El gobierno «progresista» aumenta los impuestos a los trabajadores autónomos más vulnerables agrandando la brecha de precarización.

Imagen por IA de trabajadores autónomos frente a sede del gobierno

Mientras cientos de miles de trabajadores autónomos viven con ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, el Gobierno eleva la base mínima de cotización de los societarios y familiares colaboradores de 1.000 a 1.424 euros mensuales. Una medida que se aprobó en 2022 (Gobierno PSOE-UP) y que carga el déficit del sistema sobre quienes menos pueden soportarlo.

El Gobierno aplicará una subida del 42% en la base mínima de cotización para los autónomos societarios y los familiares colaboradores. Estos trabajadores, que en 2025 cotizaban sobre una base de 1.000 euros mensuales, deberán hacerlo sobre 1.424,4 euros a partir de 2026. El incremento se aplicará en la regularización anual, lo que significa que quienes sigan abonando provisionalmente la cuota anterior recibirán una liquidación adicional al cierre del ejercicio.

La justificación oficial apela a reforzar las prestaciones futuras, especialmente las pensiones, como si elevar la presión contributiva sobre colectivos que ya viven con márgenes muy ajustados fuera la respuesta adecuada a las disfunciones estructurales del sistema.

La realidad del trabajo autónomo

El discurso dominante sigue presentando al autónomo como símbolo de iniciativa individual y de éxito económico. Sin embargo, los números reales dibujan un escenario muy distinto. Se trata de quienes se encargan de los repartos a domicilio, de los cuidados y de labores productivas informales o no estructuradas.

  Indicador  Dato
  Autónomos con ingresos 670 €/mes  ~25% del colectivo
  Autónomos en umbral del SMI o por debajo  ~40% del colectivo
  Riesgo de pobreza o exclusión social (2021)  30,1% en España vs 23,6% media UE
  Tasa de pobreza autónomos vs asalariados EU  25–28% vs 10–12%

Cerca de una cuarta parte de los trabajadores por cuenta propia en España vive con ingresos iguales o inferiores a 670 € al mes, lo que sitúa a cientos de miles de autónomos por debajo de lo que se considera una vida digna. Un 40% del colectivo se encuentra en o por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, y muchos otros apenas rozan el salario medio, lo que muestra que su “autonomía” se ha convertido, en muchos casos, en una forma de precariedad más que de estabilidad.[4][5][6][7]

Además, la pobreza entre los autónomos no es un fenómeno puntual, sino el resultado de una evolución histórica cada vez más desfavorable. En 2019 ya se advertía que los trabajadores por cuenta propia eran especialmente vulnerables a la pobreza en situación de trabajo, con tasas de riesgo superiores a las de los asalariados.  Entre 2019 y 2021 esta brecha se amplió: en 2021, el 30,1% de los autónomos españoles se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente a una media europea del 23,6%, lo que sitúa a España como uno de los países de la UE con más autónomos en esa situación.[8][9][10][11]

Trabajo autónomo y trabajo asalariado

La comparación con los asalariados revela una desigualdad estructural. En conjunto, los autónomos europeos tienen tasas de riesgo de pobreza del 25‑28%, mientras que los empleados asalariados rondan el 10‑12%, es decir, menos de la mitad.  En España, la diferencia se agudiza todavía más: mientras muchos asalariados, aunque precarizados, cuentan con ingresos mínimamente estables, contratos con derechos mínimos y una protección social más mecánica, los autónomos asumen sobre sus espaldas el riesgo de la actividad, la irregularidad de los ingresos y la incertidumbre de la viabilidad diaria.[7][9][8]

Más que una elección libre, el trabajo autónomo funciona como una salida forzada ante la falta de empleo estable. Jornadas largas, ingresos inciertos y ausencia de cobertura real frente a contingencias convierten la “autonomía” en una forma específica de precariedad.

Especialmente relevante es el caso de los familiares colaboradores, frecuentemente invisibilizados y, en muchos casos, mujeres que sostienen actividades económicas sin reconocimiento pleno de su papel productivo. A pesar de ello, se les exige una cotización creciente sin que exista una correspondencia en derechos.

