La semana pasada la Asociación CIVIO denunció documentadamente que los grupos parlamentarios Socialista y Sumar habían presentado la Enmienda 259 para convertir en secreto permanente el precio real de cada nuevo medicamento financiado por la sanidad pública. Medida que, en lugar de presentarse a través de una ley sanitaria, se inserta a través de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, una norma que no tiene relación con la materia pero que permite soslayar el escrutinio de la Comisión de Sanidad.
Un blindaje contra la transparencia y la justicia
Esta reforma llega en un momento crítico: justo cuando el Tribunal Supremo va a resolver si estos precios deben ser públicos tras los recursos de casación presentados por la organización Civio,. La propia justificación de la enmienda admite explícitamente que busca evitar el «riesgo» de que una interpretación judicial obligue a divulgar los precios efectivos,.
De aprobarse, la enmienda introduciría cambios sin precedentes:
- Cláusula «escoba»: Todo lo relacionado con acuerdos de financiación pasaría a ser confidencial por ley, protegiendo no solo los datos de las empresas, sino el resultado de la decisión pública.
- Excepción única en contratación pública: No existe otro ámbito en España donde se blinde legalmente el precio de un suministro, lo que crea un peligroso precedente para que cualquier otra empresa adjudicataria exija lo mismo.
- Prevalencia de intereses farmacéuticos: La justificación de la enmienda es casi idéntica a la posición procesal de laboratorios como Novartis, que presionan para mantener la opacidad bajo la amenaza de no ofrecer sus productos al Sistema Nacional de Salud,,.
¿Por qué es peligrosa la opacidad?
Aunque la industria argumenta que el secreto protege la capacidad negociadora del Estado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene lo contrario: la transparencia refuerza la posición de los Estados al reducir la asimetría informativa. Actualmente, las farmacéuticas conocen lo que cobran en cada país, mientras que las administraciones públicas negocian a ciegas y en secreto.
Esto no solo es un problema de falta de transparencia de la administración pública, bajo la excusa de proteger el “libre mercado” lo que ocurre es justo lo contrario, puesto que las multinacionales farmacéuticas seguirán teniendo un trato de favor y exclusivo.
Propuestas para denunciar y frenar estos hechos
Para evitar que este blindaje a la opacidad prospere, se proponen las siguientes acciones basadas en la labor de vigilancia ciudadana:
Exigir la retirada de la Enmienda 259: Es fundamental presionar a los grupos parlamentarios para que rechacen esta enmienda en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, que es donde se tramita actualmente.
Contactar con los representantes: Dirigirse a los 51 miembros de la Comisión de Derechos Sociales y a los 47 de la Comisión de Sanidad para alertarles de que se está reformando la política farmacéutica de espaldas a su competencia.
Difusión y escrutinio público: Compartir esta información para evitar que la reforma se apruebe de forma inadvertida dentro de una ley de amplio consenso social como es la de discapacidad.
Apoyo a la transparencia judicial: Reclamar que se deje al Tribunal Supremo decidir sobre el derecho de acceso a la información sin interferencias legislativas de última hora.
Para sumarse a la campaña “Que los precios de los nuevos medicamentos dejen de ser secretos”: https://civio.es/precios-medicamentos-transparencia/
