El pasado 8 de abril, desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del Franquismo (CEAQUA) se ha remitido a los medios la información y algunos detalles de la querella interpuesta por la presidenta de la Asociación de Familiares de la Fosa 146 del cementerio de Paterna (Valencia), ante la desaparición forzada de su tío abuelo y de otras personas identificadas.
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Patricia Canet presenta una querella por el asesinato y la desaparición forzada de su tío abuelo, Juan Canet Bou, fusilado en Paterna: “Quiero añadir mi granito de arena y que cada vez se dé un paso más para conseguir justicia”
Patricia Canet Triguero, presidenta de la Asociación de Familiares de la Fosa 146 del cementerio de Paterna, ha hecho pública el 8 de abril la presentación en los juzgados de la localidad valenciana de Paterna de una querella por crímenes contra la humanidad durante el franquismo por el asesinato y la desaparición forzada de su tío abuelo paterno, Juan Canet Bou, fusilado el 13 de octubre de 1941, cuando tenía 24 años.
“Era el hermano de mi abuelo paterno. Era agricultor, natural de Cullera y no tenía ninguna afiliación política, sindical ni ningún tipo de pronunciamiento o adscripción política. Fue un asesinato por venganza”, explica Canet, quien asegura que, ante la imposibilidad de actuar contra otro miembro de la familia, asesinaron a Juan. “Mi abuelo estaba en la guerra y el otro hermano había huido a Francia cuando estalló la contienda”, añade.
Sostiene que la causa de la detención de su tío abuelo “fue una denuncia de alguien del vecindario que decidió que alguien tenía que morir en casa”. “Estas fueron las palabras: alguien la tiene que pagar en casa”, recupera su historia familiar, una historia “tan sencilla como cruda”. En el juicio sumarísimo, su tío abuelo fue acusado de “adhesión a la rebelión” y de participar en el asesinato de un cura de Cullera. “Pero es mentira, porque en todos los expedientes de todos los familiares con los que he podido hablar se acusa a los fusilados de asesinar a un cura. Sabemos que los juicios no tenían ninguna garantía y menos las acusaciones”, asevera.
Canet, que presenta esta querella con el apoyo legal de El Rogle, manifiesta que quiere “seguir la ola de querellas que se están dando”. “Quiero añadir mi granito de arena y que, poco a poco, cada vez se dé un paso más para conseguir justicia y se llegue al puerto esperado, de momento utópico, para declarar los asesinatos del franquismo como crímenes contra la humanidad”, reivindica.
En este sentido, Patricia Canet destaca “un posible aspecto a favor” para que la querella avance. “Hay una fiscal de Memoria Democrática que es proclive a participar y unirse a estas demandas”, afirma, aunque es consciente de que “la última voluntad para que esto prospere es la interpretación del juez o la jueza”. “Suelen respaldarse en la ley de amnistía del 77 o en la ley de enjuiciamiento criminal, por la que los crímenes prescriben a los 20 años, para echar atrás las querellas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura”, lamenta.
Sin embargo, mantiene la “esperanza” en que su querella llegue “a buen puerto” después que otras querellas se hayan admitido a trámite en varios juzgados del estado español, incluidos dos de Paterna. Los pasos son muy tímidos pero la querellante aspira a derechos legítimos apoyados por el derecho internacional humanitario.
El proceso de exhumación de los cuerpos de la Fosa 146 del cementerio de Paterna comenzó en diciembre de
2023. “Hoy en día, la fosa ya está abierta y ya se han extraído los restos. Pero de las 13 personas que presumiblemente debería haber habido, solo se han encontrado los cuerpos de tres personas”, explica Canet. Junto a los restos de una de estas personas, los arqueólogos encontraron una pequeña botella de cristal con un papel, en perfecto estado de conservación, donde podía leerse ‘Germán Pérez Sánchez’. Tenía 50 años, trabajaba como calderero, estaba casado y era miembro del Ayuntamiento republicano de Utiel.
Canet explica que, “como aún no ha habido identificación genética, no se pueden recuperar los restos”. Asimismo, subraya que uno de los otros dos cuerpos hallados, se corresponde con un individuo de “veintipocos años, que podría ser Juan Canet Bou”. “Pero tenemos que esperar como mínimo un año para poder identificarlo”, lamenta.
Los nombres de las otras personas que, según los registros de los historiadores, fueron fusiladas y enterradas en la Fosa 146 son: Francisco Arbos Salas, un cocinero de Vila-real de 36 años, casado e instaurador del Frente Popular local; Miguel Forner Latorre, un barbero de Utiel de 27 años; Alfredo Pérez Pérez, agricultor de Utiel de
38 años, casado y miembro del Ayuntamiento; Juan Calvo Boluda, jornalero de 45 años de Manuel; Rafael
Gregori Llorens, agricultor de 45 años también de Manuel; Bautista Muñoz Mascarell, serrador de 67 años de Manuel y miembro del Comité Ejecutivo Popular local; Francisco Cuenca Ferrando, ‘espardenyer’ de 55 años de Simat de la Valldigna; Ramón Regal Císcar, agricultor de 39 años de Benifaió; Juan Ochea Aparicio, hornero de
47 años de València; Francisco Tormo Herrero, cerrajero de 26 años de València; y Agustín Fontecha Perulero, agricultor toledano de 21 años.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) espera que se reconozca el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas y sus familiares que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos durante la dictadura franquista y la Transición. La plataforma interpela a la judicatura para que ponga fin a la política de impunidad que ha mantenido hasta la fecha y dé una respuesta acorde a los estándares internacionales exigidos en este ámbito. Abrir la investigación judicial de los crímenes franquistas es necesario para expulsar de las instituciones las lacras heredadas de la dictadura y hacer posibles políticas de regeneración democrática. Durante este año en que se conmemora el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, CEAQUA quiere resaltar la importancia que los poderes públicos y los partidos políticos adopten las medidas necesarias para el reconocimiento pleno de los derechos de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la Transición al tiempo que poner fin a 50 años de impunidad.
