El Gobierno PSOE-Sumar propone una subida del Salario Mínimo (SMI) insuficiente y con una «mordida fiscal» que aún la reduce más.

Ministra de trabajo y líderes de CCOO_UGT tan contentos con la subida del SMI

El Gobierno del PSOE y Sumar acaba de aprobar en el Consejo de Ministros (aunque aún debe pasar al parlamento para dictaminarse) el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.184 euros brutos al mes, un 4,4% de subida sobre 2024. Pero, en esta ocasión, la subida viene acompañada de una «mordida fiscal» de la que hasta ahora había quedado exento, y que puede implicar que la persona trabajadora reciba de facto hasta un 40% menos del aumento.

Se trata, por tanto, de una subida de miseria y penalizada que no incrementa sustantivamente las insuficientes percepciones que se venían recibiendo y que apenas llegará para cubrir la previsión de subida del IPC. Todo ello, mientras que las grandes empresas energéticas celebran sus rebajas fiscales, la banca sigue logrando beneficios récord cada año y, como muestra el artículo publicado en esta web sobre regresividad fiscal, los más ricos siguen siendo los que menos contribuyen a Hacienda.

Como señala, por ejemplo, Juan Carlos Arias, la subida del SMI se ha ajustado a los límites estrechos ya aceptados en la negociación por CC.OO. y UGT, que se conformaron con la banda baja de la subida, pese a que la no firma del acuerdo por la patronal abría la puerta a que, como medida ejemplar ante el portazo empresarial, pudiera haberse aprovechado para lograr una subida mucho mayor. Una subida realmente mínima: 50 euros al mes (+4,4%) y 700 al año es el resultado final logrado para los más explotados (2,5 millones) que para nada es una gran subida, si tenemos en cuenta que solo la estimación de subida del IPC del Gobierno para 2025 es del 3%.

La sorpresa ha venido, en esta ocasión, cuando el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, mano derecha de Sánchez, ha logrado imponer en el Consejo de Ministros su criterio de no elevar el mínimo exento de retención del IRPF. De modo que las y los trabajadores que cobran el SMI, supuestamente el mínimo para sobrevivir, pero que ni siquiera permite a nadie vivir con ese ingreso en los niveles actuales de coste de la vida, verán mermados sus ingresos mensuales por las retenciones y posibles pagos de IRPF.

Seguramente, ni la ministra de Hacienda ni ningún integrante del Gobierno que se dice “progresista” tiene problemas para llegar a fin de mes, pero si lo tienen millones de trabajadores y trabajadoras. Por lo que hay que ser muy miserable para atacar de este modo a la población más depauperada aludiendo a argumentos tan estilísticamente cínicos, entre otros, como hacer “pedagogía de justicia fiscal». Una vez más queda demostrado que los gobiernos social-liberales del PSOE se caracterizan por quitar con la mano derecha lo que dan con la izquierda.

Aunque el Gobierno del PSOE y Sumar presume de haber logrado una subida del SMI de un 61% desde 2018 con la llegada de Sánchez, en modo alguno justifica la raquítica subida del 4.4% aprobada ahora, que encima estará sujeta a una retención del IRPF equivalente al 40% del aumento, o más. Pero, además, estos aumentos han ido siempre por detrás del aumento del costo de vida. El 61% de subida del SMI, por la que sacan pecho desde el Gobierno, parte de un SMI con décadas de congelación marginal cronificada, que lo convirtió en un salario de vergüenza y que lo único que garantizaba era la depauperación para aquellos que lo sufrían. Por lo que subir mucho el porcentaje sobre un sueldo raquítico, no implica que sirva para atender las necesidades reales de la población trabajadora, sobre todo si el resultado final no permite asegurar la supervivencia y frente a la gigantesca subida de los precios del alquiler, los alimentos y los consumos energéticos más básicos experimentados durante el último período.

