Nuevo paso de Trump en la guerra económica y social contra Cuba.

Manifestación de cubanos exigiendo el fin del bloqueo. Foto de archivo.

El pasado 29 d enero el presidente Trump firmó una orden ejecutiva (equivalente al decreto-ley de aquí) declarando a Cuba “amenaza inusual y extraordinaria”. Pero no es una medida improvisada, sino un paso más en la implementación moderna de una estrategia de asfixia que ya dura desde antes incluso de 1960.

Tratando seguramente de apartar la atención sobre los problemas que tiene en Minneapolis y en toda EEUU (ICE), Trump acaba de decretar la formalización de una guerra económica integral — energética, judicial, narrativa, social — cuyo objetivo es colapsar el Estado cubano y desestabilizar a su población civil.

Pretexto: peligro de que Cuba se convierta en «Centro de operaciones» de potencias hostiles

La Casa Blanca no presenta esta orden como lo que es — una intensificación de una política de más de 60 años de bloqueo — sino como una respuesta a una amenaza de seguridad nacional inminente. El argumento es sencillo y calculado: Cuba no es una pequeña isla del Caribe. Es, según la narrativa oficial, una plataforma operativa de Rusia, China e Irán. Una base de inteligencia. Un refugio para Hamas y Hezbollah.

Este encuadre es una táctica de legitimación deliberada. Al definir a Cuba como parte de un eje de amenazas globales, la administración convierte un objetivo político que ha existido durante décadas en una “emergencia” que requiere acción inmediata y que, por urgencia, elude el debate público y el escrutinio parlamentario.

Y lo que tampoco dice la narrativa oficial es que esta misma estructura de justificación ha sido usada repetidamente durante 60 años para sostener políticas que la comunidad internacional condena como ilegales.

Mecanismo: estrangular la provisión de energía para provocar el colapso

El núcleo operativo de la orden ejecutiva es la imposición de aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. El objetivo es cortar el acceso energético de la isla. Los números hablan por sí solos: Cuba necesita 100.000 barriles diarios para funcionar. Actualmente recibe 3.000. Sus reservas alcanzan para 15-20 días.

Sin combustible, se paralizan el transporte, la electricidad y la industria. La consecuencia directa es una crisis humanitaria. Y esto no es un efecto secundario ni un riesgo no previsto. Es el objetivo.

Esta estrategia tiene un nombre, una fecha y un autor. En 1960, el Subsecretario Adjunto de Estado Lester Mallory articuló un plan explícito: “negar dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios monetarios y reales, para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”. Lo que Trump acaba de firmar es la versión moderna, actualizada y tecnológicamente adaptada de ese mismo plan. No es coincidencia. Es continuidad.

Frente Judicial: preparando el terreno para el capital buitre

Simultáneamente con la asfixia energética, la administración ha abierto otro frente: los tribunales estadounidenses. En 2019, Trump activó por primera vez el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo a ciudadanos estadounidenses demandar a cualquier empresa que “trafique” con propiedades expropiadas por Cuba en los años 60.

Dos casos han llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos:

Exxon Mobil v. Corporación Cimex: El petrolero más grande de Estados Unidos busca desmantelar el principio de inmunidad soberana extranjera para reclamar refinerías expropiadas hace más de 60 años. Si prospera, establece un precedente que permite a corporaciones estadounidenses reclamar activos en cualquier nación que haya realizado nacionalizaciones.

Havana Docks v. Royal Caribbean: Los herederos de una concesión portuaria — que expiró en 2004, que era exclusiva para carga pública, nunca para turismo — demandan a líneas de cruceros por usar esas instalaciones. La debilidad de la reclamación es evidente. Pero el objetivo no es ganar este caso en particular. Es crear jurisprudencia.

Estas demandas no son iniciativas espontáneas. Son el resultado de años de lobby por parte de grupos de presión de línea dura, respaldados explícitamente por la administración. Su finalidad es doble: intimidar a la inversión extranjera en Cuba hoy, y sentar las bases legales para que el capital corporativo estadounidense pueda reclamar activos en un futuro cambio de régimen.

Marco histórico: 60 y pico años de guerra no declarada

La orden ejecutiva del 29 de enero no es un punto de inflexión. El bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba dura muchas décadas. Incluso ha sido condenado por la Asamblea General de la ONU durante más de 30 años consecutivos, con rechazo casi unánime, año tras año, de EEUU e Israel.

La persistencia de esta política frente al rechazo global la revela por lo que es: no una medida de seguridad, sino un instrumento de dominación política diseñado para castigar a una nación por negarse a alinearse con los intereses de Washington.

La orden de Trump no cambia la naturaleza de esta política. La intensifica, la formaliza y la dota de nuevos mecanismos de ejecución que van a tener consecuencias inmediatas aún más graves (de las ya existentes) sobre las condiciones de vida del pueblo cubano.

Conclusión: No basta con condenar, hay que actuar

La estrategia de la administración Trump contra Cuba opera en tres dimensiones simultáneas: la narrativa de seguridad nacional como pretexto, la asfixia energética como mecanismo de colapso, y el frente judicial como preparación para el capital corporativo. Cada pieza refuerza a las demás. El conjunto representa un modelo de agresión híbrida cuyo objetivo es hacer que la soberanía de las naciones quede subordinada a los intereses políticos internos de Estados Unidos.

Frente a esto, la condena internacional — aunque necesaria y justa — ha demostrado históricamente ser insuficiente por sí sola.

Lo que se necesita es acción concreta: presión diplomática coordinada, boicot a empresas implicadas en las demandas del Título III, movilización ciudadana y apoyo a iniciativas legales internacionales que denuncien esta política ante organismos multilaterales.

La soberanía de los pueblos no se defiende solo con palabras, además. La solidaridad internacionalista y el apoyo directo a través de las organizaciones de amistad con Cuba también resultan imprescindibles.

cubaguerraTrump

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