11 países piden una respuesta económica coordinada ante la guerra en Irán, España entre ellos.

Los ministros de Finanzas de once países pidieron el miércoles 15, en una reunión celebrada ex profeso en Londres, una respuesta económica “coordinada, responsable y ágil” ante la guerra en Oriente Medio, considerando los riesgos detectados “para el crecimiento, la inflación y los mercados”.

España y otros diez países (Reino Unido, Australia, Japón, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Irlanda, Polonia y Nueva Zelanda) han emitido una declaración conjunta de ministros de Finanzas reclamando una solución “rápida y duradera” al conflicto en Irán, así como el restablecimiento de un tránsito “libre y seguro” por el estrecho de Ormuz.[1]

El texto se presenta como una respuesta a la escalada de violencia y a la reciente declaración de alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, y subraya explícitamente que la prioridad es amortiguar el golpe sobre el crecimiento, los precios de la energía y el nivel de vida de los sectores más vulnerables.[2][1]

Para estos gobiernos, la guerra en Irán es menos un problema político o humanitario que un riesgo para la estabilidad económica global: mencionan de forma directa la posible recurrencia de la violencia, la continuidad de las tensiones en Ormuz y el impacto de estas sobre la seguridad energética, las cadenas de suministro y la estabilidad financiera.[3][1]

El “shock” energético como eje de la agenda

La declaración se inscribe en un escenario de fuerte subida de precios energéticos y de creciente vulnerabilidad estructural de las economías europeas, especialmente la española, frente a shocks de oferta en hidrocarburos. [4][5][6]

Estudios recientes de CaixaBank Research y otros centros privados estiman que un conflicto en Irán podría restar entre dos décimas y casi un punto al crecimiento del PIB español y empujar la inflación varios puntos por encima de lo previsto, lo que refuerza el argumento oficial de que “no hay tiempo que perder” en la negociación. [6][7][4]

Desde esta perspectiva, la urgencia de “una solución rápida” no es tanto para proteger a las poblaciones iraníes, libanesas o palestinas, sino contener el impacto sobre mercados, deuda pública y rentas medias en el Norte global. La humanidad y los derechos humanos se miden aquí en términos de coste fiscal y de sensibilidad de los hogares modestos a la subida del gas y la electricidad, sin cuestionar en absoluto el modelo de crecimiento y de dependencia energética que hace a estos países tan vulnerables.[5][8][1]

Gobiernos al servicio de la estabilidad de los mercados

La declaración pone el énfasis en una “salida negociada” y en la cooperación internacional coordinada a través de organismos como el FMI, el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía, que serían llamados a evaluar el impacto global, ofrecer apoyo de emergencia y diseñar respuestas “temporales, específicas y eficaces”.[1][3]

Este marco refuerza la lógica de la gobernanza económica supranacional: la guerra en Irán se convierte en un problema de “riesgo sistémico” que legitima una mayor intervención coordinada de las grandes instituciones financieras, con el pretexto de proteger a los más pobres pero sin cuestionar las estructuras de acumulación y poder que sostienen el conflicto.[3][5][1]

Al mismo tiempo, los ministros subrayan la necesidad de mantener un comercio energético “abierto y reglado”, corrigiendo implícitamente cualquier intento de controles de exportación, acaparamiento de reservas o medidas proteccionistas que puedan desestabilizar aún más los mercados. El mensaje es claro: la estabilidad de los precios y la continuidad de los flujos de ganancia son condiciones no negociables.[1]

La mezcla de crisis: Irán, Ucrania y Rusia

En un ejercicio de amalgama ideológica y política, el comunicado finaliza reafirmando el “apoyo inquebrantable” a Ucrania y la intención de mantener la presión económica sobre Rusia, insistiendo en que la guerra de Moscú lastra la economía mundial y que Rusia no debe “beneficiarse” de la situación en Irán.[5][1]

Así, se construye una narrativa de crisis acumulada: Ucrania, Irán y los mercados energéticos se presentan como un mismo campo de peligros, donde la estabilidad se identifica con la continuidad de sanciones, guerras remotas y encadenamientos de dependencias.[9][5][1]

Esta retórica sirve para justificar la consolidación de una política exterior que combina militarización, sanciones y reformas de tipo liberal como única respuesta racional al conflicto, sin dejar espacio a alternativas no imperialistas, anti‑guerra coherentes o modelos de soberanía energética fuertemente democráticos.[8][10][1]

Crítica desde la izquierda a la seguridad energética versus soberanía popular

Desde una perspectiva marxista, la declaración de estos once gobiernos revela cómo la “seguridad energética” se convierte en argumento moral y técnico para legitimar estructuras de poder que siguen asentadas en la explotación de recursos, la dependencia de combustibles fósiles y la dominación geopolítica del Golfo.[11][6][1]

La urgencia de “una solución rápida” no apunta al desmantelamiento de la OTAN, al fin de la presencia militar estadounidense en Oriente Próximo ni a la descolonización efectiva de las economías regionales, sino a la restauración de un orden donde el flujo de petróleo y gas siga garantizando la acumulación de capital en el Norte global.[10][3][1]

Frente a esta agenda que subordina la paz, la alimentación y la salud de millones a la estabilidad de los mercados y a la continuidad de los beneficios petroleros, no cabe una respuesta meramente técnica ni diplomática. La llamada a una “solución rápida” en Irán para “contener el impacto económico” no es neutral, es la expresión política de un orden que pone los intereses del capital por encima de la vida de los pueblos. [11][5][1]

Hay alternativas

Ante estos hechos, la tarea de la izquierda es denunciar pero también organizar. Es necesario unir la lucha de los trabajadores y trabajadoras, de los sectores populares y de los pueblos oprimidos en un frente internacional que rechace las guerras, las sanciones punitivas y la dependencia de un modelo energético que arrasa con el planeta y con nuestras comunidades. Frente a la “seguridad energética” del capital, hay que construir una soberanía energética desde abajo. Que las rentas, recursos y decisiones se pongan en manos de las mayorías, no de los gobiernos imperialistas ni de los grandes bancos y petroleras.

La única salida pasa por la solidaridad internacionalista, la desmilitarización, el cierre de bases extranjeras en Oriente Próximo y el respaldo decidido a los movimientos sociales, democráticos y feministas. Unos movimientos que también en Irán y en toda la región exigen justicia, libertad y pan, no más acuerdos entre gobiernos que buscan, ante todo, proteger sus balances de pagos.

En este contexto, la lucha de clases se hace inseparable de la lucha contra la guerra dentro de cada país. Organizarnos como trabajadores, como pueblos, como movimientos feministas y ecosocialistas no es solo una medida táctica, sino la alternativa imprescindible para imponer una paz que no sea otra forma de imperialismo.