Según el Gobierno y sus principales valedores, en estos momentos de crisis con resultados devastadores para los trabajadores y los pueblos, España representa un claro refugio dentro de una Europa que vuelve a los recortes sociales y el autoritarismo, apretando filas para destinar cada vez más fondos al complejo militar-industrial.
Esta, sin embargo, no es la visión que se tiene a pie de calle, en donde casi cada día se suceden importantes movilizaciones de trabajadores y colectivos sociales marginados por sus derechos básicos. Desde el sur y el este hasta el norte y el oeste de nuestra geografía. En defensa de condiciones dignas de trabajo o de la vivienda o de unos servicios públicos de calidad…
En este mismo escenario, el miércoles 16 J la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el presupuesto comunitario para 2028-2034, un marco que marcará la dirección política de la UE en los próximos años. Lejos de continuar con las «políticas verdes» que antes promovía Bruselas, el nuevo plan prioriza el rearme y el control fronterizo. La Política Agraria Común (PAC), históricamente una de las piedras angulares del proyecto europeo, sufre un recorte del 20%, mientras que el gasto militar se quintuplica y la partida para la militarización de fronteras se triplica. La UE parece haber cambiado sus prioridades: menos sostenibilidad y más inversión en lo que eufemísticamente llaman «seguridad».
Ese mismo día, el gobierno francés anunció un paquete de austeridad de 44.000 millones de euros, que incluye congelar pensiones, recortar salarios públicos, eliminar días festivos y reducir ayudas a medicamentos para enfermos crónicos. La excusa es reducir el déficit, pero el contraste es evidente cuando, paralelamente, Emmanuel Macron anuncia un aumento récord en gasto militar. La misma lógica se repite en Bruselas y los demás países: menos derechos sociales, más armamento y represión.
Sin embargo, en España el discurso oficial es otro. El Ejecutivo de Sánchez y Díaz insiste en que el país es una excepción en esta Europa de la austeridad bélica y en guerra social contra sus propias poblaciones. «Ni rearme ni recortes», repiten los portavoces del ejecutivo social-liberal, insistiendo en que no se tocarán los servicios públicos pese a las presiones de la OTAN. Según esta narrativa, compartida y propalada también por las direcciones de Sumar, el PCE e IU, España resiste, diferente y progresista, frente a la ola de militarización y autoritarismo que arrasa al continente.
Pero los datos reales cuentan otra historia. El gobierno ha incrementado el gasto militar en más de 10.000 millones este año, la mayor subida de la historia, equivalente a todo el presupuesto anual de la Ley de Dependencia. Además, ha aprobado 15.000 millones adicionales para modernizar el armamento y planea aumentar el ejército con 14.000 nuevos efectivos. Aunque Sánchez presumió públicamente de enfrentarse a Trump en la OTAN, luego firmó el compromiso de alcanzar el 5% del PIB en defensa para 2035.
Y los recortes negados a bombo y platillo también están aquí ya: 950 millones menos en educación, 1.360 millones desviados de la transición energética, 2.800 millones recortados del Fondo de Liquidez Autonómica. Se eliminaron los bonos de transporte gratuitos, se revirtieron las rebajas del IVA en alimentos básicos y se redujeron las ayudas al bono social eléctrico. E igualmente ha habido intentos de recortar pensiones a parados mayores de 52 años y de alargar la edad laboral hasta los 72.
Ya hemos hablado ampliamente sobre el mal menor y la presencia de comunistas en el gobierno de la nación con la excusa de así evitar que gobierne el PP, porque nuestra larga experiencia colectiva indica que solo sirve para debilitar a la izquierda transformadora y dar alas a la derechona.
Las noticias de esta semana mantienen esta perspectiva al tiempo que siguen mostrando el verdadero talante de las cúpulas de los partidos y sindicatos que se empecinan en ocupar sillas y sillones «progresistas» dentro de este régimen antidemocrático y corrupto, heredero del golpe fascista iniciado, por cierto, un 18 de julio de hace bastantes años: esta monarquía parlamentaria.
