Después del 11N: organización, conciencia y estrategia.

Pasada la huelga general del 11 de noviembre, el debate público se ha instalado donde suele hacerlo, en la guerra de cifras. La patronal habla de fracaso, los sindicatos de éxito histórico y el Gobierno administra el momento volcado de lleno en la campaña electoral del 29N. Pero la cuestión clave para decidir si el 11N fue un punto de inflexión o algo más es qué organización, qué conciencia y qué perspectiva política quedan en pie y toca ahora desarrollar. A continuación proponemos una lectura de la situación desde el marxismo-leninismo, buscando abrir una reflexión y un debate que los discursos partidistas y partidarios se esfuerzan por ignorar frecuentemente.

Una huelga que no se deja medir con una sola vara

Fue la primera huelga general en catorce años y la única convocada bajo gobiernos de Pedro Sánchez. CCOO llegó a cifrar seguimientos del 84% en Cataluña y del 60% en València, mientras la CEOE hablaba de un 5% y de fracaso. El consumo eléctrico que publica Red Eléctrica bajó de media un 3,4% respecto al día anterior, muy lejos del 11,8% que registró el 14N de 2012, aunque el consumo industrial cayó un 25,6% durante la mañana. Cada parte tiene un fragmento de verdad, y por eso conviene no quedarse con ninguna de las dos fotos.

En la Comunitat Valenciana la contradicción se vio con nitidez. La CEV cifró el seguimiento en un 2,57% en las primeras horas, antes de abrir los comercios, mientras UGT hablaba de un 70%. Los sindicatos describieron los puertos como prácticamente paralizados y la Autoridad Portuaria reconoció una afectación general baja pero una repercusión operativa alta, por el tipo de trabajos que se detuvieron. La Delegación del Gobierno contó 40.000 personas en la manifestación de València, tras una pancarta que juntaba vivienda, salarios, servicios públicos y pensiones, y CNT subrayó que los piquetes unitarios de todo el día mostraban la colaboración entre sindicatos y que aquella no sería la última jornada de lucha.

Hubo también mucha represión. Según el desglose de Interior recogido por Euronews, al menos 47 personas fueron detenidas en todo el Estado, diez de ellas en la Comunitat Valenciana, y se registraron 1.144 incidentes. En Madrid, la policía cargó en la marcha del mediodía con testimonios de uso de gas pimienta hasta en la cabecera. Pero una huelga que se responde con esta dureza no es una huelga que el poder considere inofensiva.

Una huelga que se responde con cargas y violencia policial no es una huelga que el poder considere inofensiva.

La huelga como escuela de fuerza colectiva

Una huelga general permite ver lo que la rutina capitalista se esfuerza en ocultar, que la riqueza y la vida social dependen del trabajo colectivo y no del destino individual. Cuando varios millones de personas interrumpen a la vez su actividad, producción, transporte, distribución y buena parte de los servicios revelan de quién dependen en realidad. Por eso la huelga es mucho más que un instrumento de negociación salarial. Es una experiencia práctica de organización y solidaridad.

El 11N tuvo además una particularidad política inusual. Nació impulsado por el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones tras el desahucio de Mari Carmen Abascal, y CCOO y UGT se sumaron después,¹ de modo que la vivienda ocupó el centro de una convocatoria laboral. Esa conexión importa porque la explotación no se agota en el centro de trabajo. Reaparece en el alquiler, en el endeudamiento familiar, en la privatización de servicios y en el coste creciente de lo básico. Son facetas de una misma estructura en la que la satisfacción de las necesidades queda subordinada a la rentabilidad del capital.

Ahora bien, reconocer intereses comunes no equivale a tener una conciencia política compartida ni una organización capaz de defenderlos de manera permanente. Ahí empieza el problema estratégico.

De la conciencia sindical a la conciencia política

El histórico dirigente de la revolución socialista, Vladimir Ilich alias Lenin, hizo una aportación decisiva al distinguir entre la lucha económica de la clase trabajadora y la lucha política contra el conjunto de las relaciones de dominación. En ¿Qué hacer? (1902) sostiene que la lucha espontánea contra los patronos genera una conciencia sindical, la de organizarse, defender el salario y exigir medidas a los poderes públicos, pero no conduce por sí sola a una conciencia socialista, revolucionaria. Para pasar de una a otra hace falta comprender que los problemas particulares son manifestaciones de unas relaciones sociales concretas, identificar los intereses de clase enfrentados y analizar el papel del Estado.

Esa comprensión no brota de manera espontánea. Requiere formación teórica, agitación, propaganda y una organización capaz de enlazar las experiencias parciales con una interpretación general de la sociedad. Es lo que Gramsci llamó el «intelectual colectivo», una noción que no es de Lenin pero que nombra bien la función que este asignaba a la organización revolucionaria.

Ciertamente, no se trata de despreciar las reivindicaciones inmediatas, sino partir de ellas. Una lucha por el alquiler, una huelga salarial o una movilización contra la privatización sanitaria pueden quedarse en demandas sectoriales, o pueden convertirse en escuelas donde se aprende quién controla los recursos, qué intereses protege el Estado y por qué ciertas necesidades básicas quedan siempre supeditadas al beneficio privado.

