La UE reforma la acción humanitaria e impone más recortes.

La Comisión Europea ha anunciado una supuesta reforma de su acción humanitaria que, bajo el discurso de la “eficiencia” y el “maximizar el impacto”, encubre en realidad una estrategia de ajuste estructural en respuesta a los recortes de Estados Unidos.^[1] La narrativa oficial plantea que cada euro debe rendir más, pero la pregunta que nadie formula es: ¿más para quién y a costa de qué? Detrás del lenguaje técnico de logística, cadenas de suministro y alianzas con el sector privado se oculta la lógica del capitalismo que transforma la solidaridad en un cálculo de rentabilidad.

Esta reforma no surge de una voluntad política progresista, sino de la presión de un contexto en el que el principal donante histórico —la Administración Trump— ha desmantelado programas esenciales de USAID y ha reducido drásticamente su compromiso con el multilateralismo.^[2] Por su parte, la UE, en lugar de asumir su responsabilidad histórica y aumentar la financiación, opta por reorganizar la escasez.

«La solidaridad no es un indicador logístico. Es un acto político de resistencia contra un sistema que prioriza el lucro sobre la vida.»

Eficiencia como eufemismo del recorte

El núcleo de la reforma es la creación de una logística propia de la UE: transporte, almacenes y proveedores propios para “eliminar despilfarros”.^[3] Sin embargo, este argumento ignora que la logística representa entre el 60 y el 80% del gasto humanitario precisamente porque la ayuda llega a zonas de conflicto, desastre o pobreza extrema donde las infraestructuras han sido destruidas por guerras, sanciones económicas o el colapso institucional.

Lo que la UE llama “despilfarro” es, en realidad, el coste real de la solidaridad en un mundo profundamente desigual. Reducir ese coste no significa hacer más eficiente la ayuda, sino hacerla más liviana, más condicional y más dependiente de criterios de mercado.

Alianzas con el sector privado: la mercantilización de la solidaridad

La reforma apuesta por ampliar alianzas con el sector privado y las instituciones financieras.^[1] Es la clásica estrategia neoliberal: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Cuando la ayuda humanitaria depende de fondos privados, los criterios de intervención dejan de ser las necesidades de las personas para convertirse en la rentabilidad, la visibilidad mediática y la alineación con los intereses geopolíticos de las corporaciones.

La comisaria Hadja Lahbib ha declarado que “cada euro debe rendir más, pero también más rápido”.^[1] Esta frase resume la lógica del capital: velocidad, eficiencia, rentabilidad. Pero la solidaridad no es un producto logístico, es un derecho. La ayuda humanitaria no debe medirse por cuánta mercancía se entrega en menos tiempo, sino por cuántas vidas se salvan, cuántas comunidades se recuperan y cuántas estructuras de poder injustas se desafían.

La hipocresía del discurso occidental

La reforma llega tras el anuncio de 1.800 millones de dólares adicionales de EE.UU. para ayuda humanitaria de la ONU,^[2]una cifra que, aunque suena importante, resulta insignificante comparada con los recortes estructurales sufridos por USAID. La Administración Trump ha desmantelado programas esenciales, reducido el personal de agencias de desarrollo y condicionado la ayuda a intereses geopolíticos.

La UE, en lugar de denunciar esta política y asumir un papel de liderazgo en el multilateralismo, opta por ajustar su propia estrategia al mismo patrón neoliberal. Es la misma lógica que lleva a España a ofrecerse como “refugio” del multilateralismo^[4] mientras participa en una reforma que debilita el alcance real de la ayuda.

Indicador	Dato	Fuente
Anuncio adicional EEUU a ONU	1.800 millones de dólares	Europapress [2]
Peso logística en gasto humanitario	60–80% del total	Infobae / Bruselas [3]
Contribución española a la UE	35% del total global UE	Europapress [4]
Compromiso Sánchez en desarrollo	0,7% del PIB (2025-2030)	Europapress [4]

La contribución española y la contradicción del gobierno de Sánchez

España contribuye con el 35% de la ayuda global de la UE.^[4]El gobierno de Pedro Sánchez ha prometido alcanzar el 0,7% del PIB en inversión para el desarrollo durante 2025-2030. Sin embargo, esta promesa resulta incompatible con una reforma que prioriza la eficiencia logística sobre la financiación directa. El 0,7% del PIB es una demanda histórica del movimiento social y de la izquierda: subordinarla a cálculos de rentabilidad desnaturaliza su esencia política.

La reforma incluye un refuerzo de la financiación y formación en seguridad para trabajadores humanitarios, especialmente locales.^[3] Sin embargo, esta medida es estructuralmente insuficiente en un contexto de recortes. La mayoría de los trabajadores humanitarios que mueren o sufren incidentes graves son locales, no internacionales. Ellos son quienes arriesgan sus vidas en zonas de conflicto, mientras las ONG internacionales y las agencias de la UE se repliegan a sus sedes seguras. La reforma reconoce esta realidad de manera superficial, pero no aborda su raíz: la precarización del trabajo humanitario en un sistema que depende de la explotación del Sur Global.

Conexión emergencia-desarrollo: el engaño de la “solución sostenible”

La reforma vincula la ayuda de emergencia con el desarrollo a largo plazo para “reducir la dependencia de asistencia”.^[1]Este discurso repite el mismo argumento que el FMI y el Banco Mundial han utilizado para justificar programas de ajuste estructural que destruyen los servicios públicos en el Sur Global. La verdadera dependencia no es la de las personas que reciben ayuda, sino la de los países ricos que dependen de la explotación de recursos, mano de obra barata y mercados cautivos. La ayuda humanitaria no debe ser una herramienta para “reducir dependencias”, sino para reparar los daños causados por el imperialismo.

La reforma humanitaria de la UE es un ejemplo más de cómo el capitalismo transforma la solidaridad en un producto de mercado. Bajo el discurso de la eficiencia se oculta un recorte estructural, una mercantilización de la ayuda y una rendición a la lógica neoliberal que convierte un derecho en una operación logística. Desde la izquierda solo cabe que rechazar esta reforma y exigir una ayuda humanitaria basada en derechos, no en rentabilidad. No se trata de gestionar mejor la escasez, sino de acabar con ella.

Demandas políticas concretas

• Financiación pública directa, sin intermediarios privados ni condicionalidades corporativas.
• Aumento del presupuesto hasta alcanzar al menos el 0,7% del PIB de la UE, con carácter vinculante.
• Rechazo explícito a la condicionalidad geopolítica de la ayuda humanitaria.
• Protección real y formalización laboral de los trabajadores humanitarios locales del Sur Global.
• Reconocimiento de la deuda histórica colonial e imperial como marco político de la acción humanitaria.