El Gobierno finalmente ha presentado un paquete de 80 medidas y 5.000 millones de euros como respuesta a la crisis desencadenada por la guerra en Iran. Seguidamente analizamos el contenido de estas medidas de “escudo social” que deberán pasar por la validación parlamentaria en los próximos días.

El Ejecutivo español ha aprobado un decreto de 80 medidas con el que pretende amortiguar el impacto económico de la guerra en Iran sobre los hogares y la economía productiva. Y el presidente Sánchez ha llegado a presentarlo a los medios como el «mayor escudo social puesto en marcha en Europa» ante una crisis de este tipo, con una disposición de 5.000 millones de euros centrada fundamentalmente en rebajas fiscales sobre la energía.

Seguidamente analizamos las medidas que incluye el plan (real decreto publicado este sábado 21 de marzo), lo que deja fuera y -como alternativa- lo que proponen las organizaciones y movimientos sociales que ya han valorado críticamente estas medidas, por mucho que desde Sumar destaquen sus eventuales beneficios y traten de arrogarse un papel clave para conseguir que los socialistas las incluyeran en el decreto, una norma que ya el próximo jueves habrá de ratificar o no el Congreso.

Que contiene el plan: rebajas fiscales en energía y transporte

El núcleo del paquete de medidas son las bajadas del IVA sobre el consumo de electricidad, gas natural y carburantes para el transporte privado. La medida busca reducir la presión sobre la factura energética de los hogares y las empresas en un contexto en el que el precio de la luz ha llegado a subir un 60% en pocas semanas tras el inicio del conflicto.

El decreto incluye también bonificaciones al transporte publico, ayudas directas al sector pesquero y del transporte de mercancías, y el refuerzo de las competencias de la Comision Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) para supervisar la evolución de los precios en el mercado de hidrocarburos.

Ambito	Medida principal	Colectivo beneficiario declarado
Electricidad y gas	Reduccion del IVA	Hogares y empresas consumidoras
Carburantes	Reduccion del IVA y bonificacion en surtidor	Conductores, transporte y pesca
Transporte publico	Bonificaciones y gratuidades parciales	Usuarios de cercanias y autobus
Vivienda	Prorroga de 2 anos en contratos de alquiler	Inquilinos con contratos vigentes
Supervision de precios	Reforma art. 116 Ley del Sector de Hidrocarburos	Consumidores en general
Transicion energetica	Deducciones fiscales para vehiculos electricos	Compradores de vehiculos nuevos

El debate sobre los beneficiarios reales: el problema de las rebajas fiscales

La principal critica que organizaciones sindicales y de consumidores dirigen al plan es que las rebajas fiscales son regresivas en su diseño: benefician en términos absolutos mas a quienes tienen mayor consumo y, por tanto, a las rentas mas altas. Un hogar con ingresos bajos que consume poca electricidad recibe un ahorro nominal menor que una empresa o un hogar de renta alta con un consumo elevado.

A esto se añade lo que CCOO ha denominado el «efecto cohete»: las empresas energéticas y distribuidoras de combustibles han trasladado de forma inmediata las subidas del crudo a los precios de venta, aunque sus existencias fueron compradas hace meses a precios anteriores al conflicto. La rebaja fiscal queda así parcialmente absorbida por unos márgenes empresariales mas amplios, en lugar de llegar a integrarse al precio final pagado por el consumidor. Como señala el Gabinete Económico de CCOO:

La libertad de mercado en contextos de crisis bélica o de suministro opera de forma asimétrica: los precios suben con rapidez ante cualquier tensión en el mercado internacional, pero no bajan con la misma velocidad cuando esa tensión se reduce o cuando se aplican medidas fiscales.

Lo que el plan no incluye: alimentos y topes de precios

Una de las ausencias mas señaladas por las organizaciones de consumidores y asociaciones de pensionistas es la de la cesta de la compra. A diferencia de lo ocurrido en 2022, cuando la crisis derivada de la guerra en Ucrania motivó rebajas temporales del IVA sobre alimentos básicos, el decreto actual no contempla ninguna medida sobre los precios de los alimentos. Pero para los hogares con rentas bajas o mínimas, el encarecimiento de la alimentación es con frecuencia el impacto mas directo e inmediatamente de una crisis de este tipo.

