El 11 de marzo de 2026, el Parlamento Europeo dio luz verde al Reglamento sobre “retornos”, un pilar clave del Pacto de Migración y Asilo que consagra la deportación como norma estructural en la UE. Bajo la fachada de “eficacia administrativa”, este texto amplía la detención, elimina garantías procesales y externaliza las expulsiones a terceros países, arrastrado por una mayoría de derechas que rompe el viejo consenso centrista.
De la “gestión” al Estado policial migratorio.
El texto, avalado por la Comisión LIBE del Parlamento, endurece el marco de expulsiones de la Directiva 2008/115/CE con medidas que normalizan la violencia administrativa contra personas migrantes.
- Detención ampliada: Hasta dos años de internamiento, incluyendo menores no acompañados, con un efecto suspensivo de recursos que ya no es automático: las expulsiones podrán ejecutarse mientras se resuelven apelaciones, a discreción judicial.
- Obligaciones coercitivas: Las personas en situación irregular deben entregar datos biométricos, mantenerse localizables y facilitar su expulsión, so pena de sanciones penales, pérdida de prestaciones o denegación de regularizaciones futuras.
- Externalización letal: Creación de “centros de retorno” en países terceros vía acuerdos bilaterales, replicando modelos como Ruanda (Reino Unido) o Nauru (Australia), con alto riesgo de violaciones al principio de no devolución.
- Persecución transfronteriza: Inscripción automática de las Órdenes de Retorno en el SIS (Sistema de Información de Schengen) y reconocimiento mutuo entre Estados, convirtiendo la UE en un espacio Schengen de expulsión sin fisuras.[emnbelgium]
- Países “seguros” ficticios: Expulsiones a Estados de origen o terceros declarados “seguros”, incluso sin vínculos reales de la persona, legitimando devoluciones a regímenes autoritarios o en guerra.
ONG como PICUM, Amnesty o la campaña “Uniti contro il Regolamento UE sulle deportazioni” denuncian que este paquete tiene “rasgos de Estado policial”: discrecionalidad para allanamientos domiciliarios, detención infantil y segregación racializada como política pública.
La nueva mayoría reaccionaria: PPE, ECR y extrema derecha imponen la pauta
El Reglamento sale adelante gracias a una coalición inédita en el Parlamento: PPE (centro-derecha), ECR (conservadores), Patriots for Europe (extrema derecha) y sectores de Renew (liberales), dejando fuera a socialistas y verdes.
Fuentes como Brussels Signal confirman que esta “mayoría de derechas” rompe la gran coalición tradicional (PPE-S&D-Renew), desplazando el eje político hacia posiciones securitarias.
En el Consejo, los gobiernos de la UE —incluido España— acordaron esta posición general el 8 de diciembre de 2025, sin minoría bloqueante que frenara el endurecimiento.
Esta alianza no es coyuntural: refleja el giro reaccionario post-2024, con Trump II en EE.UU. y gobiernos de derecha en Italia, Países Bajos o Hungría marcando la pauta migratoria europea.
Análisis crítico: racismo institucional y fragmentación de la clase trabajadora
Desde una perspectiva marxista, este Reglamento no es un “error técnico” sino la materialización de un racismo estructural al servicio del capital transnacional.
El Pacto convierte la migración en un dispositivo de disciplina laboral: mano de obra desregulada y superexplotada cuando el ciclo económico la demanda; expulsable, internada o externalizada cuando sobra o se organiza. La detención masiva y la persecución biométrica fragmentan la clase trabajadora, oponiendo a nacionales contra migrantes y justificando un aparato represivo que hoy apunta a CIE y mañana a piquetes sindicales.
Los “centros de retorno” neocoloniales perpetúan la lógica extractivista: la UE financia cárceles en Libia, Túnez o Marruecos para contener población excedente del Sahel, lavando su responsabilidad jurídica mientras privatiza la gestión a empresas como Frontex o consultoras de seguridad.
Esto no es “humanitario”: es la frontera externalizada que históricamente aseguró la dominación europea sobre el Sur Global.
La ruptura del centro “progresista” evidencia la crisis de la socialdemocracia europea: S&D queda relegado, incapaz de oponerse al giro autoritario sin perder la hegemonía institucional. La verdadera resistencia vendrá de abajo: redes antirracistas, sindicatos y movimientos de solidaridad que rechacen la narrativa securitaria.
Hacia una resistencia transnacional
Frente al régimen de deportaciones, urge articular una respuesta unitaria:
- Difundir campañas como la de Melting Pot (“Uniti contro il Regolamento”) y plataformas como Migreurop o PICUM.
- Conectar la lucha migrante con conflictos laborales y sociales: el mismo Frontex que vigila Canarias hoy reprime huelgas en puertos.
- Exigir la derogación del Pacto entero y la desmilitarización de fronteras, desde una perspectiva internacionalista que priorice derechos sobre “orden público”.
Fuentes principales:
