La consulta organizada por los principales sindicatos de la enseñanza pública valenciana ha dejado un resultado incontestable: 9.817 docentes han participado y una mayoría del 61% ha apoyado iniciar una huelga indefinida en mayo. La opción con más respaldo es arrancar el 11 de mayo, preferida por el 38% del profesorado frente al 23,2% que se inclinaba por esperar al 25 de mayo.
Lo más importante, sin embargo, es el pronunciamiento mayoritario del profesorado; el 63,6% apoya la huelga indefinida. Este salto cualitativo llega después del éxito de la huelga educativa del pasado 31 de marzo y de semanas de avisos explícitos al Consell gobernado por la coalición del PP-Vox. La advertencia de que, si no había movimientos reales en la negociación, se iba a convocar una, la movilización desembocaría en una huelga indefinida hasta final de curso.
Pero la Conselleria d’Educació se ha mantenido firme, negándose a abordar de manera efectiva los puntos centrales de la plataforma reivindicativa: incremento salarial, reducción de ratios, menos burocracia, inversiones en infraestructuras y defensa de la enseñanza en valenciano. Y el supuesto “decálogo” presentado por la Consellería para negociar ha sido calificado por los sindicatos como una “burla”, como denuncian STEPV e Intersindical en su comunicado, y ha multiplicado la sensación de desprecio institucional entre el profesorado.
Lo que se reclama: salarios, ratios, plantillas, valenciano e infraestructuras.
Las reivindicaciones del profesorado son muy concretas y ligadas al día a día en los centros. Los sindicatos y la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic exigen mejoras salariales que reviertan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20% en quince años y que dejen atrás la situación actual, en la que el profesorado valenciano figura entre los peor pagados del Estado.
Reclaman también a la derecha en el gobierno autonómico el aumento de las plantillas docentes para recuperar miles de puestos recortados, reforzar apoyos, desdobles y atención a la diversidad, y reducir unas ratios consideradas “imposibles” en muchas aulas, por encima de los treinta alumnos.
Otro eje clave es la reducción drástica de la burocracia, que hoy roba horas de preparación, coordinación y atención al alumnado para destinarlas a informes, actas y tareas administrativas, una queja que se repite en las encuestas y reportajes sobre el malestar docente. A lo que se suma la exigencia de un plan serio de mejora de infraestructuras, con centros dignos, seguros y adaptados a una climatología cada vez más extrema, frente a edificios envejecidos y falta de inversiones suficientes, como han denunciado en movilizaciones de febrero y marzo.
Finalmente, el conflicto tiene una dimensión abiertamente política en torno al modelo lingüístico. Las organizaciones reclaman frenar las leyes de la derechona para atacar al valenciano, garantizar su presencia como lengua vehicular y protegerlo frente a los intentos de relegarlo a un papel marginal en la escuela pública, tal como se advierte en el análisis sobre la “Llei Rovira” y las políticas educativas del actual Consell.
Asambleas y familias defienden la escuela pública
El factor que está cambiando la correlación de fuerzas en este conflicto es la organización desde abajo. En apenas un mes, el movimiento de asambleas docentes ha pasado de 80 centros y cinco coordinadoras comarcales a 229 centros movilizados y 17 coordinadoras que cubren prácticamente todo el País Valencià, como detalla el reportaje “Les assemblees docents: l’arma secreta de la vaga educativa”.
Esta red ha convertido el malestar difuso en músculo organizado, coordinando asambleas en centenares de centros, concentraciones, jornadas de camisetas y lazos verdes, campañas en redes y acciones simbólicas como las “globotades” en defensa de la educación pública, recogidas también en las crónicas de la jornada de huelga general educativa del 31 de marzo (por ejemplo, https://www.instagram.com/reel/DWiriX0CMm5/).
El conflicto ha desbordado el marco estrictamente laboral y se ha convertido en una defensa amplia de la escuela pública, gracias a la implicación de la comunidad educativa organizada. La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic ha expresado su apoyo explícito a la huelga indefinida y ha señalado directamente a la Conselleria y al gobierno valenciano como responsables de la situación si no adoptan medidas inmediatas.
La FAMPA-València, integrada en esa plataforma, coincide con estas valoraciones e insiste igualmente en que defender unas condiciones laborales dignas es defender el derecho del alumnado a una educación de calidad.
Con este respaldo de familias y movimientos sociales, el relato oficial del PP que pretende presentar la huelga como un capricho corporativo pierde fuerza: lo que se está jugando en las próximas semanas no es solo el salario del profesorado, sino el futuro de la educación pública en el País Valencià.
