La huelga general convocada por todos los sindicatos del sector ferroviario para los días 9, 10 y 11 de febrero no es una protesta gremial por mejores turnos o salarios, sino un acto de legítima defensa de los servicios. Porque, como demuestran los accidentes de Adamuz y Gelida que han causado la muerte de 47 personas, éstos no fueron infortunios del destino, ni simples fallos técnicos, sino el resultado inevitable e incluso previsible de un modelo de gestión ruinoso.
Desde los sindicatos lo tienen claro: la huelga es para denunciar y para evitar que la liberalización salvaje y la fragmentación del sistema sigan costando vidas. La realidad de lo que ocurre en las vías desenmascara las mentiras de un Ministerio y Gobierno progresistas, pero que priorizan la rentabilidad y las fotos inaugurales sobre la integridad de las personas y de quienes trabajan en el transporte ferroviario. .
Cronología última de los desastres
Lo ocurrido en la segunda quincena de enero de 2026 ha sido el colapso sistémico de unas infraestructuras abandonadas por la desidia institucional y las «externalizaciones». Mientras que el Ministerio ha intentado culpar a la meteorología, los trabajadores plantean que cada uno de estos sucesos fue una tragedia esperando para ocurrir.
El 17 de enero en Tortosa se produjo el incendio de un tren estacionado y la caída de catenaria. El sistema de seguridad eléctrica falló, provocando explosiones que obligaron a la evacuación total.
El 18 de enero llegó la tragedia a Adamuz. Tres coches de un tren de IRYO descarrilaron e invadieron la vía contraria. Solo nueve segundos después, un ALVIA de RENFE impactó a más de 205 km/h. El balance provisional: 46 muertos, incluido el maquinista del ALVIA, y 292 heridos. Una carnicería en la alta velocidad que según SEMAF era evitable con el mantenimiento adecuado.
El 20 de enero, bajo el azote del temporal Harris, un muro de contención colapsó sobre la R4 en Gelida matando a un maquinista en prácticas. Ese mismo día, otro descarrilamiento en Blanes confirmó que la red catalana era un campo de minas. El Gobierno usó el temporal como excusa, pero los sindicatos ya habían advertido sobre la inestabilidad de esos terrenos.
El 22 de enero el colapso continuó. En Asturias, un tren de cercanías chocó contra el revestimiento de hormigón desprendido del túnel de El Padrún. Se llevaban seis meses avisando del mal estado de ese túnel, pero las alertas cayeron en saco roto. Y en Cartagena, otro choque contra una grúa evidenció que los protocolos de invasión de gálibo son papel mojado.
El “homicidio imprudente” y las mentiras del Ministerio
Aquí está el dato que el Gobierno no quiere divulgar: la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra el ministro Óscar Puente por “homicidio imprudente” a raíz de la tragedia de Adamuz, según informa Artículo 14. Ya no hablamos solo de mala gestión política, sino de una posible responsabilidad penal por ignorar los riesgos estructurales que los maquinistas denunciaron meses antes.
Mientras la justicia investiga, el contraste entre la retórica de las instituciones y el peligro en los túneles y en las vías es insostenible. El Ministerio habla de reuniones “francas” y “voluntad de diálogo” para desactivar el conflicto, pero la realidad es que no hay plazos, solo promesas genéricas mientras la red se cae a trozos. Por eso se mantiene la convocatoria unitaria de huelga.
El ministro asegura que la liberalización no precariza el servicio público, pero la fragmentación en 8 empresas distintas genera un caos de coordinación letal en emergencias.
El ministro pide “paciencia” para ejecutar planes de modernización a largo plazo, pero los trabajadores ya agotaron la suya. Por ejemplo, el servicio catalán de Rodalies tuvo que suspenderse porque los maquinistas se negaron a trabajar sin seguridad.
El gobierno presume de gestión “responsable y eficaz” mientras utiliza la filtración de audios internos del Centro de Gestión de Operaciones para criminalizar a los profesionales y lavar su imagen.
Como denuncia Manuel Martín desde SEMAF: “La liberalización del ferrocarril no puede hacerse a costa de deteriorar el servicio público y precarizar condiciones laborales”. A esto se suma el grito de hartazgo de Laura Pérez (FSC-CCOO): “Necesitamos hechos y no palabras vacías”.
Un frente común: 8 empresas bajo una misma lucha
La huelga del 9, 10 y 11 de febrero es histórica porque es una Huelga General de Sector. No es solo RENFE; el virus de la precariedad se ha extendido bajo ocho banderas que incluyen también a IRYO, MEDWAY, OUIGO, CAPTRAIN, TRANSERVI, REDALSA y TRACCIÓN RAIL, como documenta SECOM.
La liberalización ha traído competencia en precios, pero ha troceado la seguridad en una cadena de subcontratas y externalizaciones donde nadie asume la responsabilidad final.
Las demandas que plantean los trabajadores son de mínimos para no morir en el puesto de trabajo. Exigen diagnósticos proactivos inmediatos: basta de esperar meses entre revisiones; hacen falta inspecciones frecuentes y reparaciones antes de que el hormigón caiga sobre las cabinas.
Exigen el fin de la persecución profesional contra quienes denuncian, incluida la filtración de conversaciones internas de RENFE e IRYO que buscan minar la confianza de la plantilla.
Y reclaman también una coordinación de emergencias real: la fragmentación actual impide respuestas rápidas, la seguridad debe ser un bloque monolítico, no un puzle de empresas privadas.
Por un ferrocarril Público, Seguro y Humano
Los trabajadores y trabajadoras no piden parches, exigen un cambio de rumbo. La política de movilidad del Gobierno es un fracaso que ya rubrican las víctimas mortales y personas damnificadas hasta el momento.
Los principales sindicatos ferroviarios -SEMAF, UGT y CCOO- demandan una inversión masiva en mantenimiento: menos millones para el marketing de la alta velocidad y más para los túneles de cercanías y las líneas de mercancías que usan las clases trabajadoras.
También la internalización de servicios críticos: la seguridad y la formación no pueden estar en manos de empresas cuya prioridad es el dividendo trimestral. Y transparencia absoluta: basta de ocultar informes de riesgos. Los profesionales que avisan de un peligro deben ser escuchados, no ignorados durante meses.
A las personas usuarias hay igualmente que pedirles solidaridad. Un billete reembolsado por RENFE no compensa el miedo a no llegar a casa. Esta Huelga es la única garantía de que el próximo viaje pueda ser más seguro.
El 3 de febrero los ferroviarios se concentraron frente al Ministerio; el 9, el 10 y el 11, pararán el país para salvar el ferrocarril. Porque cuando las vías se tiñen de rojo, el silencio es complicidad.