Aspecto	Crisis de Ucrania (2022)	Crisis de Iran (2026)
Rebaja IVA alimentos basicos	Si (varios productos)	No contemplada
Rebaja IVA energia	Si	Si
Topes maximos de precio en carburantes	No	No
Moratoria antidesahucios	Si (limitada)	No incluida en decreto final
Supervision de margenes empresariales	Limitada	Reforzada (reforma CNMC)
Transferencias directas a rentas bajas	Parciales (cheque energetico)	No contempladas

Del mismo modo, con respecto al control de precios en el sector energético, el Gobierno ha apostado por reforzar las facultades de la CNMC para detectar y sancionar practicas abusivas. Pero los sindicatos y asociaciones consumeristas señalan que esta vía es insuficiente si no va acompañada de la fijación de precios máximos vinculantes, y no de simples recomendaciones o informes periódicos.

Vivienda: la prorroga de alquiler y su situación parlamentaria

El decreto incluye la prorroga obligatoria de dos años de los contratos de alquiler vigentes, una medida que afectaría a aproximadamente 2,7 millones de hogares arrendatarios. La medida fue objeto de negociación entre los socios de gobierno: la propuesta inicial era una prorroga de tres años, y también se planteó incluir una moratoria anti desahucios para familias en situación de vulnerabilidad. Ninguna de las dos propuestas de la izquierda quedó recogida en el texto definitivo.

Además, hay que tener en cuenta que la aplicación practica del decreto depende de su convalidación por el Congreso de los Diputados. Y todo apunta que la aritmética parlamentaria no logrará su convalidación: grupos como el PP, Junts y el PNV ya han manifestado su intención de votar en contra, lo que podría suponer la derogación del decreto en un plazo de semanas.

Medida de vivienda	Estado en el decreto	Situacion parlamentaria
Prorroga contratos alquiler (2 anos)	Incluida	Pendiente convalidacion
Moratoria antidesahucios familias vulnerables	No incluida	—
Congelacion precios del alquiler	No incluida	—
Ampliacion a prorroga de 3 anos	No incluida (vetada)	—

Lo que exigen las organizaciones sociales y la clase trabajadora

Sindicatos, organizaciones de consumidores y colectivos de activistas han formulado una serie de demandas concretas que van mas allá de lo que contempla el decreto del gobierno. En particular:

1.- Transferencias directas de renta a hogares de bajos ingresos, en lugar de rebajas fiscales generalizadas. El objetivo es que el apoyo económico llegue íntegro a quien lo necesita, sin que una parte quede absorbida por los márgenes de las empresas distribuidoras.

2.- Establecimiento de precios máximos vinculantes tanto en combustibles como en alimentos básicos, sustituyendo las recomendaciones de la CNMC por topes legales con capacidad sancionadora real.

3.- Rebaja del IVA a los alimentos básicos de la cesta de la compra, medida aplicada durante la crisis de 2022 y no contemplada en el decreto actual.

4.- Congelación de los precios del alquiler durante la duración de la guerra con Irán, y aprobación de una moratoria anti desahucios que impida que familias vulnerables sean expulsadas de su vivienda.

5.- Gratuidad del transporte público, como medida de transición energética de base, accesible para todos los usuarios independientemente de su capacidad de compra.

6.- Impulso a las comunidades energéticas locales, un modelo que permite a barrios y municipios producir y gestionar su propia energía, reduciendo la dependencia de las grandes comercializadoras.

Por qué estas medidas importan mas allá de la coyuntura

La crisis generada por la guerra contra Iran actúa como amplificador de desigualdades que ya existían antes de que comenzara. Un hogar que antes del conflicto dedicaba el 35% de sus ingresos a la vivienda y la energía no dispone del mismo margen de absorción que uno que les dedicaba el 12%. Las medidas de carácter universal que proponen el PSOE y Sumar —rebajas fiscales que se aplican a todos por igual— no corrigen esa diferencia de partida y, en algunos casos, la ensanchan.

Mientras que tampoco cabe olvidar lo que suponen los instrumentos proyectados desde el gobierno progresista para distribuir los costes de la crisis: si a través del mercado, mediante incentivos fiscales que benefician mas a quienes mas consumen, o a través de transferencias directas y precios regulados que priorizan a los hogares y la población trabajadora con menor capacidad de respuesta.

Al proponer las 80 medidas del escudo social que se han presentado, este Gobierno “progresista”que Sumar celebra haber podido influir, en realidad vuelve a retratarse mostrando que no defiende a quienes han sido su base social y electoral.

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