“Sostener a quien sostiene”: una respuesta colectiva ante la violencia institucional.

Campañas de apoyo a las madres protectoras criminalizadas en España y por la destitución del juez David Mamán Benchimol.

Diversos colectivos feministas —entre ellos La Laboratoria, YoSíTeCreo, Ariskas Vallekas y Feministas Prospe— impulsan la campaña de micromecenazgo “Sostener a quien sostiene”, una iniciativa orientada a respaldar económicamente a madres que afrontan procesos judiciales por haber protegido a sus hijos e hijas frente a situaciones de abuso. La campaña, difundida inicialmente por El Salto Diario, pone el foco en la violencia institucional y en el castigo económico que recae sobre estas mujeres, obligadas a asumir costes elevados como honorarios legales, costas procesales o sanciones, a menudo mediante plataformas de financiación colectiva.

En nuestro país, muchas madres que denuncian abusos se ven atrapadas en un entramado judicial complejo y hostil, donde la falta de recursos económicos actúa como un mecanismo de silenciamiento. La campaña no solo pretende aliviar esa carga material, sino también visibilizar un problema estructural: la revictimización de las familias y la reproducción de dinámicas que castigan la resistencia de quienes intentan proteger.

Revictimización y descrédito: el funcionamiento del sistema

El acceso al circuito institucional no garantiza protección. Con frecuencia, las mujeres que denuncian agresiones se enfrentan a un segundo nivel de violencia ejercido por las propias instituciones. En lugar de ser reconocidas como víctimas, son sometidas a procesos de escrutinio que cuestionan su credibilidad, su memoria y sus motivaciones. Este funcionamiento convierte a los espacios judiciales en filtros de sospecha, donde se exige a las denunciantes un nivel de prueba difícilmente alcanzable.

Este proceso se agrava con la construcción implícita de una “víctima perfecta”, un ideal normativo que excluye a quienes no encajan en determinados patrones. En este marco, se han utilizado constructos sin base científica, como el llamado síndrome de alienación parental (SAP), para desacreditar a madres protectoras. En algunos casos, estas prácticas han derivado en la retirada de custodias, apoyándose en prejuicios que refuerzan una lógica profundamente misógina.

Injusticia epistémica y hegemonía jurídica

Estas dinámicas también han de entenderse como formas de injusticia epistémica. Por un lado, se produce una injusticia testimonial cuando la palabra de las mujeres es sistemáticamente devaluada debido a prejuicios de género. Por otro lado, aparece la injusticia que se expresa en la falta de herramientas colectivas para interpretar adecuadamente las experiencias de opresión, debido a la hegemonía de un discurso jurídico construido desde parámetros androcéntricos.

Frente a este escenario, han surgido espacios de resistencia que buscan tanto la denuncia como la reparación colectiva. Experiencias como el llamado “Juicio a la Justicia Patriarcal” apuntan en esa dirección, generando marcos alternativos de reconocimiento y elaboración de las violencias vividas.

Capitalismo patriarcal y doble opresión

La criminalización de las madres protectoras no puede entenderse al margen de las estructuras sociales y económicas más amplias. En ella se evidencian las contradicciones de un sistema que combina relaciones capitalistas con jerarquías patriarcales. Las mujeres de clase trabajadora se encuentran así en una posición de doble subordinación: por su género y por su situación económica.

En este sentido, apoyar campañas como “Sostener a quien sostiene” adquiere un significado que trasciende la solidaridad puntual. Se trata también de una forma de confrontar la impunidad de los abusadores y de cuestionar la complicidad —activa o pasiva— de determinadas instituciones.

Propuestas para una transformación estructural

Las respuestas a esta problemática no pueden limitarse a medidas parciales. Desde posiciones de izquierda, se plantea la necesidad de una transformación profunda de las estructuras económicas y políticas. Una de las líneas centrales es la publicificación de los cuidados, entendida como la asunción por parte del Estado de la responsabilidad de sostener la vida. Esto implica desmercantilizar y desfamiliarizar tareas que históricamente han recaído de manera desproporcionada sobre las mujeres.

En el plano institucional, se proponen mecanismos que garanticen una participación efectiva de las mujeres en los centros de decisión, incluyendo fórmulas de paridad real, presidencias compartidas y derechos de veto en cuestiones que afecten directamente a sus derechos.

Asimismo, se plantea avanzar hacia modelos de justicia relacional y restaurativa. Este enfoque prioriza la inversión en servicios públicos —como educación, sanidad o vivienda— frente a una lógica exclusivamente punitiva, que a menudo reproduce las mismas relaciones de dominación que pretende combatir.

El horizonte último de estas propuestas apunta a la superación de las categorías rígidas de “hombre” y “mujer”, mediante una igualación real de los capitales económico, social y simbólico. No se trata únicamente de corregir desigualdades visibles, sino de transformar las condiciones que las producen y las reproducen.

En ese camino, iniciativas como “Sostener a quien sostiene” funcionan como puntos de apoyo concretos. Permiten sostener a quienes, en condiciones adversas, ya están sosteniendo la vida y resistiendo a un sistema que, con demasiada frecuencia, las coloca en el lugar de las culpables.

Campaña por la destitución del juez David Mamán

En febrero, durante una conferencia en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, el juez David Maman Benchimol realizó declaraciones públicas que no solo cuestionan principios básicos en la protección de las víctimas de violencia de género y de la infancia, sino que evidencian un posicionamiento contrario a los derechos de las mujeres.

No estamos ante una opinión privada. Estamos ante un juez en ejercicio que, desde su posición de poder, desacredita herramientas fundamentales para proteger a mujeres y criaturas. Un juez que se expresa así no es neutral: es un riesgo.

Sus palabras refuerzan prejuicios que históricamente han puesto en duda la credibilidad de las mujeres, debilitando su protección y contribuyendo a su desamparo. Cuando quien debe juzgar cuestiona estas bases, se compromete la garantía de una justicia imparcial y segura.

La justicia no puede ser un espacio donde las víctimas teman ser juzgadas desde estereotipos o ideologías que minimizan la violencia machista. No puede haber lugar para discursos que van en contra de las mujeres en quienes tienen la responsabilidad de protegerlas.

Cada decisión judicial tiene consecuencias reales: niñas y niños expuestos a agresores, mujeres desprotegidas, vidas en riesgo. No es tolerable.

Por todo ello, exigimos:

1. La destitución inmediata del juez David Maman Benchimol.

2. Su apartamiento de los juzgados de violencia de género y de familia, por no ofrecer garantías de protección a las víctimas.

3. Una investigación exhaustiva sobre sus declaraciones, su actuación judicial y sobre sus fallos y las consecuencias que estos han traído a las mujeres denunciantes.

No es un caso aislado. Es un síntoma de un sistema que todavía falla a quienes más necesitan protección.

No vamos a callarnos. No vamos a mirar hacia otro lado. Y no vamos a permitir que la justicia se convierta en CÓMPLICE.

Por una justicia que proteja a las mujeres y a la infancia.

Firma y difunde.

Referencias