En suma, lejos del discurso de “emprendimiento exitoso”, buena parte de los autónomos se mueve en la zona de inseguridad permanente, con jornadas intensas, ingresos bajos y cargas contributivas cada vez mayores.[12][13][14][15][4]

«Ajuste contable» frente a justicia social

En este marco, la subida de 42% de la base mínima de cotización constituye una presión extra sobre personas que ya viven en el límite de lo que pueden pagar.  Se les exige que coticen más cuando sus ingresos, en muchos casos, no alcanzan ni siquiera una renta mínima decente, y mientras el resto de autónomos se benefician de una congelación de cuotas, societarios y familiares colaboradores se quedan fuera de esa protección y se convierten en parte del mecanismo de ajuste de un sistema cuyo déficit se debería afrontar redistribuyendo la carga hacia las grandes rentas y los beneficios empresariales, no sobre trabajadores en la cuerda floja.[2][1][4]

Desde una perspectiva que parte de la situación real de los trabajadores, la medida revela una lógica que prioriza la estabilidad del sistema de reparto y la contención del déficit sobre la viabilidad económica de quienes ya viven con márgenes muy estrechos.  La subida no se acompaña de garantías de ingresos reales ni de protección frente a la precariedad: se exige que coticen más cuando su trabajo es, en muchos casos, parte de una estructura familiar o empresarial que no les reconoce como fuerza de trabajo central, sino como “apoyo” explotado.[1]

La medida favorece la estabilidad del sistema de Seguridad Social en términos contables, pero no aborda la raíz de la precariedad: la insuficiencia de ingresos, la falta de derechos laborales equivalentes a los de los asalariados y la dispersión de riesgos sobre la espalda de los trabajadores más vulnerables. 

Alternativas desde la izquierda real

Una respuesta coherente desde la izquierda exigiría, en primer lugar, que la congelación de cuotas se extienda también a societarios y familiares colaboradores, evitando que se conviertan en chivo expiatorio de un déficit que no han creado ellos. 

PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA MÁS JUSTA

■ Extender la congelación de cuotas también a autónomos societarios y familiares colaboradores, eliminando el agravio comparativo que los convierte en mecanismo de ajuste del sistema.

■ Vincular las bases de cotización a los ingresos reales y verificables de cada trabajador, no a umbrales mínimos fijados administrativamente que ignoran la situación económica concreta.

■ Financiar la Seguridad Social mediante mayor tributación sobre los beneficios empresariales y las grandes rentas, trasladando la carga desde los eslabones más débiles hacia quienes concentran la riqueza.

■ Equiparar progresivamente los derechos de los autónomos en materia de desempleo, enfermedad y jubilación con los de los asalariados.

■ Reconocer explícitamente el trabajo de los familiares colaboradores y garantizarles derechos proporcionales a su función real en la actividad productiva.

A medio y largo plazo, debería plantearse un cambio estructural: vincular la financiación de la Seguridad Social a los beneficios empresariales y a las grandes rentas, en lugar de cargar de forma tan brutal sobre trabajadores que dependen de una única paga y no reciben ingresos estable. En lugar de lastrar la capacidad de pago de trabajadores que viven al día, habría que convertir la Seguridad Social en un instrumento de protección real, no en un mero mecanismo de ajuste contable. Su verdadera función debería ser garantizar condiciones de vida dignas a quienes menos tienen.[3][1][2][7]

La cuestión, en última instancia, es clara: o se avanza hacia un sistema que proteja efectivamente a quienes sostienen la actividad económica cotidiana, o se seguirá desplazando el coste de las crisis hacia los mismos de siempre, para mejor beneficio del poder y sistema actuales.

Finalmente, tampoco cabe ignorar que esta medida que ahora entra en vigor se introdujo en 2022 mediante una reforma del gobierno socialista coaligado con Unidas Podemos, con ministras comunistas como Yolanda Díaz (repite legislatura).

De cara a las próximas elecciones, la izquierda se apresta a presentarse unida para mejor servir a mantener o a subir al PSOE al gobierno de las instituciones. Sin embargo, teniendo en cuenta estas políticas, y  aunque se llamen de ese modo, estas fuerzas políticas ¿pueden considerarse realmente de izquierdas o progresistas?

Notas

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