La tarea política consiste en establecer esa conexión entre los problemas concretas y sus causas estructurales..

La dialéctica entre partido, sindicato y movimientos.

Para el marxismo, convertir la lucha espontánea en fuerza política consciente exige una organización revolucionaria. No un grupo de dirigentes que sustituya a la clase trabajadora ni una estructura burocrática que imponga decisiones desde arriba como ocurre ahora, sino una organización de militantes con formación, disciplina consciente, experiencia práctica y capacidad de intervenir de forma continuada en la lucha de clases. Su función es superar la dispersión de las luchas, elaborar una estrategia común y dar continuidad política a la movilización.

Esa organización no sustituye a los sindicatos, a los comités de empresa, a las asambleas ni a los movimientos sociales. Son instrumentos distintos. Los sindicatos defienden los intereses inmediatos, las asambleas y los comités generan participación en centros de trabajo y barrios, y los movimientos articulan a quienes no encuentran cobijo en las estructuras tradicionales. Al partido le corresponde aportar una perspectiva general sin pretender subordinar la autonomía de todos ellos. Un partido desconectado de las luchas reales acaba encerrado en sí mismo, y un movimiento sin continuidad política se fragmenta en reivindicaciones parciales. La disyuntiva entre organización de base y partido revolucionario es falsa. Lo que hay que construir es una relación dialéctica entre ambos.

La huelga no es una fórmula mágica

La Revolución rusa de 1905 permitió a Lenin estudiar la huelga política de masas como instrumento capaz de movilizar a amplios sectores y de cuestionar la autoridad establecida. Pero esa misma experiencia mostró que la huelga, por sí sola, no resuelve la cuestión del poder. Puede paralizar sectores, arrancar concesiones y elevar la confianza de los trabajadores en su propia fuerza. Convertir todo eso en una fuerza política duradera requiere organización, dirección, programa y una estrategia ajustada a la correlación de fuerzas de cada momento.

Por eso el balance del 11N no debería agotarse en cuántas personas secundaron la convocatoria. Más útil es preguntarse qué estructuras salen reforzadas, qué sectores se han incorporado, qué lazos de solidaridad se han tejido y qué posibilidades hay de darles continuidad. La asimetría entre la calle llena y los centros de trabajo desiguales sugiere, como lectura materialista, que la huelga pesó más donde ya existía organización previa que donde dominan la subcontratación, la precariedad y el miedo al despido. Esa es precisamente la tarea pendiente.

La experiencia de una huelga debe servir para aprender a organizar mejor la siguiente.

Independencia de clase en plena campaña electoral

La huelga se produjo en vísperas de unas elecciones generales, el 29N, y eso plantea un problema que la tradición leninista conoce bien, el de la relación entre lucha de masas e intervención institucional. Intervenir en las instituciones puede ser una herramienta legítima, porque leyes, presupuestos y decretos afectan de lleno a las condiciones de vida de la mayoría trabajadora. Lo que no puede ocurrir es subordinar la movilización social a las necesidades electorales o a la estabilidad de un Gobierno, como ocurre ahora.

El día siguiente a la huelga, el Ejecutivo consiguió que la Diputación Permanente aprobara uno de sus dos decretos de vivienda. Es una medida que debe juzgarse por sus efectos materiales sobre quien paga un alquiler, no por la etiqueta política de quien ocupa los ministerios, y por esa misma razón no sustituye la pregunta de fondo sobre el suelo, la financiarización y la propiedad.

¿Las organizaciones obreras deben conservar la capacidad de movilizarse, criticar y confrontar las decisiones de cualquier gobierno, incluidos los que se presentan como de izquierdas. Independencia de clase no es indiferencia ante la política institucional. Es negarse a que la estrategia y las reivindicaciones del movimiento obrero queden atadas a un calendario electoral.

Un programa de clase: vivienda, salario y servicios

La conexión entre reivindicaciones laborales y sociales tiene que traducirse en un programa que supere la fragmentación. La vivienda es el ejemplo más claro. Alquileres asequibles, freno a los desahucios y ampliación del parque público son demandas inmediatas imprescindibles, pero hay que discutir también la estructura que permite convertir un derecho básico en un instrumento de acumulación. Eso supone debatir la propiedad del suelo, el control público de la vivienda, la función de las entidades financieras y el poder de los grandes propietarios. No basta con corregir algunos efectos del mercado inmobiliario si permanecen intactos los mecanismos que convierten la necesidad de techo en una fuente de rentabilidad privada.

Algo parecido ocurre con el salario. Las subidas son conquistas necesarias, pero la lucha salarial no puede separarse de la pregunta por quién controla los medios de producción y decide qué se hace con la riqueza generada colectivamente. Y la sanidad, la educación, el transporte y los cuidados deben formar parte de la misma perspectiva, porque su mercantilización progresiva no es un fenómeno ajeno a las relaciones de clase sino una expresión de la expansión de los espacios de negocio. Un programa de clase articula todo esto y sitúa las necesidades sociales por encima de la rentabilidad privada.