Un manifiesto firmado por una treintena de dirigentes territoriales y miembros del Comité Central del PCE, publicado el 17 de marzo de 2026 en Público bajo el título Hay Partido, abre un debate que muchos esperaban, dentro y fuera de la organización comunista.
El texto tiene el mérito de la honestidad. Reconoce que el PCE ha pasado de condicionar al gobierno de coalición a ejercer un papel de subordinación al PSOE, que la militancia ha sido relegada por las direcciones sucesivas, que se ha perdido capacidad de intervención autónoma en los conflictos de clase, y que la amenaza de la ultraderecha es también un espejo de los fracasos de la izquierda institucional. Los firmantes —entre ellos los secretarios generales del PCPV, Extremadura, Aragón, Canarias, Madrid, Galicia y otras federaciones— piden recuperar la cultura del debate honesto ante el XXII Congreso, convocado para este 2026. Son los mismos nombres que en el XXI Congreso de 2022 presentaron una enmienda a la totalidad bajo el título Un futuro con Partido, lo que indica que el debate tiene raíces y no es un fenómeno coyuntural.
El diagnóstico organizativo tiene además un correlato material. Según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas publicado en 2025, el PCE liquidó sistemáticamente su patrimonio inmobiliario histórico durante el periodo 2017-2023 para cubrir pérdidas ordinarias de actividad, con una pérdida de afiliación cercana al 27% en ese mismo periodo. La descripción es la de una organización estructuralmente dependiente de su integración en coaliciones más amplias para acceder a financiación pública.
Lo que el manifiesto deja sin resolver
El texto es valioso como punto de partida. Pero su principal limitación es también su principal riesgo: que el debate se quede dentro. Un congreso, por más que recupere la cultura de la discusión interna, es un mecanismo de deliberación entre militantes. Y la crisis del PCE no es solo organizativa ni ideológica: es una crisis de inserción en la lucha de clases realmente existente.
La clase trabajadora que sufre la trampa del alquiler, que pierde su contrato y no puede volver al barrio, que no llega a fin de mes con dos salarios, que vio cómo el “escudo social” (prórroga) caía derrotado en el Congreso, no está esperando a que el PCE resuelva sus tensiones internas. Está organizándose, a veces sin partido, a veces a pesar de los partidos. El Sindicat de Llogateres de València, que desbordó el Micalet en su presentación de febrero con más de 300 personas, es un ejemplo de esa capacidad de articulación desde abajo.
La pregunta que el manifiesto no formula —y que el congreso debería responder— es esta: ¿con qué sujetos sociales concretos, en qué conflictos activos, con qué organizaciones de base, va a reconstruir el PCE su vinculación con la lucha de clases? No como retórica programática, sino como práctica política verificable.
La alternativa requiere interlocución más amplia que el debate interno
Que haya partido, como afirman los firmantes, es una condición necesaria pero no suficiente. Un PCE revitalizado internamente pero sin anclaje en los movimientos reales de su clase seguirá siendo, en el mejor de los casos, un actor parlamentario menor con historia gloriosa.
La renovación que propone el manifiesto solo tendrá sentido si el proceso congresual se abre a una interlocución que vaya más allá de la militancia: con los sindicatos combativos, con los movimientos de inquilinas, con las organizaciones de migrantes, con los colectivos que están dando batallas concretas en los barrios y los centros de trabajo.
El debate interno es imprescindible. Pero la legitimidad de cualquier alternativa que salga del XXII Congreso se medirá en otro terreno: en su capacidad para ser reconocida como referencia política por quienes ya están en lucha.
