Contra la criminalización de la Huelga del 11 N y de la protesta social.

A pesar de las declaraciones espurias de algunos dirigentes políticos, la realidad es que la Huelga General del 11N y la miríada de actos y pronunciamientos desarrollados en su contexto han recibido una respuesta muy represiva  por parte del gobierno y de las fuerzas de seguridad públicas. Como veremos a continuación, el propio día de la convocatoria e incluso en días anteriores la represión policial ha sido desproporcionada y/o brutal en ocasiones (cargas, palizas, gas pimienta, identificaciones y detenciones).

Al menos sobre el papel, la huelga constituye un derecho fundamental que la Constitución reconoce en su artículo 28.2, facultando que quienes viven de su trabajo puedan defender colectivamente sus intereses. Un derecho, por otra parte, que actualmente siempre viene matizado por la letra pequeña que aún sigue vigente y se remonta a antes incluso de la mal llamada “transición democrática” del franquismo, así como por la legislación mordaza del ministro socialista Marlaska.

Precisamente, la jornada del 11N ha vuelto a mostrar la distancia entre el derecho escrito y el derecho que se puede ejercer en la calle, a la puerta de una nave o en la entrada de unas cocheras. Todo ello, teniendo como máximo garante de la “seguridad y el orden público” a un gobierno del PSOE-Sumar (IU, PCE, …) que se dice progresista. Y como muestra un botón, a la espera de confirmar todos los datos sobre la represión practicada a lo largo y ancho de nuestra geografía: el sindicato de inquilinos de Valencia, así como la Federación de Asociaciones de vecinos o las juventudes comunistas están ya difundiendo sus propias denuncias ante estos hechos.

Un derecho conquistado contra el Estado franquista.

Es importante resaltar que el derecho de huelga en nuestro país llegó después de décadas de organización, represión y sacrificio de la clase trabajadora bajo la dictadura franquista. De hecho, todavía hoy,  la regulación básica sigue siendo un real decreto-ley de 1977, anterior a la Constitución, que el Tribunal Constitucional recortó en parte en 1981 pero que continúa sosteniendo el marco actual.

De este modo, como acredita la abultada agenda de intervenciones judiciales contra la protesta social, casi medio siglo después, el desarrollo orgánico del derecho que la Carta Magna prometía sigue pendiente, y esa laguna deja un amplio margen a la discrecionalidad represiva, administrativa y policial.

Servicios mínimos, piquetes y cargas durante el 11N.

Como ya vimos en otras entradas, los sindicatos convocantes valoraron la jornada como un éxito, aunque el seguimiento fue desigual según sectores y territorios. Esa discusión sobre las cifras es legítima y conviene tenerla con honestidad, porque de ella depende la estrategia posterior. Pero no debe tapar otra cuestión que afecta al conjunto del movimiento obrero, la respuesta del Estado a los piquetes.

La agencia EFE informó de que la huelga arrancó con cortes de carreteras y cargas policiales contra grupos de trabajadores concentrados a las puertas de centros de trabajo. En Málaga hubo cargas contra los piquetes de Mercamálaga y de las cocheras de la EMT, y CCOO denunció que los servicios mínimos impuestos eran abusivos y limitaban el ejercicio efectivo del derecho. En Madrid, según la cobertura de El Español, la policía disparó pelotas de goma y lanzó gas lacrimógeno contra manifestantes a los que describió como violentos, y Interior elevó a más de cincuenta los detenidos. Los sindicatos, por su parte, denunciaron cargas y uso de gas pimienta contra los piquetes y anunciaron acciones judiciales. Días antes, Amnistía Internacional ya había advertido en Vigo del riesgo de cargas desproporcionadas contra una protesta pacífica. Todo apunta a la existencia de un patrón conocido, el de tratar el piquete informativo, que es una forma de ejercer el derecho, como un problema de orden público.

Qué dice la ley mordaza y por qué sigue ahí

La Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 cumplió su undécimo aniversario en vigor. Según elDiario.es, su reforma lleva más de un año varada en el Congreso y la ponencia encargada de negociarla ni siquiera se había reunido en 2026, un órgano que un diputado de la propia ponencia describía como congelado^[5]. Es decir, once años después de su aprobación, y tras sucesivas promesas de derogación de partidos que hoy gobiernan o sostienen al Gobierno, el instrumento sigue intacto.

El problema no es solo jurídico. Una norma que permite sancionar administrativamente la protesta, con multas que no pasan por un juez y con una carga de la prueba favorable a la versión policial, funciona como un mecanismo de disuasión. Quien sabe que convocar, ocupar una calle o discutir con un agente puede costarle cientos de euros lo piensa dos veces antes de salir. Esa es la función de clase de la norma, encarecer el conflicto para quien tiene menos recursos.

Encarecer el conflicto para quien tiene menos recursos es la función de clase de la norma.

Organización, no solo indignación

Frente a esto, la respuesta no puede limitarse a la denuncia. Una huelga es más fuerte cuanto más sólida es la organización que la sostiene antes, durante y después de la jornada. Los sindicatos, las asambleas de barrio, los sindicatos de inquilinas y las cajas de resistencia permiten que un golpe represivo no se convierta en aislamiento individual ni en ruina económica para quien lo sufre.

La experiencia del 11N también deja una lección sobre el terreno que se cede. Si los servicios mínimos se fijan de forma unilateral y abusiva, el derecho queda vaciado sin necesidad de prohibirlo. La batalla por limitar esa discrecionalidad, en los tribunales y en la negociación, es tan importante como la de la calle.