La nueva ley del Gobierno de Pedro Sánchez sustituye una ley franquista, pero garantiza décadas de impunidad, censura y falta de verdad y justicia, tal como explican, entre otros, desde la revista izquierda diario….
Jaime Castán. Izquierdadiario.es
Para el martes 22J el Gobierno da por aprobado el proyecto de la Ley de Información Clasificada, que viene a sustituir la Ley de Secretos Oficiales del franquismo del año 1968 —apenas modificada en 1978—. Desde entonces viene imponiéndose una férrea censura de los secretos y crímenes del Estado desde el franquismo y esta nueva ley viene a continuar esta labor.
En medio de escándalos de corrupción y en plena época estival, el Gobierno de Pedro Sánchez muestra interés, ahora sí, por aprobar esta ley que habían paralizado desde el año 2022 y que viene a establecer mecanismos para la desclasificación de “secretos de Estado”. Con una nueva regulación de la información clasificada: «Alto Secreto», «Secreto», «Confidencial» y «Restringido». Y unos plazos para su desclasificación de máximo 45 años, prorrogables 15 años más, es decir hasta los 60. Así como la reducción de las sanciones por publicar información clasificada a multas de entre 30.000 y 2’5 millones de euros, o la ampliación de personas o entidades que pueden solicitar información.
La antigua ley franquista, como ya hemos señalado, establecía duros criterios sobre los secretos oficiales y a quién correspondía su clasificación: “corresponderá exclusivamente al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor” (artículo cuarto). Además, dejaba también muy claro que prácticamente cualquier documento o materia podía ser calificada como secreta o reservada, puesto que la definición de la misma era tan amplia que cualquier cosa lo podía ser. Así, establecía que era secreto oficial todo lo que “pudiera dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado” (artículo segundo).
Esta ley ha regido desde entonces el acceso a la información más comprometida del Estado, garantizando la impunidad y una férrea censura, que los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han blindado durante décadas. Esta escandalosa situación, donde no se establecía ningún protocolo mínimamente “democrático” de desclasificación, ya generó un debate en el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos entre 2020 y 2022.
En aquel entonces se planteó un proyecto para darle un “maquillaje” a la ley franquista, reaccionaria incluso en el contexto europeo y de Estados como el francés o el alemán, que establecen límites temporales y mecanismos judiciales de desclasificación — básicamente los elementos que introduce la nueva ley—. Sin embargo, en ese momento la aprobación quedó suspendida, lo que ha evidenciado el poco interés del Gobierno del PSOE y sus respectivos socios de gobierno, Unidas Podemos entonces y Sumar en la actualidad, no ya por derogar, sino por introducir cambios sustanciales a esta ley franquista, como a otras leyes represivas plenamente vigentes como la ley mordaza o la ley de extranjería.
Una ley que garantiza la impunidad y la censura
Como señalamos más arriba, la nueva ley marca un plazo máximo de 45 años para la desclasificación (5 menos que lo discutido en aquel 2022), pero prorrogables a los 60 años. Es decir, esta ley garantiza la impunidad por décadas de la represión política, torturas y asesinatos cometidos durante el franquismo, la Transición y durante estos años de Régimen del 78. Crímenes franquistas como la represión en Vitoria del 76’, el terrorismo de Estado del GAL o los sucesos de San Fermines del 78. También de lo ocurrido durante el Golpe de Estado del 23F, así como de los casos de espionaje —como el caso Pegasus— o infiltraciones policiales en movimientos sociales, políticos o en el movimiento independentista catalán que son de total actualidad.
Porque si bien la vieja ley franquista establecía condenas a prisión para quién atentara contra los “secretos oficiales”, esta nueva ley “progresista” mantiene duras sanciones económicas que difícilmente se puede decir que cumple el criterio de “derecho a la libertad de información” que el Gobierno presume de introducir en la ley. Más bien es la vulneración total al acceso libre a la información sobre los asuntos más graves del Estado.
De hecho, la ley contempla mecanismos para entorpecer y frenar la desclasificación automática de la información que se produciría tras el paso de los años establecidos. Ya que puede ser suspendida si “la autoridad de desclasificación aprecie motivadamente, y de forma excepcional, que perdura la amenaza o el perjuicio para la seguridad y la defensa nacional” y quedaría pendiente de revisiones anuales.
Teniendo en cuenta además, el reaccionario sistema judicial heredado también del franquismo y estos mecanismos burocráticos y antidemocráticos contemplados por la propia ley, el alcance de esta medida puede ser tan limitado en la práctica, hasta el punto que con el devenir de los años no tenga ninguna consecuencia. Otra medida del Gobierno, por lo tanto, que apunta a ser más cosmética y de cara a los titulares, que de trascendencia real. También como un guiño a sus socios, especialmente el PNV, que fue parte de impulsar el debate legislativo sobre esta cuestión.
Nada se puede esperar de este Gobierno y sus respectivos socios para poner fin a la impunidad y a los secretos de Estado, directamente comprometidos con este Régimen del 78 y sus “cloacas”. Poner fin a toda ley de secretos oficiales y la desclasificación inmediata de todos los archivos secretos, a través de comisiones radicalmente independientes, es la única vía para conseguir verdad y justicia, junto con otras medidas como la disolución del CNI y los servicios de inteligencia.
