Venezuela: intervención imperial y suicidio de clase?

Foto de Maduro y Cilia Flores despedida

Venezuela vive desde enero de 2026 una situación inédita: la captura de Nicolás Maduro y de la videpresidenta Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos abrió un nuevo ciclo político y económico marcado por la intervención exterior y por cambios acelerados en la política petrolera del país. Este artículo busca explicar, con datos contrastados, qué ha pasado desde entonces, qué implican las reformas impulsadas por el gobierno de Delcy Rodríguez y cómo se relaciona todo ello con la acusación de “intervención imperial” y “suicidio de clase” formulada desde sectores críticos de la izquierda.

El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos detuvieron a Nicolás Maduro y a su compañera en Caracas en una operación combinada de bombardeos y incursión terrestre, según han recogido medios internacionales y crónicas posteriores de la operación.

Tras la captura, Maduro fue trasladado a territorio estadounidense, lo que abrió un vacío de poder inmediato en Venezuela que se resolvió en cuestión de días.

El 5 de enero, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, con el aval de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia, en un marco de extrema presión militar y diplomática.

Desde entonces, el nuevo gobierno ha mantenido la retórica de continuidad bolivariana, al tiempo que impulsa un giro significativo en la orientación económica y en la política exterior del país.

La reforma petrolera: qué cambia y por qué importa

Uno de los movimientos más relevantes ha sido la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional a finales de enero de 2026. La norma, promovida por la presidencia de Delcy Rodríguez, abre de forma mucho más amplia la puerta a la participación privada y extranjera en el sector petrolero, incluyendo actividades primarias como exploración y extracción.

Según la información publicada por medios internacionales y por la propia Asamblea Nacional, la reforma introduce un modelo de producción compartida, flexibiliza el marco regulatorio y permite mecanismos de resolución de disputas como la mediación y el arbitraje internacional.asambleanacional+2

Esta orientación supone un cambio respecto al esquema de fuerte control estatal implantado por Hugo Chávez en la década de 2000, que buscaba asegurar la hegemonía de PDVSA sobre la renta petrolera.

Para Estados Unidos y para empresas occidentales, la reforma era esperada y se interpreta como una oportunidad para retomar o ampliar su presencia en la industria venezolana, especialmente después del derrocamiento de facto de Maduro mediante la operación militar.

Para amplios sectores de la izquierda venezolana e internacional, en cambio, el giro se percibe como una renuncia a instrumentos clave de soberanía económica en favor de intereses corporativos y geopolíticos externos.

Intervención imperial y nuevo alineamiento internacional

La operación contra Maduro no fue un hecho aislado, sino un salto cualitativo en la política de presión de Estados Unidos sobre Venezuela que venía acumulándose desde años atrás mediante sanciones, bloqueo financiero y apoyo a la oposición. A diferencia de fases anteriores, en esta ocasión Washington combinó la presión económica con una intervención militar directa destinada a cambiar el equilibrio político interno.

En paralelo, se ha producido un reposicionamiento internacional de Caracas. Mientras que durante la era de Chávez y de Maduro se consolidaron alianzas con países como Irán, Rusia o Cuba, los análisis críticos señalan que el nuevo gobierno ha tomado distancia respecto a algunos de esos socios y ha buscado un entendimiento pragmático con Estados Unidos y sus aliados.

La ofensiva militar contra Irán de febrero de 2026, liderada por Estados Unidos y en coordinación con Israel, ha sido un punto de inflexión simbólico: el posicionamiento de Venezuela frente a ese conflicto se observa con lupa por parte de quienes temen un abandono de los ejes tradicionales del chavismo.

En ese contexto, la combinación de cambios internos en la ley petrolera y de reubicación externa refuerza la percepción de que la intervención imperial no se limita al terreno militar, sino que se proyecta sobre la orientación económica y diplomática del país.

“Suicidio de clase”: una lectura desde la izquierda

El artículo “Venezuela: entre la intervención imperial y el suicidio de clase”, publicado en El Salto, propone una interpretación de estos hechos a partir de la teoría de Amílcar Cabral sobre el papel de la pequeña burguesía en los procesos de liberación nacional.

Cabral planteaba que, ante la revolución, la pequeña burguesía tiene dos opciones: traicionar el proceso aliándose al imperialismo o “suicidarse como clase”, es decir, renunciar a sus privilegios e integrarse realmente en un proyecto popular.[elsaltodiario]​

Los autores del texto sostienen que la élite burocrática ligada al chavismo habría optado por la primera vía, preservando sus posiciones de poder interno al precio de aceptar una creciente subordinación a los intereses de Estados Unidos y del capital transnacional.

En esta lectura, la reforma de la ley de hidrocarburos, la gestión de la renta petrolera y el giro diplomático serían síntomas de cómo la antigua “burguesía nacional” deja de administrar la independencia para administrar la dependencia. Es importante subrayar que se trata de una interpretación situada en la tradición marxista y antiimperialista, no de un relato neutral.

Sin embargo, buena parte de los hechos que toma como base (captura de Maduro, características de la reforma petrolera, intervención militar estadounidense y reconfiguración de alianzas) han sido documentados por medios y fuentes de orientación diversa (ver al final).

Debate abierto: soberanía, dependencia y alternativas

Lo que está en juego en el debate sobre Venezuela no es solo la valoración de un gobierno concreto, sino cuestiones de fondo: hasta qué punto un país puede defender su soberanía bajo presión militar y económica de una potencia hegemónica, y qué papel juegan las élites estatales en ese proceso.

Para unos, las reformas y el giro diplomático responden a una necesidad de supervivencia y de reactivación económica después de años de sanciones, caída de la producción y crisis social. Para otros, aceptar las condiciones de ese “rescate” externo supone hipotecar la capacidad de decidir sobre los recursos estratégicos y bloquear cualquier posibilidad de transformación estructural a favor de las mayorías populares.

La noción de “suicidio de clase” apunta precisamente a ese punto de fricción: si la capa dirigente que se formó al calor de un proceso revolucionario es capaz o no de romper con sus propios intereses materiales y alinearse con las necesidades de las clases trabajadoras.[elsaltodiario]​

Más allá de las etiquetas, los cambios ocurridos desde enero de 2026 han reabierto viejas preguntas en la izquierda latinoamericana:

qué significa hoy la independencia nacional en un mundo atravesado por sanciones, bloqueos y guerras;

qué margen real tienen los gobiernos periféricos para negociar sin perder autonomía;

y cómo evitar que las estructuras de poder burocrático terminen gestionando, en nombre de la revolución, una nueva fase de dependencia.

En los próximos meses, el desarrollo de la reforma petrolera, la evolución de las relaciones con Estados Unidos y las respuestas de la sociedad venezolana —incluyendo sindicatos, comunas y movimientos populares— serán claves para valorar si estamos ante un simple cambio de rumbo pragmático o ante una reconfiguración profunda del proyecto bolivariano.

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