La delegada del Gobierno contra Violencia de Género (DGVG), Carmen Martínez Perez, acaba de publicitar que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género contará en 2026 con un respaldo económico de 11,9 millones de euros adicionales, que serán destinados a medidas específicas de atención y prevención, además de otras 13 iniciativas, que se sumarán a las 461 que contempla el acuerdo.
Ahora, el Gobierno informa de que ya se ha activado el 51% de las 461 medidas del pacto renovado, con 235 medidas iniciadas, y que la ejecución del pacto avanza en paralelo a la puesta en marcha de fondos y servicios, como el 016 y los centros de crisis 24 horas. Además, también mencionó transferencias de 160 millones a comunidades autónomas y 40 millones a entidades locales, junto con más de 82 millones destinados a medidas directas.
Pero la situación existente hoy solo puede considerarse como muy grave: 14 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 (tres meses), y 1.357 desde que comenzaron los registros en 2003. Y ello pese a que la renovación del pacto fue aprobada a comienzos de 2025 con apoyo de la mayoría de fuerzas parlamentarias.
Esto explica que los «avances» del Pacto no estén recibiendo mucho entusiasmo en la sociedad civil, que contrasta la gran distancia que media entre la narrativa institucional de éxito y la realidad experimentada por las víctimas y la población en general. En resumen, sus críticas hacia las políticas públicas señalan:
1.-El sesgo punitivista y la «obsolescencia» del modelo. El Pacto de Estado sigue centrado en el recurso al Derecho Penal como «prima ratio«, lo que a menudo resulta en la infantilización de las mujeres y en forzar la intervención del sistema incluso contra su voluntad. Profesionales como Carolina Villacampa sostienen que la Ley Orgánica 1/2004 está «superada» y que el endurecimiento de las penas no ha demostrado ser eficaz para reducir los feminicidios (ver enlace anterior).
2.-Discrepancia entre cumplimiento formal y eficacia real. Mientras que el Informe ministerial de Evaluación del Pacto destaca un 96,8% de cumplimiento o ejecución de las medidas, las asociaciones de víctimas denuncian que estas son a menudo «promesas huecas» o verbos ambiguos como «fomentar» o «trabajar» que no se traducen en seguridad real. Andrea Cabezas, de Stop Violencia Vicaria, afirma que el Pacto es una «declaración de intenciones vacía» que no garantiza que mañana no haya otra víctima.
3.-El problema de la violencia institucional. Las asociaciones y expertas reconocen la persistencia de este problema y la aplicación de teorías sin aval científico como el Síndrome de Alienación Parental (SAP). A pesar de los esfuerzos por prohibirlo, las víctimas perciben que el sistema judicial a menudo les da la espalda, perpetuando la victimización secundaria.
4.-Insuficiencia presupuestaria y burocracia. Aunque se anuncian incrementos presupuestarios constantes (como los 11,9 millones adicionales para 2026), las víctimas critican la falta de indicadores de éxito claros y la dificultad para acceder a acreditaciones como víctima, las cuales varían injustamente según la comunidad autónoma y el color político de sus gobiernos.
Propuestas Alternativas desde la Izquierda
En suma, lo que proponen asociaciones, victimas y profesionales en este ámbito es trascender el marco administrativo-penal actual hacia uno de justicia social y reparación integral:
1.-Desplazamiento del punitivismo hacia la Justicia Restaurativa. Superar el modelo «criminocéntrico» para adoptar uno más propiamente “victimocéntrico»que permita mecanismos de justicia restaurativa en casos donde no haya violencia física extrema y la víctima así lo desee. Esto permite y favorece la recuperación y la implicación de la comunidad en lugar de la represión policial.
2.-Autonomía Económica Real (Renta de Supervivencia). Sustituir los actuales subsidios condicionados por una Renta Básica Universal para víctimas de violencias machistas, que no dependa de la interposición de una denuncia policial. El objetivo es romper la dependencia económica con el agresor de forma inmediata y estable.
3.-Garantía Habitacional Universal e Interseccional. Implementar un Plan de Garantía Habitacional Inmediata que sea realmente universal y accesible para mujeres en situación irregular o sin orden de protección. Esto debe incluir la perspectiva de clase, asegurando que el acceso a la vivienda no sea un proceso burocrático tortuoso.
4.-Erradicación efectiva del SAP y reforma judicial. Prohibición absoluta y monitorizada de cualquier teoría que presuma manipulación adulta (como el SAP) en todos los niveles judiciales. Se propone la creación de tribunales populares de seguimiento o comisiones de vigilancia con participación directa de organizaciones feministas para auditar sentencias que incurran en violencia institucional.
5.-Enfoque Interseccional y Descolonizado. Reformular todas las políticas de formación para que dejen de ver a las mujeres migrantes, gitanas o con discapacidad como «colectivos vulnerables» y pasen a verlas como sujetos políticos activos. Esto implica financiar directamente a sus organizaciones para que diseñen y gestionen sus propios recursos de protección y sensibilización.
6.-Educación Sexual Integral y Comunitaria. Ir más allá de charlas escolares puntuales hacia un currículo de coeducación integral y obligatoria que aborde la masculinidad tóxica y el placer desde una perspectiva no comercial ni patriarcal. Impulsar la creación de «Casas de la Juventud Feminista» autogestionadas en barrios y zonas rurales.
En conclusión, la alternativa desde la izquierda debe centrarse menos en «reformar el Código Penal» y más en repartir el poder y los recursos, garantizando que el Estado cumpla con su «diligencia debida» mediante la provisión de medios materiales que permitan a las mujeres vivir vidas libres de violencia sin necesidad de tutelaje institucional.
Referencias
- http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-04.pdf.
- https://www.infolibre.es/igualdad/igualdad-ignora-son-medidas-pacto-violencia-genero-anuncia-cumplidas_1_2168116.html#google_vignette
- https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/violencia-sobre-la-mujer.
- https://cpage.mpr.gob.es.
- https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_473_4067.PDF.
- https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-811.PDF.
- http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/.
- https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/.
- https://violenciagenero.igualdad.gob.es/guia-de-buenas-practicas-uso-de-los-fondos-del-pacto-de-es-tado-contra-la-violencia-de-genero-por-parte-de-las-entidades-locales/.
- https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IIG2022/AccesoInformes/Documents/EJERCICIO%20ANTERIORES/IIG_2018.pdf.
- https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IIG2022/AccesoInformes/Documents/Informe_perspectiva_genero_2022_Accesible.pdf.
- https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/05/global-technical-guidance-for-collection-and-use-of-administrative-data-on-violence-against-women.
- https://notebooklm.google.com/notebook/436f6ebd-fd29-4df1-b247-944c6ae051d1
