El Frente Amplio y el techo del PSOE

Sánchez ha adelantado las elecciones generales al 29 de noviembre, y el espacio de Sumar responde con una operación de marca. Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns tenían previsto presentar el Frente Amplio el 17 de octubre y dar a conocer ese día quién lo encabeza, aunque el adelanto obliga a revisar esa hoja de ruta. Entre los nombres que circulan están Mónica García, Ernest Urtasun y Ada Colau, y Podemos exige unas primarias abiertas el 14 y 15 de octubre que el Frente Amplio no ha asumido, seguramente porque así se cuestionarían los intereses de las cúpulas partidistas.

Pero lo importante no es el cartel sino el horizonte. La alianza del Frente Amplio se presentó en febrero como un instrumento para ganar a la extrema derecha, y sigue compuesta por las formaciones que ya están en el Gobierno de Sánchez como socio minoritario. Un proyecto cuyo argumento central es frenar a PP y Vox, y cuyo lugar natural es la segunda fila de un gobierno socialista, tiene un techo muy claro. En el mejor de los casos sumará los escaños necesarios para reeditar la coalición. En el peor, dará cobertura de izquierdas a una agenda que se decide en Moncloa y en Hacienda.

El balance de la legislatura no invita a pensar otra cosa. La reducción de jornada a 37,5 horas, la bandera de Sumar, fue devuelta al Gobierno con los votos de PP, Vox y Junts, y Junts alegó que autónomos, ganaderos y pequeños empresarios no podrían asumir su coste. Hubo logros parciales, como la ampliación de los permisos de nacimiento a 19 semanas, y CCOO y UGT prometieron seguir persiguiendo la reducción de jornada. Pero la derogación de la ley mordaza, que Sánchez prometía en 2015 y que se recogió en el pacto de 2023, sigue sin completarse. Además, el gasto en defensa subió más de un 43 por ciento entre 2024 y 2025 pese a las reticencias de Sumar, y la legislatura acaba sin nuevos Presupuestos por primera vez en democracia. Sumar, como socio minoritario, es quien más desgaste ha asumido.

Ahí está el problema de fondo. El Frente Amplio no disputa al PSOE la hegemonía sobre el voto trabajador. Aspira a ser su ala izquierda, y esa posición ya conocemos los resultados que ha deparado, por ejemplo, en los últimos 8 años.

La respuesta honesta es que ninguna papeleta puede por sí sola defender a la clase trabajadora y cambiar la sociedad, y quien lo prometa repite el error que aquí se critica. El marco institucional pesa mucho. La ley electoral, con circunscripciones provinciales, castiga la dispersión, y concurrir dividido puede dificultar la obtención de escaños en determinados territorios. El artículo 135 de la Constitución, reformado por PSOE y PP en 2011, da prioridad absoluta al pago de la deuda, y los compromisos con la OTAN y las reglas fiscales europeas estrechan todavía más el margen.

Lo que sí cabe dentro del sistema es usar las instituciones con otra lógica. Una candidatura útil para la clase trabajadora tendría que fijar condiciones públicas y verificables antes de investir o entrar en ningún gobierno. Entre ellas estarían la derogación real de las reformas laborales, que el propio Sánchez prometió, la regulación de los alquileres con un parque público de vivienda y el freno al rearme.

Tendría que votar cada ley por su contenido y no por pertenencia a un bloque, y supeditar su calendario al de las luchas sociales. Eso exige independencia respecto al PSOE, algo que plantea por ejemplo Podemos desde hace tiempo, igual que el sector crítico del PCE, cuyo XXII Congreso tendrá lugar luego de las elecciones del 29 de Noviembre.

En cualquier caso, la palanca principal del cambio está fuera del Parlamento. La jornada laboral sigue viva porque los sindicatos se movilizaron frente al Congreso, no por ninguna habilidad parlamentaria. Los sindicatos de inquilinas, las secciones sindicales en las empresas, las asambleas de barrio y las huelgas por la vivienda y por el tiempo de trabajo son donde se construye la fuerza capaz de obligar a cualquier gobierno.

Para quien vive en la Comunitat Valenciana, las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027 ofrecen un terreno más cercano para ensayar esa independencia, con la vivienda como eje y con organizaciones arraigadas detrás de cada candidatura.

Votar el 29 de noviembre puede ser una decisión táctica legítima, pero conviene hacerlo sin ilusiones y sin delegar. La pregunta que importa a la clase trabajadora es qué organización hay detrás de cada voto y qué organización social puede obligar a que las promesas políticas se cumplan y la clase trabajadora avance mejorando sus condiciones de vida.