El 20 de noviembre, a las 12 horas, estudiantes de institutos y universidades de buena parte del Estado saldrán a la calle en una convocatoria que aspira a ser algo más que una protesta sectorial. Según el llamamiento difundido por el Sindicato de Estudiantes, organizaciones juveniles de Francia, Alemania, Italia, Grecia y Gran Bretaña, junto con las del Estado español, convocan una huelga europea por la educación pública, contra el militarismo, contra la represión policial y contra la extrema derecha. En el País Valencià las movilizaciones arrancarán en la Facultat d’Història de València, en las Escales Jorge Juan de Alicante y en la Plaça Maria Agustina de Castelló.
Una convocatoria que cruza fronteras
Conviene situar la fecha. Nueve días antes se celebró la huelga general del 11N, con la vivienda y el coste de la vida en el centro, y el 20N llega como segunda oleada de una movilización que no se agota en una jornada. Fuera de nuestras fronteras ocurre algo parecido. El 3 de noviembre varios colectivos anunciaron protestas en siete países europeos entre el 20 y el 22 de noviembre, y en Italia el movimiento nacido entre los trabajadores portuarios desembocó el 30 de octubre en una huelga general con cientos de miles de estudiantes y trabajadores en la calle. En Francia, la jornada sindical del 5 de noviembre por el poder adquisitivo reunió, según las estimaciones, entre 575.000 y 1,6 millones de manifestantes, y los estudiantes se sumaron a una nueva huelga el 17 de noviembre. Aclaremos también que el 20N coincide con otra huelga coordinada por una asociación estudiantil portuguesa contra los combustibles fósiles, que es una convocatoria distinta.
Lo que dicen los datos sobre la educación pública
El manifiesto denuncia que la enseñanza privada se lleva miles de millones en subvenciones mientras se degradan institutos y universidades públicos. La cifra grande es real, aunque el cuadro resulta más matizado que la consigna. El gasto público en conciertos y subvenciones representó el 11,5% del gasto educativo total en 2026 y creció un 68,5% entre 2004 y 2023 sin caer durante la crisis de 2008, a diferencia del gasto en la pública, que sí sufrió recortes. Al mismo tiempo, la media de gasto público por alumno es de 4.705 euros en la concertada frente a 7.943 en los centros públicos. El problema, por tanto, no es que cada alumno concertado reciba más, sino que el sistema sostiene con dinero común una doble red en la que la pública pagó los ajustes y la concertada quedó blindada. Que esa dualidad alimente la segregación es una tesis defendida por los sindicatos, no un dato cerrado. A ello se suma que el gasto público en educación, de primaria a terciaria, ha subido en España del 3,6% al 3,9% del PIB entre 2015 y 2023, pero sigue por debajo del 4,2% de la media de la OCDE.
Rearme frente a aulas
El segundo eje del llamamiento es el militarismo. España superó en 2025 el 2% del PIB en gasto militar por primera vez desde 1994, y el Gobierno sostiene que un 2,1% basta para cumplir con la OTAN mientras rechaza el 5% asumido por el resto de aliados. Con todo, el gasto en defensa previsto para 2026 supera los 35.000 millones de euros, frente a los 11.172 millones de 2018, es decir, se ha triplicado en ocho años. La pregunta que plantea el movimiento estudiantil es de prioridades. Cada euro comprometido en programas de armamento es un euro que compite en el mismo presupuesto con las plantillas docentes, las ratios y las becas.
Una lectura materialista, con sus límites
El manifiesto afirma que el capitalismo es irreformable y que las políticas del Gobierno del PSOE siguen privatizando la educación y la sanidad. Es una posición política legítima y coherente con la tradición de la organización que convoca, pero no es un hecho verificable, y la fuerza del 20N no dependerá de que todo el mundo la comparta. Lo comprobable es el patrón. Mientras se disparan las partidas militares y se consolida la red concertada, la juventud afronta alquileres, salarios y precariedad que hemos documentado en otras entradas de Red Síntesis. Hay además una lección organizativa. Las huelgas estudiantiles pesan más cuando se enlazan con las laborales y las de barrio, como ocurrió con el 11N, y se debilitan cuando se quedan en jornada simbólica.
Llamamiento
Lo primero es acudir y llevar a más gente, sobre todo a quienes dudan por exámenes o por miedo a las faltas. El Sindicato de Estudiantes ha publicado carteles en castellano, catalán, gallego y euskera, además de una comunicación oficial descargable, útiles para repartir en los centros. Quien trabaje en la enseñanza puede facilitar que el alumnado ejerza su derecho, y las familias pueden respaldar la decisión de sus hijas e hijos. Lo segundo es no dejar la movilización en un solo día. Una asamblea de centro que fije demandas concretas, enlazada con los comités de huelga de barrio nacidos del 11N, convierte el 20N en organización estable. Lo tercero es exigir a todas las candidaturas de las elecciones generales del 29 de noviembre compromisos medibles, como un calendario para alcanzar el gasto público educativo de la media de la OCDE, una auditoría de los conciertos y la reorientación a la escuela pública de una parte de las partidas de defensa. Son demandas que cualquiera puede formular y comprobar.
- Sindicato de Estudiantes CyL, «20N Huelga Estudiantil europea», Kaos en la Red, 14/11/2026.
- AFP, «Activistas convocan a protestas en siete países europeos a finales de noviembre», 3/11/2026.
- La Gaceta, «Estudiantes franceses toman escuelas y vuelven a la calle».
- EFE vía Infobae, «País Vasco, Madrid y Navarra, las comunidades que más financian la enseñanza concertada», 24/9/2026.
- La Moncloa, nota sobre el informe Panorama de la Educación (OCDE), 29/9/2026.
- infoLibre, «España mantiene el ‘no’ al 5% en defensa, pero su gasto militar creció un 50% en 2025», 6/7/2026.
- Artículo14, «España gastará 2.800 millones más en Defensa tras la revisión del PIB», 7/7/2026.
