La acampada por la vivienda en Valencia ante el 9 de octubre y las amenazas ultras.

Cuando la acampada por el derecho a la vivienda cumplió su cuarta jornada en la plaza del Ayuntamiento de València, uno de sus portavoces, Hugo, anunció que la protesta es indefinida y que intentarán sobrevivir por todos los medios posibles a las celebraciones institucionales del 9 d’Octubre que suelen arrancar frente al Ayuntamiento. Lo dijo a EFE con una aclaración que desmonta el marco que el gobierno municipal intenta imponer: ni están contra la fiesta ni son ajenos a ella, porque la inmensa mayoría de quienes acampan son valencianos. Su tesis es sencilla. El Ayuntamiento tiene medios de sobra para trasladar los actos y ambas cosas pueden convivir.

La alcaldesa, María José Catalá, ha respondido que no piensa suspender, aplazar ni cambiar de ubicación ningún acto, y que la competencia sobre una concentración que califica de «no autorizada» corresponde a la Delegación del Gobierno. Presenta el día como una jornada sagrada, familiar y de identidad, y ha anunciado que la Policía Local remitirá informes de aforo para que Delegación garantice la seguridad. El Ayuntamiento ha llegado a avisar de que acudirá al juzgado si no se asegura el desarrollo «normal» de la jornada.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se sitúa en otro plano. Recuerda que las personas acampadas ejercen un derecho fundamental de reunión, que la acampada es una realidad que no se puede cambiar y que no se prevé un desalojo. Pregunta además cómo se haría un traslado sin generar más conflictividad de la que se pretende evitar. Compromís y PSPV, desde la oposición municipal, piden a Catalá que baje a la plaza a dialogar. El socialista Borja Sanjuan le reprocha que cada vez que la ciudadanía ocupa el espacio público pida que la policía la desaloje, como hizo con la acampada docente del Corpus.

Conviene desconfiar del planteamiento. Se nos pide elegir entre la tradición y la protesta, entre la solemnidad de la Real Senyera y las tiendas de campaña, como si la plaza solo pudiera ser una cosa. Pero la plaza lleva días siendo otra cosa, y eso es lo que incomoda. La acampada no ocupa el centro de València por capricho. Lo ocupa porque la vivienda, el lugar donde se disputa la vida cotidiana de la clase trabajadora, no tiene hoy otro escenario donde se le escuche.

El conflicto institucional tiene además un rasgo revelador. Ayuntamiento y Delegación se pasan la pelota de la competencia mientras nadie responde a las reivindicaciones de fondo. Según la crónica de EFE, la acampada pide frenar a los fondos buitre para crear y ampliar el parque público de vivienda, regular un tope de precios, aplicar impuestos progresivos y garantizar contratos indefinidos, de ahí que reclame una huelga general. Son demandas materiales, y la discusión pública gira en cambio en torno a dónde se coloca un escenario.

Hugo señala también que la reciente convocatoria de elecciones generales demuestra que la lucha popular sirve. Es una lectura discutible, porque un calendario electoral no es una conquista, pero indica cómo se percibe la correlación de fuerzas desde la calle. La reivindicación, además, se presenta como autónoma y espontánea, ajena a partidos y sindicatos, y eso es a la vez su fuerza y su límite. Sin organización estable, la energía de una plaza se disipa en cuanto llega el siguiente puente festivo.

València ya vivió algo parecido. Tras la manifestación del 19 de octubre de 2024, bajo el lema València s’ofega, un grupo decidió acampar frente al Ayuntamiento. Aquella acampada duró una semana y se desconvocó con una decisión estratégica. Dejaban la plaza para continuar en los barrios y explorar otras formas de presión, como las huelgas de consumo y de alquileres. Su lema de despedida lo resumía: si no tenemos casa, ya no nos vale solo la plaza. La lección es que la ocupación simbólica abre el conflicto, pero solo la organización territorial lo sostiene.