El «decreto antiapagón» del gobierno, que finalmente no prosperó en las Cortes, reabre la discusión sobre los hechos del 28 de abril, sus responsables y las medidas necesarias para que no se produzcan de nuevo. Pero, según señalan más de 20 organizaciones ecologistas y diversas fuerzas políticas, estos objetivos no formaban parte del proyecto de ley presentado por el ejecutivo socialista y Sumar (PCE-IU). El siguiente artículo precisa mejor estas cuestiones…
Lorenzo Tecleme. Diario-red
Con el intento fallido del gobierno de aprobar un paquete legislativo en materia energética, el Real Decreto-ley 7/2025 o decreto anti-apagón, se reavivó el debate sobre los hechos del 28 de abril de 2025. Ese día, el sistema eléctrico español colapsó, llevándose consigo al portugués y una parte del francés. Dos análisis distintos intentaron explicar lo ocurrido: uno a cargo de Red Eléctrica de España (REE), el otro directamente del Ministerio para la Transición Ecológica. Entre ambos hay discrepancias, pero coinciden en que las centrales fósiles y nucleares remuneradas para dar estabilidad a la red —es decir, para intervenir en casos de emergencia— no funcionaron como deberían.
Los nombres de las centrales se omitieron en los informes distribuidos a la prensa, pero hace un mes, el diario El Mundo reconstruyó un mapa de las plantas involucradas. Entre ellas está la central de ciclo combinado de San Roque, citada por la secretaria de Podemos, Ione Belarra, en el marco del debate sobre el decreto anti-apagón.
La cronología de los eventos y el mapa de la zona cero
De la cronología de los eventos que llevaron al apagón sin precedentes ya hemos escrito. El 27 de abril, día previo al colapso energético, una central de ciclo combinado de gas, la planta de San Roque, sufrió un pequeño incendio y por eso fue puesta provisionalmente fuera de servicio. Se trata de un único sitio industrial compuesto por dos centrales de gas gemelas, una propiedad de Endesa (a su vez del grupo italiano ENEL) y la otra de Naturgy. REE decidió no reemplazarla, programando las actividades del día siguiente con nueve centrales fósiles o nucleares destinadas a amortiguar caídas y picos de tensión. Este es un paso clave: aunque la energía renovable representa ya una parte mayoritaria de la electricidad española, son mayoritariamente las centrales de gas o atómicas las que intervienen en casos de emergencia.
El 28 de abril, según El Mundo, Red Eléctrica habría confiado entonces en las siguientes nueve centrales para la amortiguación de la tensión: Vandellós, Ascó, Almaraz, Cartagena, Arcos de la Frontera, Sagunto, Villaseca de la Sagra y As Pontes García Rodríguez. La novena sería la de gas de la Bahía de Vizcaya, gestionada por BP, aunque no todas las fuentes de El Mundo lo confirman. Se trata de tres nucleares y seis de gas. Endesa está involucrada total o parcialmente en la gestión de cinco, Naturgy en seis, Iberdrola en cuatro (muchas de las centrales cuentan con la participación de varias empresas).
Alrededor de las 12:00 del 28 de abril, entró en juego una última central, la única renovable. Hablamos del ya famoso parque fotovoltaico Núñez de Balboa en Badajoz, que habría comenzado a manifestar en ese momento un comportamiento anómalo. Se trata de una de las plantas solares más grandes de Europa, propiedad de Iberdrola. Red Eléctrica de España intervino para calmar las oscilaciones provocadas por la planta, pero generó así un pico de tensión. Las nueve centrales mencionadas deberían haber contenido su impacto, pero las cosas, como se sabe, fueron de otra manera. Como escribe el propio El Mundo: “tanto el Gobierno como Red Eléctrica han concluido que ninguna de las instalaciones programadas para controlar la tensión respondieron como estaba previsto, a pesar de que se trata de un servicio por el que son compensadas económicamente».
Las empresas del sector acusan a REE de no haber programado correctamente la gestión del día, pero el operador de la red y el gobierno sostienen que, si las plantas en cuestión, todas privadas, hubieran actuado correctamente, no habría habido ningún apagón.
El papel de las empresas y la gestión de futuros problemas
A pesar de que han pasado meses desde el 28 de abril, las causas del apagón y cómo evitar futuros incidentes siguen en discusión. El gobierno presentó un decreto «anti-apagón» — una ley que en realidad tocaba muchos otros puntos del sector energético — pero no logró aprobarla.
Desde la derecha, se acusa al gobierno de no haber promovido «ni una sola dimisión o cese tras quedar nuestro país sin electricidad durante 24 horas». Podemos, que votó en contra, justifica su oposición con la ausencia de medidas sancionadoras contra las grandes empresas energéticas. Solo así, explica la formación morada, se obligaría a los actores del mercado a respetar los acuerdos relativos a la gestión de la estabilidad de la red y a implementar las inversiones necesarias. Otras fuerzas de la izquierda nacionalista, como el BNG o la Chunta Aragonesa, votaron en contra porque consideran que la ley representaría «un visto bueno a la especulación renovable» en sus territorios.
En general, hay consenso entre los expertos en que, para evitar nuevos apagones, se necesitan inversiones en la red y mejoras en las plantas renovables que permitan que la energía solar y fotovoltaica asuman también el papel de amortiguación que hoy desempeñan casi exclusivamente fuentes como el gas y la nuclear (y solo una renovable, la hidroeléctrica). El científico y divulgador Antonio Turiel dijo en una entrevista hace unas semanas: «hay que obligar a las empresas a equipar las nuevas instalaciones con una cantidad adecuada de sistemas de estabilización». En la misma entrevista, se mostró a favor de la nacionalización del sector: “no solo la red, sino también la generación debe ser mayoritariamente pública».
