El próximo fin de semana, la dirección del PCE tiene previsto aprobar un «programa estratégico» que busca consolidar la propuesta de forjar un frente «amplio» contra la derecha, sin mayores ambiciones políticas o sociales, bajo el argumento del mal menor. Se trata de una cuestión muy importante que, sin embargo, no ha debatido ningún congreso y que se plantea de este modo para también avalar la actual gestión bajo el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Si nada lo remedia, esta reorientación «estratégica» del PCE puede convertirse en el colofón perfecto de una semana, esta, marcada por la crisis (y huida hacia adelante) del ejecutivo socialista…
La última comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso este miércoles 9 de julio y antes del receso estival, estuvo marcada por la sombra del mayor caso de corrupción del PSOE en décadas, vinculado a su entorno más cercano. A pesar de la gravedad del escándalo, el presidente no ofreció una rendición de cuentas clara, sino que buscó asegurar el apoyo tácito de los partidos que sostienen su gobierno.
Aunque no hubo votación, el Ejecutivo presentó el debate como una victoria: la superación de una «moción de confianza encubierta». Sin embargo, esta narrativa resulta engañosa. Los partidos aliados no tienen mecanismos reales para retirar su apoyo sin activar una moción de censura, algo que ninguno está dispuesto a hacer, especialmente con el PP como alternativa. Si Sánchez realmente creyera en su fortaleza, podría someterse a una moción de confianza formal, pero ciertamente quiere evitar ese riesgo.
Las reacciones de los socios de gobierno fueron dispares. Sumar e Izquierda Unida (PCE) mostraron un apoyo incondicional, con Yolanda Díaz defendiendo la «honestidad» de Sánchez y ERC justificando su continuidad con un peculiar argumento: si solo unos pocos han robado, no hay motivo para cambiar. Junts y el PNV fueron más críticos, advirtiendo de la fragilidad del gobierno. En cambio, Podemos (y una parte de Compromis) insistieron en señalar no solo la corrupción, sino también el giro derechista y la falta de políticas sociales reales.
El verdadero trasfondo de esta crisis es la consolidación del *malmenorismo* como estrategia política. El gobierno y sus aliados argumentan que, pese a sus fallos, su caída llevaría al poder a la derecha, algo peor. Este discurso, aunque comprensible para muchos votantes progresistas, es un error estratégico. En el corto plazo, justifica la inacción en temas clave como la vivienda, mientras se prioriza el gasto militar y se cede terreno a la derecha en el poder judicial. Esta deriva aleja a los votantes de izquierdas y fortalece a la extrema derecha.
A largo plazo, el *mal menor* perpetúa un sistema bipartidista que ahoga cualquier alternativa transformadora del régimen monárquico del 78.
Si la izquierda acepta que su único papel es evitar el triunfo del PP, renuncia a cambiar las cosas.
La política se reduce a una gestión defensiva, sin esperanza de reformas profundas.
Peor aún: al vincularse a un PSOE cada vez más desprestigiado, la izquierda radical se contagia de su crisis y alimenta el auge de la antipolítica.
Mantenerse en la lógica del mal menor, además, todo apunta a que no salvará la legislatura: la acelerará hacia el desgaste final.
La única salida real sería un giro hacia políticas sociales audaces, pero nada indica que este gobierno de Sánchez-Díaz (con IU y el PCE de rehenes) esté dispuesto a hacerlo…
