La sanidad pública se deteriora y avanzan las privatizaciones.

Más de 12,8 millones de personas dependen ya de seguros privados en España. La nueva propuesta de ley del Sistema Nacional de Salud del Gobierno busca frenar parcialmente la mercantilización, pero sin desmantelar la lógica extractiva instalada en el corazón del sistema público sanitario.

La sanidad pública española atraviesa una fase de desgaste que ya no puede explicarse como un simple problema de gestión. El avance de la privatización, las listas de espera en cifras récord, la presión sostenida sobre la atención primaria y la externalización normalizada de servicios están empujando a una parte creciente de la población hacia el sector privado. El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más visible, y está condicionando el acceso de la ciudadanía a un derecho constitucional básico: la salud.

12,8 M ASEGURADOS PRIVADOS EN ESPAÑA
26% DE LA POBLACIÓN CON COBERTURA PRIVADA
853.509 PERSONAS EN LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA
121 días ESPERA MEDIA PARA UNA OPERACIÓN

Un deterioro que abre espacio al negocio privado

Desde la pandemia, el número de personas con seguro sanitario privado ha aumentado en 1,8 millones, alcanzando ya los 12,8 millones de asegurados. Esto significa que más de una cuarta parte de la población depende parcial o totalmente de empresas privadas para recibir atención médica. Los datos, difundidos por la Fundación IDIS —uno de los principales lobbies del sector—, revelan un cambio estructural en apenas cinco años: la cobertura privada ha pasado del 23% al 26% de la población. Comunidades como Madrid, Catalunya o les Illes Balears encabezan esta deriva.

La expansión del sector privado no puede entenderse al margen del deterioro sistemático de lo público. La infrafinanciación crónica, la falta de personal, las dificultades para cubrir plazas y la sobrecarga de los centros de salud han erosionado la atención primaria, puerta de entrada al sistema. Esa pérdida de capacidad empuja a muchas personas a buscar soluciones fuera del circuito público, incluso cuando no quieren hacerlo. No es una decisión libre: es una rendición ante la precariedad institucional.

A ello se suma un uso cada vez más normalizado de la externalización. No se trata solo de servicios auxiliares, sino también de pruebas diagnósticas, consultas especializadas, procedimientos quirúrgicos y, en algunos territorios, de fórmulas de gestión hospitalaria que transfieren recursos públicos a empresas privadas sin el escrutinio que debería exigir el interés general.

Las listas de espera como síntoma estructural

Las listas de espera no son un accidente administrativo: son el reflejo de un sistema tensionado y de una planificación sometida durante demasiado tiempo a criterios de contención del gasto. Los últimos datos disponibles apuntan a cifras récord: 853.509 personas pendientes de una operación y una espera media de 121 días, mientras la demora para acceder a un especialista se sitúa en 102 días.

«Cuanto más se deteriora lo público, más se justifica el crecimiento del negocio privado; y cuanto más crece ese negocio, más difícil resulta revertir la pérdida de capacidad del sistema universal.» ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL, 2026

Ese retraso tiene consecuencias concretas en la percepción ciudadana. Muchas familias interpretan que lo privado “funciona mejor” porque ofrece rapidez inmediata, aunque sea a costa de una póliza mensual o de gastos directos crecientes. El problema es que esa percepción alimenta el círculo vicioso: el deterioro de lo público justifica el negocio privado, y el crecimiento del negocio privado hace cada vez más difícil revertir ese deterioro.

INDICADORES COMPARATIVOS DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL (2026)

Indicador	Dato	Contexto
Asegurados privados	12,8 millones	+1,8 M desde la pandemia
Cobertura privada	26% población	Era 23% hace cinco años.
Lista de espera quirúrgica	853.509 personas	Cifra récord histórico
Espera media operación.	121 días	Más de 4 meses
Espera especialista.	102 días	Más de 3 meses
Gasto sanitario / PIB	10,4%	Por debajo de la media DE LA UE
Conciertos público-privados	~10% gasto SNS	Sin alternativa de absorción pública

La externalización como vía de entrada del capital

Uno de los mecanismos clave de este proceso ha sido la externalización de servicios sanitarios. Lo que empezó como una fórmula para tareas concretas se ha extendido a áreas cada vez más sensibles de la actividad hospitalaria y asistencial. La colaboración público-privada, lejos de ser excepcional, se ha convertido en una herramienta estructural en muchas comunidades autónomas, con grupos como Quirón o Ribera Salud gestionando hospitales construidos con dinero público bajo fórmulas de concesión que han demostrado priorizar el beneficio sobre la prestación.

