COMUNICADO
Con el salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset de València repleto de más de 70 personas, ‘Juntes per l’Habitatge’ presentó el jueves 11 de septiembre la campaña ‘Por el Derecho a la Vivienda’. El acto consistió en la presentación de la plataforma, el análisis de la situación actual de la vivienda y la tabla de reivindicaciones, y finalizó abordando los pasos y movilizaciones que se van a desarrollar durante las próximas fechas.
‘Juntes per l’Habitatge’ nace el 15 de marzo de 2025 en su primera Asamblea, tras la autoconvocatoria de organizaciones de vivienda, al objeto de defender a las personas y familias agredidas en su derecho a la vivienda. En concreto fue tras un desahucio en el barrio de Benimaclet y la venta de viviendas protegidas a capital extranjero. Enseguida se movilizó para apoyar a las vecinas del edificio de la Torre exigiendo a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de València que no se vendiera el bloque de 134 viviendas y se aplicará el derecho de tanteo y retracto, para que sean propiedad de las Administraciones públicas y no de un fondo de inversión.
El análisis de la situación actual recogió las características fundamentales del problema de la vivienda, que se concretaron con la intervención de cinco personas afectadas.
Situación del derecho a la vivienda
1. Los desahucios continúan produciéndose. El año pasado hubo 3.610 desahucios en el País Valencià, y en el primer trimestre de este año 794. De la misma forma, 624 de los desahucios del año pasado se produjeron en la ciudad de València y 135 fueron en el primer trimestre de 2025..
2. No paran de subir los alquileres. En el segundo trimestre de 2025, el importe del alquiler medio se ha situado en 1.900 € mensuales, por lo que el precio medio de los alquileres en València ha subido desde 2019 hasta ahora un 111,11%. Teniendo en cuenta los salarios medios existentes, con unos importes imposibles de asumir.
3. El parque público de viviendas es ridículo. Las 18.775 viviendas de las que dispone la Generalitat en El País Valencià suponen el 0,6% del conjunto de viviendas. En la ciudad de València, las 2.159 viviendas del parque público suponen el 0,52% de su conjunto. Por otra parte, las viviendas vacías son, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2021, 36.959 en la ciudad d València, y en el País Valencià en su conjunto son 419.929. Es decir, el 16,4% del conjunto de viviendas.
4. Las ayudas al alquiler continúan siendo insuficientes y muy por debajo las enormes subidas de los precios. Además, se producen exclusiones como algunos contratos firmados digital y electrónicamente.
5. Existe una política al servicio del capital de las entidades financieras, fondos buitre y rentistas. Nadie está reclamando que se devuelvan los 65.725 millones de euros del rescate bancario, que según el Banco de España no se va a poder recuperar. Solicitamos que la banca rescatada y los fondos buitre de inversión que no pagan impuestos compensen mínimamente a la sociedad aportando las viviendas vacías a las Administraciones, con expropiación definitiva, o al menos temporalmente hasta que haya parque público suficiente. Por otra parte, es insultante los beneficios que acumulan mientras tanto los seis grandes de la banca española: 17.086 millones de euros en los seis primeros meses de 2025 y, sumando los 3 últimos ejercicios, un total de 95.786 millones de euros.
6. Se denuncia la reducción del parque de viviendas por efecto de la turistificación que crea apartamentos turísticos, muchos de ellos ilegales -casi la mitad de los 11478 en Valencia- lo son ocasionando un proceso de gentrificación que expulsa la población fuera de la ciudad. Y se convierte la misma en un parque turístico. La ciudad tiene que ser para la para la que habita defendiendo las viviendas, cuyo uso residencial ha de ser incompatible con el turismo; con las viviendas protegemos nuestro comercio, las relaciones sociales, la lengua y nuestra cultura.
7. Es totalmente insoportable la venta de nuestro parque residencial a capital extranjero; vergonzoso si se “regalan” viviendas protegidas. El 30% de las viviendas que se compran en el País Valencià se hacen por capital extranjero.
8. Existe una utilización ideológica y reduccionista de los problemas de la de la vivienda, en concreto con la ocupación, ya que como se sabe de las 15.289 denuncias a la Policía en 2023 relacionadas con vivienda, han resultado ser usurpación 2.874 casos, el 0,015 por cada 100 habitantes, y por allanamiento de morada sólo 218 casos según el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el 0,0011% de cada 100. No queremos despreciar estas agresiones que también se producen, pero desde luego criticamos con rotundidad que se magnifiquen y se conviertan o quieran convertirlo en el centro del problema mientras hay decenas de familias que están sufriendo un acoso inmobiliario fuera de todo límite, vulnerando derechos fundamentales especialmente en aquellos que tienen que soportar las prácticas ilegales de empresas de desocupación. Buena muestra de ello son las denuncias presentadas.
Intervención de personas afectadas
A continuación intervinieron varias personas afectadas por todas estas situaciones. Trini Navarro, vecina del barrio de la Fuensanta, explicó cómo la banca no le dio un crédito por el bajo valor de la hipoteca al pedirla para comprar su vivienda, y cómo al final P.Coliseum, fondo buitre vinculado a Cerberus, la vendió a otro fondo, esta vez de capital ruso, por 28.350€, a pesar de ser una vivienda de protección oficial sobre la que las Administraciones firmaron su rechazo a ejercer el derecho de tanteo y retracto.