Los datos que ha ofrecido Hacienda es que las retenciones del IRPF afectarán a medio millón de trabajadores (20%), por ser aquellos que no tienen “cargas”, por no tener hijos o ascendientes a cargo, y que según la ministra María Jesús Montero cobran “este suelo de ingresos digno”. Población que en muchos casos son mujeres y jóvenes, los colectivos más golpeados por la situación económico-social actual, algo que se le ha olvidado a la ministra, también mujer y que se declara, como no, feminista, como lo hace el Gobierno. Sin duda, con ese mísero sueldo, si además tienes hijos que dependen de ti, o un miembro de la pareja en paro, es imposible la supervivencia material, y hay que agradecer, encima, que en ese caso la retención habitual se reduzca o no se aplique, y no acabemos pagando todavía más cuando liquidemos el impuesto del ejercicio correspondiente.

Parece muy sorprendente lo que entiende este gobierno por SMI, como para implementar y justificar políticamente una carga impositiva de ese calibre sobre los maltrechos ingresos de los más explotados. Aunque el Gobierno social-liberal del PSOE y Sumar, como antes el del PSOE y Unidas Podemos, nunca ha aplicado otra máxima que garantizar el buen funcionamiento de la democracia para ricos que es el Régimen del 78,

Eso sí, contando con el beneplácito y complacencia de la burocracia sindical con declaraciones como las de Luis Zarapuz, del gabinete económico de Comisiones Obreras , que ha señalado que el IRPF se debe reforzar como “instrumento de control y gestión, en el que todo el mundo esté dentro”, según él para favorecer instrumentos como el IMV, pero se le olvidan los gigantescos gastos militares que se han disparado con el Gobierno de Sánchez, que para nada contribuyen a equilibrar la fractura social.

Mientras saquean el bolsillo de la clase trabajadora, las grandes empresas del IBEX 35 apenas tributan el 5% de sus beneficios según datos de la Agencia Tributaria de 2020, y las grandes fortunas apenas tributan un tipo efectivo medio del IRPF del 24,1% sobre su renta, notablemente inferior a la media del 35,1% y al tipo del 27,5% que pagó el 20% más pobre, según datos del año 2022 del centro de estudios Fedea recopilados en el “Observatorio sobre el reparto de impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles”. Por no hablar del récord de beneficios de la gran banca en 2024, que han alcanzado los 31.767 millones de euros de conjunto, o las eléctricas que ganaron un 42% más que en el primer trimestre de 2024, mientras el Gobierno elimina o reduce los gravámenes fiscales sobre esos sectores productivos.

La ministra Yolanda Díaz parece ser que se ha quejado amargamente -aunque con la boca pequeña, pues ahí sigue sosteniendo el Gobierno del que es ministra-, de que ni siquiera le han informado del gravamen del IRPF sobre el SMI en el Consejo de Ministros, y que seguirá planteando la derogación de esa medida, incluso planteando la presentación de una ley en el Congreso para elevar el mínimo exento del IRPF una vez más. Pero hasta el PP ha planteado esto y ya ha registrado una propuesta para librar del IRPF a los perceptores del salario mínimo, calificando la medida de “expolio”. ¡El PP! Parece broma, si no fuera una tragedia.

Frente a medidas insultantes y miserables contra los sectores más humildes de la clase obrera y las clases populares, solo cabe la desconfianza absoluta respecto de las políticas del Gobierno por más que se llame “progresista”.

Contra el paro, los salarios de miseria y la precariedad, es necesario impulsar la lucha por un SMI de 2000 euros y su actualización mensual ligada al IPC, por la reducción de la jornada laboral y el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial, y por terminar con todas las formas de contratación parcial, temporal y las externalizaciones.

Al mismo tiempo, es necesario terminar con impuestos regresivos como el IVA e imponer impuestos progresivos a las grandes empresas y fortunas. Para sostener las pensiones y los servicios públicos, ¡Que paguen los capitalistas!

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