La Agencia de noticias Internacional Progresista (*) ha dedicado su décimo boletin a informar de la creciente lucha por la democracia y la soberanía en los países de América Latina. Muy interesante porque, además del rigor informativo, aporta una visión general de la situación en este subcontinente y de sus conflictos y desafíos inmediatos.
¿Quién decide?
En toda América Latina, las fuerzas progresistas están sufriendo un ataque concertado por parte de los Estados Unidos y sus aliados cómplices. Los instrumentos varían: bombas y secuestros en Venezuela; bloqueo y amenaza de invasión en Cuba; y en otros lugares, injerencia electoral, coacción económica y el fomento de una internacional reaccionaria de dirigentes de derecha que toman a Donald Trump como modelo —y aplauden su recolonización del continente.
Desde el Observatorio de la Internacional Progresista, podemos ver los grandes contornos de esta Doctrina Donroe a medida que se abre paso sacudiendo los procesos democráticos de la región.
En Argentina, Javier Milei ha puesto en marcha el programa de ajuste estructural más radical de la historia del país: más de 2000 empresas cerradas, 73 000 puestos de trabajo destruidos, salarios reales tan devastados que la demanda de consumo se ha evaporado. Argentina acumula ahora más de 40 000 millones de dólares en obligaciones con el FMI, atrapada en la reestructuración de las pensiones, la flexibilización laboral radical y el desmantelamiento de las protecciones de los trabajadores.
Mientras tanto, un acuerdo sobre minerales críticos con Washington, el desmantelamiento de las protecciones a los glaciares y 33 000 millones de dólares en concesiones mineras bajo el régimen del RIGI de Milei están preparando el litio, el cobre y las tierras raras del país para su extracción por parte de Rio Tinto, BHP, Glencore y Barrick. La agenda de Milei es preparar a Argentina para el saqueo. Trump ha respaldado su programa abiertamente y ha intervenido directamente para ayudar a su aliado en elecciones legislativas clave, ofreciendo facilitar un rescate solo si ganaba la coalición de Milei.
O podemos fijarnos en Honduras. Allí, Trump apoyó abiertamente al candidato presidencial de derecha y finalmente victorioso, Nasry Asfura, y indultó a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño y narcotraficante condenado. El consejero del Consejo Nacional Electoral Marlon Ochoa, el funcionario que denunció irregularidades electorales en las elecciones presidenciales de 2025, sufrió una descarada persecución política y se vio obligado a solicitar asilo político en el extranjero.
En 2025, junto con Honduras, la derecha arrasó en Bolivia y Chile. José Antonio Kast, del Partido Republicano, ganó con el 58 por ciento de los votos frente a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara; es la primera vez desde el retorno de Chile a la democracia en 1990 que un gobierno tan conservador llega al poder.
En Ecuador, Daniel Noboa fue reelegido con un programa pro-Washington, pero aun así no logró el apoyo popular para una base militar de los Estados Unidos en el país, rechazada por lxs votantes en un referéndum nacional. Desde entonces, Noboa ha seguido adelante de todos modos, profundizando la cooperación en materia de seguridad con Washington a través de canales bilaterales al margen de los términos que su propio electorado rechazó.
Al mismo tiempo, Ecuador está viviendo una acelerada instrumentalización de los tribunales contra la fuerza progresista más importante del país: una campaña calculada para acabar con la oposición política a través de la maquinaria judicial. Andrés Arauz, miembro del Consejo de la Internacional Progresista y ex candidato presidencial del partido de izquierda Revolución Ciudadana de Ecuador, fue acusado formalmente en mayo de 2025 por la fiscal general Diana Salazar Méndez de «asociación ilícita» en el llamado Caso Ligados —en un intento de presentar la «coordinación política»—, que es el alma de cualquier proceso democrático, como una «conspiración criminal».
Esta es una lucha por los recursos de América Latina, por su territorio y, sobre todo, por la autoridad para decidir su futuro.
El 16 de abril —el 65.º aniversario de la declaración de Fidel Castro sobre el carácter socialista de la Revolución Cubana, pronunciada en vísperas de la fallida invasión de Bahía de Cochinos— el presidente Miguel Díaz-Canel advirtió de que Cuba se enfrenta al momento más peligroso de su historia. «Cuba no es un Estado fallido», dijo. «Cuba es un Estado sitiado».