El escándalo de Torrejón —con audios que revelaban cómo se alargaban deliberadamente las listas de espera para aumentar los beneficios privados— es la expresión más desnuda de lo que ocurre cuando la lógica del negocio penetra en la gestión sanitaria. No es una excepción: es la consecuencia lógica de entregar servicios esenciales a empresas cuyo objetivo primordial es la rentabilidad.

La nueva propuesta de ley del Gobierno es insuficiente.

Este martes 12 de mayo el Gobierno ha aprobado la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del SNS. La norma representa un avance parcial frente a la mercantilización, aunque peca de tibieza al no romper con el modelo neoliberal heredado.

Entre sus aportaciones más significativas, la ley deroga la Ley 15/1997 de Aznar, que legitimó la entrada de los grandes grupos privados en hospitales públicos vía concesiones opacas, y establece la gestión directa pública como criterio prioritario, limitando la gestión indirecta a excepciones evaluadas por comités independientes. También refuerza la transparencia con indicadores obligatorios de rendimiento y prohíbe que las empresas privadas construyan y gestionen simultáneamente infraestructura sanitaria, lo que facilitará reversiones como la de Torrejón. Los estudios de la OCDE citados en la propia tramitación confirman que los sistemas de gestión pública utilizan los recursos con mayor eficiencia que los modelos privatizados.

Sin embargo, los límites de la norma son evidentes. No tiene carácter retroactivo: las concesiones vigentes en Madrid —cinco hospitales en manos de Quirón y Ribera— y en Catalunya —93 centros privados concertados— sobreviven, perpetuando un control privado que representa entre el 10% y el 30% de la actividad sanitaria según la comunidad. La dependencia de los conciertos público-privados, que suponen alrededor del 10% del gasto del SNS, se mantiene sin plantear alternativas para su absorción progresiva en el ámbito público. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) la califica como “un primer paso” ya insuficiente, señalando además que no integra las mutualidades ni potencia los recursos autonómicos para eliminar la dependencia estructural del sector privado.

El choque político: entre la presión patronal y el veto territorial

El proyecto de ley expresa la presión social acumulada tras el escándalo de Torrejón, pero enfrenta una oposición poderosa. La patronal del sector, ASPE, lo ha calificado de “ataque dogmático”, mientras la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso acusa al Gobierno de “azuzar el miedo” para colapsar la sanidad de la Comunidad de Madrid, evidenciando el choque territorial entre el PP autonómico y el Ejecutivo central.

En el Congreso, la aritmética parlamentaria es frágil y exige pactos que podrían diluir aún más el contenido de la norma. Si prospera en sus términos actuales, frenaría parte de la especulación con servicios públicos, pero no resolvería por sí sola las listas de espera ni la subfinanciación crónica del sistema: con un gasto sanitario del 10,4% del PIB, España se sitúa por debajo de la media europea, y esa brecha no se cierra con una ley de gestión.

¿Qué hace falta realmente?

Si se quiere frenar la privatización sanitaria de forma efectiva, no bastan medidas cosméticas ni ajustes parciales al modelo vigente. Hace falta recuperar inversión pública de forma sostenida, reforzar la atención primaria como columna vertebral del sistema, estabilizar plantillas con condiciones laborales dignas y revisar en profundidad los conciertos y externalizaciones que desvían recursos hacia el beneficio privado. También resulta imprescindible aumentar la transparencia sobre qué porcentaje del presupuesto sanitario acaba en manos de empresas y bajo qué condiciones contractuales.

Más allá de la gestión, la cuestión de fondo es política y democrática: quién controla, quién financia y hacia dónde orienta el sistema sanitario. Cuando la prestación de servicios esenciales depende de empresas cuyo objetivo es obtener beneficio, la lógica de la salud pública queda subordinada a otros intereses. Una ley que mitiga la alienación del bien común sin desmantelar la lógica capitalista es un paso, pero no el final del camino. La socialización real del sistema —con inversión pública masiva, plantillas estabilizadas y control democrático sobre las decisiones asistenciales— sigue siendo la tarea pendiente.

La cuestión de fondo es sencilla: o la salud se garantiza como un derecho universal o se convierte, paso a paso, en un mercado cada vez más segmentado. El rumbo actual empuja hacia lo segundo, pero todavía existe margen para revertirlo si hay voluntad política y presión social suficiente. La nueva ley abre una pequeña puerta; atravesarla de verdad depende de lo que hagamos a partir de aquí.