El pasado domingo 6 de abril, el comité central del PCE, partido al que pertenecen hasta 7 militantes del grupo institucional de Sumar (el más mayoritario en esta organización), aprobó en su reunión del Comité Central:
Nuestra presencia en el Gobierno de coalición debe servir para obligar al PSOE a omitir el apoyo a una política de rearme en Europa, que limita seriamente el desarrollo de políticas públicas sociales y a favor de la clase trabajadora, además de que nos acerca peligrosamente a un conflicto armado generalizado en Europa.Mantenernos en el gobierno, por tanto, dependede que consigamos frenar la participación de España en la carrera armamentística impuesta desde Europa y que nuestro país trabaje para sustituirla por la construcción de un modelo de seguridad humana y un sistema de seguridad y cooperación europea (…). Incluso la mínima cohesión necesaria entre las fuerzas políticas progresistas con representación en el Congreso, para poder seguir manteniendo un gobierno democrático y progresista que sea una excepción frente a los gobiernos de derecha y extrema derecha mayoritarios en Europa, depende de conseguir frenar esta carrera armamentista. (…)
Sin embargo, estas buenas intenciones que despertaron, incluso, algunas expectativas de un cambio de rumbo (¡por fin!) en la política seguida por los comunistas dentro de Sumar y de la coalición de gobierno con el PSOE, recibieron un duro varapalo apenas dos días después, coincidiendo con la realización de un Consejo de Ministros (integrado por dos militantes del PCE, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la de Juventud, Sira Rego) que aprobó elevar su gasto en defensa en 2.080 millones. El día anterior, la ministra de Hacienda, Maria Jesus Montero, ya había declarado que no había nada «especial» en aprobar la transferencia de 2.084 millones a Defensa y que Sumar ya conocía estas partidas desde hacía meses. Pero, tras aprobarse este gasto al día siguiente en el Consejo de Ministros, Sumar hizo pública la presentación de varias objeciones a esta medida, en un ejercicio vano de “pataleo”.
Unas objeciones dadas a conocer a algunos medios, y en las que se argumenta -por ejemplo- que una parte de los dos mil millones se destinará a adquirir un armamento militar cuya fabricación o distribución está directamente ligada con proveedores estadounidenses, lo que ciertamente va en contra de perseguir el objetivo de lograr la autonomía estratégica de la Unión Europea. Y más ahora, tras el vuelco geopolítico provocado por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la actitud del presidente de Estados Unidos con la UE: «La vinculación a proveedores estadounidenses para defender intereses nacionales es una contradicción”, llega a decir el texto de las alegaciones.
Y justo un día después, el miércoles 9 de abril, también son de destacar las declaraciones del propio presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, efectuadas ante la amenaza arancelaria de Trump y que señalan que una parte del plan contra los aranceles servirá para reconvertir empresas españolas al sector armamentístico. Concretamente, como apunta también una entrada publicada en esta web de diario-red.es, se trata de un nuevo ejercicio de «trilerismo político», por el que se destinarán adicionalmente unos 5000 millones de fondos europeos reconvertidos para gasto militar, tal como exigen la OTAN y la Comisión Europea.
En tan solo una semana, por tanto, a diferencia de como ha venido ocurriendo, cuando el gobierno PSOE-Sumar propalaba esporádicamente unas medidas supuestamente «progresistas» pero que siempre tenían un fondo amargo para los trabajadores y trabajadoras de nuestro estado (pensiones, reforma laboral, mordaza…), esta vez aparece con nítida claridad la sumisión de este gobierno y del régimen que defiende, la monarquía parlamentaria, a unos intereses y políticas que ninguna izquierda consecuente puede asumir.
Luchar por la República y la salida de la OTAN y de la UE son nuestra única opción si queremos conseguir la paz y una sociedad democrática y socialista.