de lo mismo: algo así como “vótame a mí para seguir acompañando a los gobiernos del PSOE en su larga deriva continuista, monárquica y social liberal”. Es decir, ponderar la unidad de la izquierda, pero ¿sin programa concreto ni garantías reales de aplicación? Hay una diferencia sustancial entre esta táctica oportunista y la de buscar y construir la unidad electoral sobre la base de un programa capaz de modificar las condiciones materiales de vida de sectores amplios de la población.
La izquierda española que se dice “transformadora” lleva muchas legislaturas con ese esquema oportunista, y el palpable resultado es que la desigualdad se ha moderado marginalmente, el acceso a la vivienda sigue deteriorándose en las grandes ciudades, la estructura productiva del país no ha experimentado ninguna reconversión significativa hacia modelos menos dependientes del turismo de bajo coste y la construcción, e incluso, como señala el índice AROPE de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, actualmente estamos por encima del 26% de población en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de los valores más elevados de la UE occidental. Todo ello, reiteramos, a pesar de dos gobiernos de coalición progresista casi consecutivos donde la izquierda “transformadora” ha tenido y tiene carteras ministeriales de peso.
¿Qué unidad es necesaria, entonces?
Mirando hacia 2027 e incluso a los próximos comicios autonómicos y locales, esta cuestión resulta esencial. Si la izquierda electoral se fragmenta, como ya ha ocurrido, el escenario más probable es un gobierno del PP con apoyo de Vox o con su neutralidad como condición de investidura. Eso significaría, como hemos visto en algunas comunidades autónomas, retrocesos concretos en derechos laborales, políticas de igualdad, financiación autonómica y política migratoria. Y el coste de esta desunión lo pagan más, como siempre, los sectores de la población trabajadora con menos capacidad de amortiguar los recortes.
En ese sentido, la unidad electoral tiene una lógica defensiva legítima. Pero sería un error y un fraude confundir esa lógica de defensa (votando por la opción menos mala que te dejan votar) con un proyecto político sustantivo de transformación real. Una coalición que se une para no perder el gobierno no es lo mismo que una fuerza política que se articula para cambiar las reglas de juego. La primera puede ser conveniente; la segunda, imprescindible. Y justo esto es lo que menos debaten los opinómetros y medios de comunicación.
Volver a una izquierda transformadora de verdad requiere construir una unidad basada, como se decía antes, en el “programa, programa”, detallando medidas y plazos con indicadores concretos y evaluables —no declaraciones de principios—, y dotando también a los colectivos sociales y sindicales de un papel real en la definición y control de ese programa y su desarrollo temporal.
Por ejemplo, la agenda de CCOO y UGT en materia de reducción de jornada, cotizaciones y derechos colectivos, pese a sus limitaciones, podría ser un punto de partida más sólido que las declaraciones retóricas sobre “agenda transformadora” y las promesas electorales de medidas y contramedidas que ninguna de las fuerzas políticas en coalición podrá impulsar por sí misma. Del mismo modo, experiencias de abandono institucional tan graves como lo sucedido en Valencia durante la DANA han abierto una nueva vía de acción popular independiente como la que representan los Comités Locales de Reconstrucción y Emergencia (CLER).
En definitiva, la unidad de la izquierda tiene que plantearse ya sobre bases más firmes que evitar que gobierne la derechona. El problema de la fragmentación es claro, la apuesta por la unidad también, sobre todo considerando la ofensiva de las derechas, la presión mediática y la crisis de representatividad que vivimos. Pero con eso no basta. Queda pendiente la cuestión principal, que sigue siendo la mejora sustantiva de las condiciones de vida de la población trabajadora. Y para ello, hay que pasar del mero ejercicio del voto delegado cada cuatro años a una implicación concreta de las organizaciones sociales en el impulso y seguimiento de las medidas electorales comprometidas y de quienes han de gestionarlas.
