Este 21 de febrero, en el Parlamento de Navarra, representantes de diez cámaras autonómicas españolas se reunieron para exigir -al Gobierno central cambiar su política “atlantista” con respecto al Sáhara Occidental.
La XXIX Conferencia de los Intergrupos parlamentarios “Paz y Libertad para el Pueblo del Sáhara Occidental” cerró sus dos días de trabajo con la aprobación de la Declaración de Navarra, que incluye un rechazo explícito al giro de Pedro Sánchez hacia Marruecos, reafirmación del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y reconocimiento del Frente Polisario como su único y legítimo representante.
Lo que dice la Declaración de Navarra (y lo que eso significa)
Entre los puntos más relevantes de la Declaración:
Sobre la legalidad: Los intergrupos recuerdan que la presencia marroquí en el Sáhara Occidental es ilegal bajo el Derecho Internacional, que el territorio mantiene su estatus de Territorio No Autónomo y que España sigue siendo, conforme a resoluciones judiciales, la potencia administradora de iure (aunque este dato suelen ocultarlo las declaraciones oficiales)
Sobre los presos políticos: La declaración exige la liberación inmediata de los presos políticos saharauis, con mención expresa a los presos de Gdeim Izik, personas que llevan años en cárceles marroquíes por el hecho de reivindicar sus derechos. Los intergrupos se comprometen además a continuar las misiones parlamentarias de observación durante 2026.
Sobre los recursos naturales: Se denuncia el expolio de los recursos del territorio y se rechaza cualquier acuerdo económico o comercial que vulnere el derecho a la autodeterminación. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es clara al respecto: ningún acuerdo puede aplicarse al Sáhara sin el consentimiento del pueblo saharaui a través del Frente Polisario. Y sin embargo, esos acuerdos siguen existiendo.
Sobre la ONU: La declaración respalda el proceso político de Naciones Unidas e insta a que la MINURSO amplíe su mandato para incluir vigilancia de derechos humanos —algo que Marruecos bloquea sistemáticamente— y solicita al Consejo de DDHH el nombramiento de un Relator específico para el territorio.
Diez parlamentos autonómicos
A esta conferencia han asistido representantes de las siguientes cámaras: Parlamento de Navarra, Parlamento de Cantabria, Parlamento de las Illes Balears, Parlamento de La Rioja, Parlamento de Catalunya, Junta General del Principado de Asturias, Parlamento de Canarias, Asamblea de Madrid, Parlamento de Galicia y Parlamento Vasco.
Faltaron, en cambio los de la Comunidad Valenciana o Andalucía, entre otras ausencias destacadas.
En las sesiones participaron también voces del movimiento solidario: Salamu Amudi Bachri (FEDISSAH), Inés Miranda, presidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara (IAJUWS), y Maite Isla, presidenta de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Solidarias con la RASD.
El papel de las mujeres y la sociedad civil: el otro pilar de la resistencia
La Declaración de Navarra dedica un apartado específico a reconocer el papel de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y el trabajo de entidades y colectivos solidarios. También nombra programas concretos como Vacaciones en Paz o el Proyecto Madrasa, que durante años han tendido puentes humanos entre España y el pueblo saharaui refugiado.
No es un gesto simbólico. Es el reconocimiento de que la causa saharaui se sostiene, entre otras cosas, gracias a redes de solidaridad que llevan décadas funcionando sin grandes titulares ni financiación garantizada.
Lo que queda pendiente: el reconocimiento diplomático
La Declaración emplaza a las instituciones españolas a incrementar la ayuda humanitaria a los campamentos de Tinduf y a la ciudadanía saharaui en los territorios ocupados, y a avanzar en el reconocimiento diplomático del Frente Polisario.
Ese reconocimiento diplomático es la asignatura pendiente. Otros estados lo han dado. España, que tiene una responsabilidad histórica y jurídica especial en este conflicto, sigue mirando hacia otro lado mientras Marruecos consolida una ocupación que el derecho internacional no reconoce.
La lucha por el Sáhara Occidental no es solo una causa justa. Es también una prueba de hasta dónde llega el compromiso real de España con el derecho internacional y los derechos humanos.