Los Estados Unidos han confirmado, mediante un decreto ejecutivo y una declaración pública, que el cambio de régimen en Cuba es un objetivo oficial para 2026. Trump ha declarado que espera tener el «honor de tomar Cuba».
Desde el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba —el más completo desde la crisis de los misiles cubanos—. Desde entonces, funcionarios del Pentágono han acelerado los planes de contingencia para operaciones militares contra la isla.
Hasta que el petrolero de bandera rusa Anatoly Kolodkin rompió el bloqueo y atracó en el puerto de Matanzas el 31 de marzo, hacía tres meses que no llegaba petróleo extranjero a la isla. Los cortes totales de la red eléctrica se habían convertido en algo habitual. Los hospitales luchan por mantener el equipo en funcionamiento. Las cosechas quedan sin recoger por falta de gasóleo. El secretario general de la ONU ha advertido de que la situación humanitaria «empeorará, o incluso colapsará» si no se restablece el suministro de petróleo a Cuba.
Una nueva investigación publicada esta semana por el Transition Security Project, fundado por Common Wealth, miembro de la Internacional Progresista, apunta a una salida estructural al asedio energético: una red eléctrica casi totalmente renovable en una década, financiada a un costo viable. Al romper con la dependencia de los combustibles fósiles, Cuba también acabaría con la capacidad de los Estados Unidos de utilizar la escasez energética como arma en su contra.
Lo que está en juego en la actual lucha por la soberanía en América Latina es, por tanto, cada vez más importante, pero, como muestra la propuesta del Transition Security Project, hay oportunidades para convertir esa lucha en una oportunidad para la transformación duradera de la región.
En Colombia, las elecciones presidenciales del 31 de mayo determinarán si el primer gobierno de izquierda del país puede persistir más allá de su primer mandato. Iván Cepeda —defensor de los derechos humanos, hijo del líder comunista asesinado Manuel Cepeda Vargas— lidera las encuestas como candidato del Pacto Histórico, con la líder indígena Aida Quilcué como su compañera de fórmula.
En Brasil, Lula da Silva ha confirmado que se presentará a un cuarto mandato en octubre, superando a todos sus rivales de derecha mientras Bolsonaro cumple una condena de 27 años por su papel en un intento de golpe de Estado.
En Perú, el congresista de izquierda Roberto Sánchez ha desafiado todas las predicciones al pasar a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori el 7 de junio —su apoyo proviene abrumadoramente de las comunidades más pobres de Perú.
En otros lugares, la lucha por la democracia no es solo electoral.
El 8 de marzo, la Brigada de Paz de la Internacional Progresista estuvo sobre el terreno en Venezuela para presenciar la sexta Consulta Popular Nacional del país —un ejercicio de democracia directa en el que más de 36 000 proyectos de desarrollo propuestos por los consejos comunales se sometieron a votación popular en 10 000 recintos electorales. Cada comuna votó una serie de propuestas, y el proyecto ganador recibió financiación pública. (Puedes leer más sobre el proceso en el informe de nuestra Brigada de Paz).
Lo que se está desarrollando en toda América Latina en 2026 es un enfrentamiento entre dos arquitecturas. La primera es la arquitectura del imperio: una renovada Doctrina Monroe y su agenda de control hemisférico. La segunda es la arquitectura de la soberanía, la integración y la paz —el proyecto inconcluso de Bolívar, Martí, Chávez y la tradición de Nuestra América: una visión en la que los pueblos de las Américas tienen derecho a gobernarse a sí mismos, controlar sus recursos y trazar un futuro más allá del imperialismo.
En este enfrentamiento, la defensa de la democracia no puede separarse de la lucha contra la dominación. A través de nuestro Observatorio, la Internacional Progresista acompañará, defenderá y documentará esos procesos democráticos —desde las elecciones hasta las comunas— que afirman la soberanía popular frente al imperio.
Fuente: https://progressive.international/wire/2026-04-20-pi-briefing-no-10-who-decides/es/
(*) Somos una agencia de noticias para las fuerzas progresistas del mundo. Todos los días, la Agencia traduce historias, ensayos y declaraciones de lxs miembros de la Internacional Progresista y publicaciones asociadas. Nuestro objetivo es proporcionar una diversidad de perspectivas sobre cuestiones internacionales. La publicación en la Agencia no es un aval de la Internacional Progresista.
