El Gobierno vende 2026 como el año en que las pensiones mantienen su poder adquisitivo gracias a una revalorización general del 2,7% ligada al IPC que revalidará el Parlamento este jueves 26 de febrero, previsiblemente.
Es cierto que, sobre el papel, con este nuevo decreto-ley ninguna pensión contributiva pierde capacidad de compra respecto al año anterior. Más de 10,4 millones de pensiones contributivas se actualizan con este porcentaje, a lo que se suman cientos de miles del régimen de Clases Pasivas. Para una pensión media de jubilación, el incremento ronda los 500–570 euros al año, una cifra suficiente para rellenar un poco la cesta de la compra, pero no para cambiar de vida.
Pero hay peros, como nos recuerda el movimiento pensionista estatal y sus últimas movilizaciones.
Suben más las mínimas… pero siguen siendo de mínimos
El Gobierno «progresista» apunta correctamente a subir las pensiones mínimas y no contributivas muy por encima del 2,7% de media. Así, las mínimas contributivas se incrementan en torno a un 7%, y en algunos casos, con cónyuge a cargo, hasta el entorno del 11,4%. Y la jubilación mínima para mayores de 65 años se mueve en una horquilla que va de unos 13.106,80 euros al año (persona sola) a 17.592,40 euros con cónyuge a cargo.
La pensión máxima, mientras tanto, se sitúa en 3.359,60 euros al mes (47.034,40 al año), reflejando una subida ligada al destope progresivo de bases que preserva los intereses de las rentas altas. Ejercicio acostumbrado de cal y arena.
Frente a este destope, las pensiones no contributivas, las de quienes no pudieron cotizar lo suficiente, pasan a unos 8.802–8.804 euros anuales, es decir, unos 628,7 euros al mes en 14 pagas. Se trata de un salto importante sobre ejercicios anteriores, si bien obviamente siguen quedando muy por debajo del salario mínimo y del coste real de la vida en vivienda, alimentación o suministros.
Nuevo cálculo de la jubilación: más años, más complejidad
Dentro del Real Decreto-ley 3/2026 que aprueba estas subidas hay también otras medidas de calado:
- Aumento de las cuotas a pagar, tanto por los trabajadores como por las empresas, vinculadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
- Supresión de la obligación de presentar la declaración del IRPF para los perceptores de prestaciones por desempleo.
- Cotización adicional prevista para financiar los coeficientes reductores aplicables a la jubilación anticipada de bomberos y agentes forestales.
- Prórroga de la compatibilidad de pensión de jubilación con trabajo en atención primaria. El Real Decreto-ley prevé que los médicos de atención primaria, médicos de familia y pediatras públicos, puedan compatibilizar el ejercicio profesional con su pensión de jubilación. Percibirán el 75% de la misma.
- Autónomos: prórroga de los tramos de rendimientos íntegros y bases de cotización para los autónomos durante 2026. Regirán los mismos que en 2025.
- Prórroga para 2026 de los límites incrementados para la aplicación del método de estimación objetiva (módulos) en el IRPF y del régimen simplificado del IVA (límite de 250.000 euros).
- Prórroga de la libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades para inversiones en energías renovables y vehículos eléctricos.
Esto significa que, en paralelo a las subidas, 2026 estrena un cambio estructural: un sistema dual para calcular la pensión de jubilación. La persona que se jubile podrá escoger entre el esquema clásico (25 años de bases de cotización divididos entre 350) o un nuevo modelo que amplía el periodo hasta 29 años, permitiendo excluir los dos peores años de cotización. Una transición que se hará de forma gradual hasta 2037, añadiendo meses de cómputo y dando más peso a la trayectoria completa, especialmente en carreras laborales intermitentes.
El objetivo declarado es proteger mejor a quienes han sufrido paro o precariedad, suavizando los baches en la carrera de cotización. Sin embargo, esta “flexibilidad” tiene una cara B: aumenta la complejidad del sistema y abre un espacio de derecho “subjetivo”: dependiendo de las circunstancias y asesoramiento recibido se podrá optimizar más o menos la pensión.
Más gasto en pensiones, mismo modelo de desigualdad
El mensaje oficial es claro: se revalorizan “casi 13 millones” de pensiones y prestaciones, se protege a los mayores y se consolida el vínculo entre pensiones e inflación. Pero si miramos las cifras más despacio, vemos que lo que se consolida sobre todo es la arquitectura del modelo actual: un sistema de reparto que corrige por arriba y por abajo, sin cuestionar la distribución de la riqueza que lo alimenta.
Porque las pensiones mínimas y no contributivas mejoran algo su posición relativa frente al umbral de pobreza, pero siguen atrapadas por debajo de un nivel de vida digno. Aunque la mayor parte del incremento de gasto se destina a sostener un sistema que ya arrastra el envejecimiento demográfico, una tasa de empleo insuficiente y décadas de precariedad laboral que se traducen en carreras de cotización fragmentadas.
La respuesta del Gobierno pasa por subir bases máximas, introducir cuotas de solidaridad y reforzar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, pero sin tocar los beneficios empresariales ni la fiscalidad del capital, dicho claramente.
Las pensiones son fruto de la lucha social, no del BOE.
De este modo, el decreto para la subida de 2026 vuelve a quedarse muy corto al contemplar subidas selectivas y retoques técnicos, pero no un cambio de paradigma: las pensiones siguen dependiendo cada año de la correlación de fuerzas parlamentarias y del pulso entre las fuerzas parlamentarias y las élites económicas. Es decir, que los avances tibios realizados incluso se podrían revertir al año siguiente, por ejemplo.
Aun aceptando la propaganda oficial de que 2026 puede ser el año en que “se protegen las pensiones” un poco mejor, cuando miramos desde la calle, desde quienes viven con pensiones mínimas y no contributivas, este 2026 va a ser más bien el año en que el sistema reconoce que hay pobreza entre pensionistas… … para luego seguir limitándose a gestionarla, no a erradicarla.
El movimiento pensionista lleva años denunciando que “lo que el BOE da, el BOE lo puede quitar”. Exige con razón, justicia y equidad, equiparar las pensiones mínimas al SMI; blindar su poder adquisitivo en la Constitución; avanzar hacia una renta garantizada que evite que mayores y personas con invalidez vivan en pobreza; o una auditoría pública de las cuentas, ya que se sabe que parte de la caja común se ha ido destinando a otros fines por los gobiernos antecedentes.
El lema del movimiento pensionista «gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden» tiene que mantenerse y, en todo caso, seguir esperando a unos referentes políticos que no son los actuales.