Miguel Arías, de 72 años y que ha padecido un ictus, explicó los intentos m-ultiples de desahucio de su vivienda a instancia de un fondo de titulización, quien consiguió finalmente echarlo; no pudo acceder a una buena defensa jurídica para conseguir la moratoria hipotecaria hasta el 2028, negada por el juez cuando había perdido su vivienda en un procedimiento de ejecución hipotecaria siendo familia vulnerable. Además, está meses a la espera de que se le asigne una vivienda por la entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) para él y su esposa Marcia.
Jesica explicó los efectos que tiene el fin de un contrato o unos precios de alquiler inalcanzables: desarraigo de las familias, cambios de colegio, jóvenes que posponen su independencia o mayores que se quedan sin hogar. Explicó que se está expulsando a una generación de sus ciudades y esto afecta a todas las personas y profesiones, repercutiendo con más fuerza en quienes están empezando a construir su vida, las personas jóvenes. Denunció los desahucios invisibles y la necesidad de actuar ya y sin demora, de movilizarnos. “Pedimos justicia, pedimos un futuro”, dijo.
Carlos García habló en nombre de la plataforma “Aiora en lluita”, creada entre el vecindario para afrontar los efectos graves que tiene sobre ellos la construcción de 50 plazas turísticas dentro del paseo de manzana del edificio donde viven. “Esta situación impide poder desarrollar una vida tranquila; el asalto a la vida y el acoso a las familias es insoportable. Hay que actuar para frenar este despropósito sin límites. Afecta a la vida, al comercio y a las relaciones de todos los vecinos en un barrio en el que han vivido durante años”, explicó refiriéndose a la problemáSca que generan los efectos de la turistificación.
Finalmente, Amanda Orozco explicó todo el proceso de pérdida de su vivienda. El acoso sufrido por el banco Sabadell y el fondo americano Cerberus. Especialmente denunció tanto la actitud de las administraciones que no han querido intermediar con programas como el LLOGAD u otros como cesión de uso de las viviendas porque si lo hubieran intentado, permitiría a muchas familias no ser desahuciadas; la Administración tenía y podía ejercer el contacto con este fondo buitre. Denunció también el hecho de que el fondo haya vendido su vivienda a terceras personas sin ella conocerlo ni tener información; por su parte, los nuevos propietarios, sin mediar denuncia judicial, han contratado empresas de “desocupación” que le han cortado suministros, amenazado para que se vaya de inmediato, presentándose en su vivienda generando miedo y temor, sin poder vivir en paz.
Reivindicaciones de ‘Junts per l’habitatge’
A continuación se explicó la tabla reivindicativa por parte de Mª Carmen Salcedo, con tres ejes fundamentales.
Primero, paralizar todos los desahucios sin alternativa habitacional como exige el comité DESC de Naciones Unidas y el derecho subjetivo de la Ley 2/2017 valenciana. Se exige a la Administración que aplique el Decreto Ley 3/2023, que permite al Consell exigir temporalmente la cesión de uso de viviendas de grandes tenedores ante familias vulnerables. Ante los desahucios instados por particulares, se pide a la Administración el realojo de las familias; y negociación para evitar los de las viviendas propias. Es urgente la prohibición de la venta de ninguna vivienda para especular, que no sea para vivir. Por otra parte, hace falta aumentar las ayudas de alquiler, evitando retrasos y una atención especial a las situaciones creadas tras la DANA.
Segundo, la intervención en el mercado de los alquileres para que se declare el control de precios de las zonas tensionadas y se estudie la bajada de precios. Por otra parte, hay que incidir para que los contratos sean indefinidos y se regulen los contratos temporales y de habitaciones sin cláusulas abusivas. Se pide también con claridad el fin de los alojamientos turísticos, con la suspensión inmediata de la concesión de nuevas licencias de VUT y eliminación del límite de los 10 días. Que haya una incompatibilidad entre el uso residencial de las viviendas con el uso turístico.
Finalmente, se plantean toda una serie de medidas para conseguir la ampliación del necesario parque público: expropiación de vivienda vacía de banca rescatada o cesión de uso temporal, la aplicación del derecho de tanteo y retracto en todas las situaciones, traspaso de todas las viviendas de la Sareb en condiciones de habitabilidad, la puesta en marcha de mecanismos movilizadores de toda la vivienda vacía de grandes tenedores y de un programa para las viviendas vacías de particulares, a precios justos, impulsando valores de fraternidad, garantizándoles el cobro y el mantenimiento de las instalaciones. También, potenciar el cooperativismo y, al hablar de la construcción de viviendas que se respeten tres condiciones: que técnicamente lo sea en zonas adecuadas, por supuesto no en inundables, y de acuerdo con las plataformas vecinales, que sea obliga la utización de materiales que respeten la naturaleza y que la protección pública tenga un carácter permanente. Se rechazan las nuevas normas y marcos legales impuestos por el Gobierno del presidente Mazón.
Unidad y movilizaciones
El acto finalizó con la intervención Albert Cebollada, quién explicó el carácter unitario de la plataforma, la capacidad para recoger iniciativas de las diferentes organizaciones, y el empeño en presentar la plataforma al presidente de la Generalitat, a la consellera de vivienda, así como a la alcaldesa y al concejal de Vivienda del Ayuntamiento de València, exigiendo una respuesta urgente.
