La reciente desclasificación de 153 documentos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, publicitada en los medios el pasado 25 de febrero de 2026, ha sido presentada por el Gobierno como un gesto de transparencia. Sin embargo, para muchos, este movimiento se parece más a un ejercicio de prestidigitación institucional que a un compromiso real con la verdad histórica y la justicia reparativa.
El secretario general del PCE, Enrique Santiago, lo expresó con una contundencia poco habitual en él: la desclasificación sería un (nuevo) intento de “blanquear al rey emérito”, en un momento en que el relato oficial de la Transición y el propio régimen postfranquista atraviesan una importante crisis de legitimidad.
Según E. Santiago, Juan Carlos I “sabía lo que se estaba preparando” y optó por esperar, medir fuerzas y actuar solo cuando el éxito del golpe ya no estaba garantizado.
La nota fantasma del PCE
Entre los documentos desclasificados destaca una supuesta nota interna del PCE, fechada el 11 de mayo de 1981, que advertiría de una estrategia de la extrema derecha para implicar a la Corona en el golpe. El problema: el PCE asegura que ese documento no existe en sus archivos y que todo apunta a que es falso.
La nota incluye tachaduras, nombres censurados y un estilo que recuerda más a la propaganda fabricada por los servicios de inteligencia de la época que a un informe político real. Para la dirección actual del partido, se trata de una “píldora venenosa” diseñada para sembrar confusión y reforzar la narrativa del “rey salvador”.
La muerte de Tejero y las voces que nunca encajaron en el relato oficial
La desclasificación coincidió, irónicamente, con la muerte de Antonio Tejero a los 93 años. El hombre que tiroteó los techos del Congreso murió en su cama, sin rendir cuentas completas, mientras los documentos sobre sus cómplices siguen llegando a cuentagotas.
Pero las sombras del 23F no solo están en los papeles. También en las conversaciones privadas de los propios golpistas. Las escuchas telefónicas a la familia Tejero revelan una convicción escalofriante. Su hija Kika afirmó aquella noche:
“Estaba el rey detrás… Él estaba detrás y todo el Ejército”.
Y añadió que el apoyo incluía a “las cinco Capitanías” y a toda la Guardia Civil. Una versión que choca frontalmente con la pulcritud del relato institucional.
El doble fondo del Estado: destrucción documental y una ley franquista aún vigente
Emilio Silva, presidente de la ARMH, recuerda que la arquitectura de la opacidad española sigue sostenida por la vigente Ley de Secretos Oficiales de 1968, heredada directamente del franquismo. Bajo ese paraguas legal, millones de documentos han sido destruidos para proteger a quienes sostuvieron la dictadura y a quienes pilotaron la Transición.
E.Silva lo resume con una frase demoledora: “El Estado español nunca ha desenchufado la trituradora de papel”.
La ARMH exige una investigación pública que determine cuánta documentación ha desaparecido y quién tomó esas decisiones.
Los restos del golpismo: Milans del Bosch sigue en un lugar de honor
Mientras se ocultan nombres y se destruyen archivos, los restos de Jaime Milans del Bosch —golpista en 1936 y en 1981— continúan enterrados con honores en el Alcázar de Toledo, un edificio público.
Para la ARMH, esta situación es incompatible con cualquier democracia que aspire a la mínima dignidad. La organización reclama su exhumación inmediata y el fin de los privilegios simbólicos para quienes atentaron contra la libertad.
Conclusión: ¿qué democracia es ésta?
La desclasificación del 23F, lejos de cerrar heridas y aclarar lo sucedido realmente, ha reabierto preguntas esenciales:
¿Quién decide qué se recuerda y qué se oculta?
¿Por qué se filtran documentos dudosos mientras otros desaparecen?
¿Puede una democracia sostenerse sobre silencios heredados?
Los espejismos y las falacias de la memoria histórica siguen proyectándose sobre el presente. Mientras no se iluminen todas las sombras —las del golpe, las de la Transición y las del propio Estado—, España seguirá sin satisfacer la exigencia mínima de dignidad que ha de acompañar a cualquier democracia que se pretenda real, es decir a una democracia que ya se ha visto de nuevo resulta incompatible con la monarquía parlamentaria que padecemos.
Referencias
