Balance del 11N en la Comunitat Valenciana.

Balance valenciano de la huelga general por la vivienda: seguimiento, piquetes, cargas y detenciones, y qué toca hacer ahora que el ruido de las cifras amenaza con tapar lo esencial.

La huelga general del 11 de noviembre dejó en la Comunitat Valenciana tres escenarios complementarios: los muelles de València y Alicante parados, un piquete desalojado en la rotonda del Mirador y una manifestación que llenó las calles de la capital hasta la plaza del Ayuntamiento, ocupada en parte por la acampada por la vivienda. Entre una imagen y otra se coló lo de siempre, una guerra de cifras en la que cada parte cuenta lo que le conviene. Este análisis pone los datos territoriales en primer plano, separa lo contrastado de lo que son estimaciones interesadas y plantea al final qué podemos hacer desde los barrios y los centros de trabajo para que el 11N no se quede en una fecha.

Seguimiento del 60% según sindicatos y del 2,57% según patronal, pero las calles desbordadas.

Según los sindicatos y los movimientos de vivienda que convocaron, el seguimiento en la Comunitat Valenciana alcanzó el 60 %, con picos de hasta el 70 % en la industria. La patronal valenciana CEV lo rebajó al 2,57 %, un porcentaje construido con datos que aportaron sectores empresariales a primera hora de la mañana. Hosbec, la patronal hotelera, habló de un 0,20 % en alojamiento turístico en su primera evaluación. Ninguna de las dos fuentes es un recuento independiente, y una distancia de más de cincuenta puntos habla más de los intereses en juego que de lo ocurrido en los centros de trabajo.

Lo que sí está documentado son los paros concretos. Los estibadores de los puertos de València y de Alicante pararon al cien por cien, los piquetes se concentraron en lugares como Mercavalencia y las cocheras de la EMT, y hubo cortes puntuales de tráfico en cuatro puntos de la ciudad de València. Conviene añadir un matiz de rigor. El consumo eléctrico, que la patronal usó como termómetro, apuntaba a un impacto menor que en otras convocatorias, algo compatible con una huelga cuya fuerza estaba en sectores estratégicos y en la calle más que en un parón uniforme de toda la economía. No existe todavía una cifra oficial consolidada, y sumar estimaciones de partes distintas no produce un dato fiable.

Piquetes, cargas y detenciones en tres capitales

La Delegación del Gobierno cifró en diez las detenciones en las tres capitales de provincia (seis en València, dos en Alicante y dos en Castelló) y en tres los policías heridos, y describió la jornada como pacífica en su mayor parte. Esa cifra no coincide con las primeras que circularon. Una crónica de EFE hablaba de cinco detenidos, tres en València y dos en Alicante, y elDiario.es contabilizaba cuatro en la ciudad de València a las seis de la tarde. Las diferencias responden al corte horario y al ámbito de cada recuento, no necesariamente a una contradicción, pero obligan a citar siempre quién da el número y a qué hora.

En València, el episodio más serio se produjo a primera hora en la avenida de Tarongers, a la altura de la rotonda del Mirador, donde un grupo numeroso cortó la circulación. La Policía Nacional sostiene que parte de los manifestantes lanzó bengalas y botes de humo y agredió a los agentes, con tres policías heridos y tres detenidos por atentado contra la autoridad, a dos de los cuales se imputa además desórdenes públicos. Un cuarto detenido lo fue en el distrito de Marítimo, acusado de inutilizar cinco cerraduras de comercios. El Sindicat de Llogateres, que desplegó cuatro puntos de bloqueo, confirmó la detención de dos activistas en ese piquete y denunció decenas de identificaciones y una «pequeña carga» durante el desalojo. A mediodía hubo otra carga de la Policía Nacional en la plaza del Ayuntamiento.

En Alicante, las primeras cargas se registraron en el polígono de Rabasa, donde el Sindicat de Barri de Carolines cortó la avenida de la Universidad. Hubo dos detenidos, entre ellos una mujer según la denuncia sindical, y el propio sindicato habló de cinco heridos, una cifra que procede de la organización y no de un parte oficial. La violencia tampoco fue unidireccional. CCOO denunció ante el juzgado de guardia de Massamagrell a un conductor que, según su versión, trató de embestir un piquete informativo en el polígono de Albuixech la noche del 10 de noviembre.

El número de detenidos no demuestra por sí solo ni la legalidad ni la ilegalidad de cada intervención. Lo que hace falta es el expediente.

