El gobierno dice «No a la guerra» con lenguaje de serpiente.

Hay momentos en los que la política española se parece a esos juegos de espejos donde una imagen puede ocultar lo que sucede a su alrededor. El gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado en la crisis abierta con Irán un escenario donde su voz suena moderada, incluso pacifista, en medio del fragor belicista que domina el tablero internacional. Su partido, el PSOE, incluso firma la convocatoria de manifestación ciudadana para el 21 de marzo «No a la Guerra» que se realizará en muchas ciudades españolas.

Sin embargo, las intenciones reales del ejecutivo del PSOE-Sumar quedan más patentes en los hechos y las políticas seguidas. De nuevo, desde el grupo Tortuga difunden el último análisis del gasto militar en nuestro país que despeja toda duda. Y es que nunca conviene confundir las proclamas y  ese árbol mediático que las corea con el bosque de fondo. Porque mientras los titulares hablan de contención, los consejos de ministros siguen aprobando partidas millonarias que dibujan una realidad muy distinta.

Según apunta Juan Carlos Rois, en lo que va de 2026, el gobierno español ha autorizado 3.703,85 millones de euros en gasto militar. La cifra adquiere su verdadera dimensión cuando se compara con los 2.062 millones del mismo periodo del año anterior o con los 777 millones de 2024. No se trata, eso sí, de dinero que vaya a gastarse íntegramente este año. Gran parte de estos compromisos son hipotecas que se trasladan a ejercicios futuros, una fórmula habitual que permite aprobar hoy lo que se pagará mañana, con la consiguiente losa para las próximas generaciones.

Lo llamativo no es solo el volumen, sino la transversalidad con la que se toman estas decisiones. En apenas dos meses y medio, han participado en su aprobación los ministerios de Hacienda, Defensa, Interior y Presidencia. Es difícil sostener, ante semejante implicación interdepartamental, que se trate de una política secundaria o accidental. Más bien parece una hoja de ruta trazada con determinación.

¿A qué se destina todo ese dinero? Una parte sustancial supera los 1.500 millones de euros en armamento. Otro capítulo importante, casi 700 millones solo en enero, financia las operaciones militares en el exterior. Hay también partidas para combustible de aviones de guerra y buques, para incentivos al personal militar y para gestionar un patrimonio inmobiliario que el Ministerio de Defensa administra a través del INVIED, el Instituto de la Vivienda de la Defensa, cuyos ingresos por ventas especulativas de suelo —como la conocida operación Campamento— acaban engordando de nuevo las arcas castrenses.

Pero si hay un dato que refleja con crudeza la extensión del despliegue español son las misiones internacionales. El Ministerio de Defensa enumera en su página web 19 operaciones activas. A ellas se suma ahora la fragata enviada a Chipre por la escalada en Oriente Próximo, con lo que la cifra asciende a 20. Ocho de ellas operan bajo bandera de la OTAN, seis bajo el paraguas de la Unión Europea, cuatro por cuenta propia y el resto bajo mandato de Naciones Unidas. Están repartidas por el Cuerno de África, el Sahel, Irak, el Líbano, los países bálticos, el mar Negro y hasta Colombia. Difícilmente ese mapa puede interpretarse como el de un país que apuesta por la distensión.

El análisis del grupo Tortuga también pone el foco en los vínculos comerciales de España en la región donde ahora se concentra la atención internacional. Los datos que aporta, referidos al periodo hasta 2021, muestran que nuestro país ha vendido material militar por valor de 8.184 millones de euros a países de Oriente Medio. Turquía encabeza la lista con casi 5.000 millones, seguida de Omán y Egipto. Israel también figura entre los compradores. Esa red de intereses no desaparece por mucho que el discurso oficial se distancie de las operaciones militares en curso.

A la luz de todos estos datos, el doble lenguaje del gobierno español en la guerra de Irán parece cumplir una doble función: desactivar el descontento social mostrando una posición crítica mientras se mantiene intacta la estructura de alianzas militares y de rearme. España sigue siendo un socio fiel de Estados Unidos —con tropas en bases como Rota y Morón—, mantiene relaciones militares con Israel y participa activamente en las estructuras de la OTAN que, en caso de escalada, podrían exigir una implicación directa.

La foto fija de estos 3.703 millones aprobados en apenas dos meses y medio es, en ese sentido, mucho más que una cifra presupuestaria. Es la fotografía de un modelo de país que, incluso cuando sus líderes hablan de paz, siguen movilizando sus recursos para la guerra. Un gobierno, además, cuyo socio minoritario participa en cada Consejo de Ministros y no sólo, de la mano de cargos del PCE y de IU, también manifiesta su total oposición a la guerra, las bases de la OTAN y mucho más.

Frente a esta situación, la única opción sigue siendo, desde la calle ya que las instituciones ya sabemos como actúan, incrementar la movilización para cuestionar las  políticas del militarismo y del rearme europeo, desde la pertenencia a la OTAN hasta el destino de unos recursos que, en forma de gasto armamentístico, se sustraen a necesidades sociales apremiantes y servicios públicos indispensables.

Referencias

• Kaos en la Red, “Que el árbol no oculte el bosque: Más de 3.000 millones ‘extra’ de gasto militar comprometido”, 19 de marzo de 2026.
• Ministerio de Defensa de España, “Misiones en exterior actuales”.