El Consejo Europeo de junio reafirma el giro securitario de la Unión.

La cumbre de Bruselas de este fin de semana confirma la tendencia de una Unión Europea que blinda fronteras, externaliza la represión migratoria y acelera el rearme, al tiempo que aplaza cualquier salida diplomática a la guerra de Ucrania.

El Consejo Europeo celebrado este 19 de junio en Bruselas ha vuelto a poner la seguridad por delante de derechos, las fronteras por delante de protección internacional, y el rearme como horizonte casi indiscutido. La cumbre se ha organizado en torno a cuatro ejes —Ucrania, migración, defensa común y competitividad económica— pero ha sido la cuestión migratoria la que ha mostrado con mayor crudeza hacia dónde camina realmente el proyecto europeo.

El 17 de junio, dos días antes de la cumbre, el Parlamento Europeo votó a favor del Reglamento de Retornos, que habilita la creación de centros de devolución de personas migrantes en terceros países, incluso cuando la persona expulsada no tenga ningún vínculo con el país al que es enviada. La norma se aprobó con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, después de que las instituciones alcanzaran un acuerdo político provisional el 1 de junio.

El contenido del reglamento es, en sí mismo, una declaración de principios sobre qué tipo de Europa se está construyendo, porque prevé detenciones de hasta 24 meses para personas repatriadas que las autoridades consideren en riesgo de fuga o que no cooperen, con una posible ampliación de seis meses adicionales. Organizaciones humanitarias han advertido de que la norma puede exponer a cientos de miles de personas a daños y violencia, incluida la separación de familias y el envío a países que ni siquiera conocen. El viceministro de Migración de Chipre, país que ha presidido el Consejo de la UE hasta finales de junio, defendió que la normativa «acelerará el proceso de retorno», reconociendo sin rodeos cuál es su objetivo: deportar más y más rápido.

En la cumbre, diecinueve Estados miembros —liderados por Italia, Dinamarca y Países Bajos— firmaron una carta urgiendo a acelerar la puesta en marcha de estos centros y reclamando que se financien con fondos europeos, siguiendo el modelo del acuerdo entre Italia y Albania. Los Veintisiete acabaron aprobando el uso de esos fondos comunitarios pese al rechazo expreso de España.

El resultado es que el gobierno Español, que está realizando una regularización extraordinaria a fin de mantener una política de derechos y de gestión racional de los flujos migratorios (económicos), a su vez tiene que acatar y aplicar allende de sus fronteras el modelo europeo de asilo y migraciones, basado en la contención, la detención y la deportación.

Con respecto a Ucrania, la cumbre ha reiterado el compromiso político, financiero y militar con Kiev, sin variaciones sustanciales respecto a la estrategia mantenida desde el inicio de la invasión rusa. La Unión sigue vinculando la estabilidad del continente al desenlace del conflicto y apuesta por reforzar la capacidad de resistencia ucraniana.

Sin embargo, empiezan a abrirse grietas en el discurso de unanimidad bélica. En los días previos a la cumbre, Bruselas dio señales de acercamiento hacia Rusia para explorar la reanudación del diálogo político, aunque sin que esto se traduzca, por ahora, en ningún cambio en el régimen de sanciones. Es un movimiento tímido, pero significativo: después de más de cuatro años de guerra, algunos gobiernos europeos empiezan a admitir en voz baja lo que la sociedad civil antimilitarista lleva tiempo señalando: que no existe salida militar a este conflicto que no sea a costa de más muertos, y que la única salida real pasa por la negociación.

El tercer eje de la cumbre confirma la intención de mantener el incremento de la producción industrial militar, la mejora de la coordinación entre ejércitos europeos y el refuerzo de la llamada «autonomía estratégica». La Comisión Europea y varios gobiernos entre los que se incluye España sostienen que la Unión debe reducir su dependencia exterior en defensa, lo que en la práctica se traduce en mayor inversión pública en armamento, desarrollo tecnológico militar y una cooperación más estrecha entre ejércitos, todo ello sin romper la coordinación con la OTAN.

El lenguaje institucional habla de «autonomía» y «capacidad de actuación», pero el contenido material real es más gasto militar, más industria de defensa, más integración con la lógica atlantista. Como venimos denunciando en esta web, de nuevo la respuesta europea a la inestabilidad geopolítica no va a ser la desescalada ni la diplomacia, sino la militarización acelerada de su propia estructura productiva.

En el ámbito económico, los líderes insistieron en la necesidad de recuperar competitividad frente a Estados Unidos y China, preocupados por el retraso tecnológico, la pérdida de peso industrial y la ralentización del crecimiento. Es el otro gran relato que sostiene el giro securitario europeo: la competitividad como justificación para desregular, invertir en sectores estratégicos militares y tecnológicos, y subordinar derechos sociales a la lógica de la «supervivencia» geoeconómica europea.

La situación en Oriente Próximo, por su parte, apenas tuvo presencia en la agenda. Las diferencias entre Estados miembros respecto a Israel y Palestina siguen bloqueando cualquier posición exterior común, en un contexto en el que la propia Alta Representante de la UE para Política Exterior ha llegado a comparar la política israelí con el apartheid, generando una notable tormenta diplomática interna.

El Consejo Europeo de junio de 2026 acaba de confirmar una trayectoria que lleva años dibujándose. Una Unión que blinda fronteras mientras subcontrata la represión migratoria a terceros países, que rearma su industria bajo el paraguas de la «autonomía estratégica», y que solo empieza a balbucear diplomacia sobre Ucrania cuando el coste humano y económico de la guerra se ha vuelto insostenible incluso para sus promotores más entusiastas.

España queda en una posición ambigua y, en el fondo, reveladora: alineada con el consenso en defensa, industria y apoyo a Ucrania, pero aislada en el único terreno donde se atreve a matizar el guion por lo que respecta al flujo migratorio interno. Pero, ojo, que sobre los flujos migratorios externos y las peticiones de asilo sigue manteniendo la deriva europea.

Frente a este giro securitario, la respuesta no puede limitarse a esperar que los gobiernos progresistas frenen lo que ya tiene fuerza de reglamento. Hace falta presión social organizada y sostenida. Algunos ejes:

• Exigir transparencia sobre qué fondos europeos se destinarán a los centros de deportación y en qué terceros países se ubicarán, y denunciar públicamente los acuerdos —como el modelo Italia-Albania— que sirven de plantilla.
• Tejer alianzas entre movimientos sociales europeos que trabajan en migración, antimilitarismo y derechos humanos, para que la oposición a este modelo no dependa de la postura de un único gobierno, sujeta a cálculo electoral y siempre reversible.
• Visibilizar la conexión entre rearme y recortes sociales: cada euro destinado a «autonomía estratégica militar» es un euro que no llega a vivienda, sanidad o protección social, y esa disyuntiva debe entrar en el debate público con nombre y apellidos.
• Apoyar a las organizaciones que litigan y documentan las consecuencias humanitarias del Reglamento de Retornos, porque la batalla no termina con la aprobación de la norma: empieza con su aplicación.

La construcción de una Europa distinta —solidaria con quienes migran, desmilitarizada y volcada en la diplomacia antes que en la guerra— no va a salir de las conclusiones de un Consejo Europeo. Va a salir, si sale, de la presión organizada desde abajo.