Tampoco es la primera vez que el movimiento de vivienda valenciano se topa con esa respuesta. El 3 de octubre, la manifestación por la vivienda en València terminó con cargas, cinco detenidos y nueve policías heridos, y Podemos registró preguntas en el Congreso para saber quién ordenó la actuación policial. El Salto recogió entonces denuncias de detenciones violentas y aleatorias, y también Compromís anunció preguntas por escrito.

Ni la versión policial ni la sindical pueden darse por buenas sin atestados, partes médicos y grabaciones. Lo que sí puede afirmarse es que la libertad sindical y el derecho de huelga amparan los piquetes informativos dentro de los límites legales, y que el desalojo de una vía cortada no autoriza por sí mismo cualquier uso de la fuerza. De ahí que la exigencia útil no sea el eslogan, sino quién ordenó qué, con qué material antidisturbios y con qué resultado.

La calle: 40.000 en València, 20.000 en Alicante y 5.000 en Castelló

La Delegación del Gobierno estimó la asistencia de la tarde en 40.000 personas en València, 20.000 en Alicante y 5.000 en Castelló.^[2] Son cifras oficiales, que suelen ser más prudentes que las de los convocantes, y aun así describen movilizaciones multitudinarias en las tres capitales. En València la marcha salió a las seis de la tarde de la calle de Xàtiva, recorrió Colón, la Paz y San Vicente y terminó en la plaza del Ayuntamiento. Detrás de los bloques sindicales caminaba mucha gente sin distintivo alguno, con presencia destacada de jóvenes, familias y docentes con camisetas verdes.

La cabecera llevaba el lema «Vivienda. Salarios. Servicios públicos. Pensiones», y el Sindicat de Llogateres desplegó una pancarta «contra el rendisme, la patronal i els seus governs», entre gritos contra los fondos de inversión.^[2] Su portavoz, Andrea Aleixos, calificó la jornada de «todo un éxito» y anunció que seguirían en los barrios informando a la gente de por qué se hacía huelga.

El contexto estatal, con prudencia

CCOO y UGT situaron el seguimiento estatal entre el 41 % y el 75 % según comunidades. El balance de detenciones fue creciendo a lo largo del día, de 40 a media mañana a 52 a las cinco de la tarde, 53 en el recuento nocturno y al menos 70 en los de cierre, con más de mil incidencias. Son cifras que mezclan cuerpos policiales y cortes horarios distintos, y por eso no deben compararse sin más. El balance nocturno recogía además 120.000 personas en la marcha de Madrid, y los sindicatos mayoritarios anunciaron acciones judiciales por las cargas contra los piquetes.

Lectura materialista: la vivienda y la lucha de clases

Lo que singulariza al 11N valenciano no es el porcentaje sino la composición. Una huelga general que nace del impulso de los sindicatos de inquilinas y de las organizaciones de vivienda, y a la que se suman sindicatos de distinta orientación desplaza el conflicto del centro de trabajo al barrio y obliga a pensar juntas dos formas de extracción que suelen presentarse separadas: la plusvalía que se produce en la empresa y la renta que se cobra por una necesidad básica.

Para la clase trabajadora, el alquiler es una transferencia de ingresos desde el salario hacia la propiedad inmobiliaria y hacia los fondos que operan con la vivienda como activo financiero. Cuando una parte creciente del sueldo se va en pagar un techo, el salario deja de cubrir la reproducción de la fuerza de trabajo y el conflicto por el alquiler pasa a ser, en sentido estricto, un conflicto de clase. Eso explica que en una misma manifestación convivieran la demanda salarial, la de servicios públicos y la de frenar a los fondos de inversión, y que incluso la crónica más favorable señalara que el próximo Gobierno tendrá que abordar el alza de los alquileres y la compra especulativa.

También hay límites que conviene nombrar. Una huelga de un día no altera las relaciones de propiedad, y la fuerza de un movimiento no se mide en la fotografía de una tarde sino en su capacidad de sostenerse. Las diferencias de cifras, de relato y de método entre los sindicatos mayoritarios y las organizaciones de vivienda son normales, pero se vuelven debilidad si el calendario electoral, con las generales del 29 de noviembre, acaba fijando el ritmo del conflicto. La negociación y la concertación son herramientas legítimas, siempre que no sustituyan a la presión organizada que las hizo posibles.