Julio de 2025 acaba de marcar el ecuador de la XV legislatura y, como cada verano, los líderes de gobierno y oposición han realizado sus balances del curso político con la mira puesta en sus propias aspiraciones y posibilidades, antes que en los problemas que más afectan a la gran mayoría. Esto ocurre en un escenario más amplio que también presenta sombrías perspectivas, considerando en particular el brutal genocidio palestino y la guerra interminable en Ucrania. Pero, seguramente, lo peor es que sigue faltando una alternativa política y social, de clase e independiente del actual régimen constitucional, con capacidad para avanzar hacia una sociedad mejor, republicana y socialista.
La crispación y el enfrentamiento han marcado la dinámica parlamentaria de estos dos años, mostrando una legislatura caracterizada por el bloqueo, el ruido constante y la falta de reformas de fondo en ámbitos clave como la protección social y el acceso a la vivienda. Una parálisis dispositiva muy calculada (los incrementos de gasto armamentista si se han hecho) y que tiene consecuencias serias para la,mayoría trabajadora. Pero estos son los hechos: mientras la vivienda se sigue encareciendo y perdiendo poder adquirido los salarios y pensiones, igualmente continúa la privatización de servicios esenciales, como las pensiones, la sanidad o la educación.
¿Como un gobierno que se dice progresista, con ministras sumativas del PCE, puede desarrollar este tipo de políticas sumisas a los poderes económicos y a los dictados imperialistas de la OTAN y la UE? ¿Acaso no saben que actuando así estan abonando un pronto acceso de la derecha y la extrema derecha a sus mismos sillones?
El panorama que se dibuja de cara a septiembre de 2025 no augura grandes cambios en este sentido. El gobierno ha descartado elecciones anticipadas, pero la oposición continuará exigiendo su convocatoria inmediata argumentando que la legislatura está agotada y que el inmovilismo afecta tanto a la gobernabilidad como a la vida diaria de los ciudadanos. A demás de que quedan pendientes bastantes reformas pactadas y los presupuestos para 2026, pero la aritmética parlamentaria hace improbable que se puedan aprobar sin nuevas concesiones hacia la derecha nacionalista, en el mejor de los casos.
A nivel judicial, continúan abiertas varias investigaciones sobre supuesta corrupción que afectan a figuras relevantes de distintos partidos. El ambiente de sospecha y escándalo por la corrupción generalizada es otro factor que alimenta el descrédito en las instituciones y la percepción de crisis institucional. A lo que hay que sumar el impacto internacional: de los vientos reaccionarios y los “brotes neofascistas” que se propagan en Europa y en el mundo; el endurecimiento en gasto militar presionado por OTAN y Estados Unidos, y las dudas sobre la resiliencia democrática en un clima lleno de incertidumbres.
Sin duda, vivimos tiempos difíciles tanto para la política como para la clase trabajadora. La emergencia de discursos derechistas extremos, la parálisis del gobierno en reformas y en políticas sociales de calado, marcan el presente. El riesgo es que esta dinámica continúe agravando aún más las tensiones de fondo ya existentes, al tiempo que crecen la desafección ciudadana y la sensación de que los problemas reales de la población trabajadora no se quieren resolver. Ni se resolverán, en tanto siga faltando una alternativa política y social que realmente persiga acabar con el régimen corrupto de la actual monarquía parlamentaria; terminar con la supeditación a la OTAN y a la UE y avanzar hacia una sociedad socialista y republicana.
Unos objetivos, ciertamente, que ni siquiera figuran como opciones en las agendas de las nuevas propuestas sumativas de siglas a la izquierda del social-liberal Partido Socialista, y dirigidas, por tanto, a seguir siendo su seguro servidor.
