«Endavant» y el plan de reconstrucción que no tenemos.

Foto archivo de un barranco tras la DANA

A escasos días de la nueva concentración en Valencia, para exigir responsabilidades por la DANA y un plan de actuación desde las instituciones, siguen creciendo las críticas y propuestas sociales sobre las medidas necesarias. Seguidamente realizamos un análisis del plan de actuación propuesto por la Generalitat, como paso previo a considerar la actuación social y política que correspondería a quienes nos consideramos de la izquierda alternativa.

El Plan de Reconstrucción y Resiliencia impulsado por la Generalitat Valenciana tras la devastadora DANA de 2024—conocido como “Pla Endavant”—ha suscitado numerosas críticas de diferentes colectivos sociales, técnicos e institucionales que ponen en entredicho su enfoque, ejecución y eficacia real para lograr una transformación resiliente de la Comunitat Valenciana.

Uno de los principales puntos discutibles es la falta de transparencia y de participación social en la elaboración del plan. Plataformas ciudadanas como Mai Més y los Comités Locales de Reconstrucción denuncian que el proceso ha sido “de espaldas a la ciudadanía”, con una exposición pública “puramente estética” y sin garantías de que las alegaciones influyan realmente en el diseño definitivo del plan. La ausencia de un informe ambiental estratégico riguroso, de una memoria económica auditada y la nula implementación de una plataforma abierta de datos para el seguimiento del plan refuerzan la percepción de opacidad y verticalidad en la toma de decisiones.

En cuanto a las medidas sociales, se identifica una saturación de los servicios de salud mental y una significativa parálisis en la ampliación del parque público de vivienda desde 2022. Las iniciativas de adaptación de infraestructuras al cambio climático se enfocan principalmente en el riesgo de inundaciones, descuidando la preparación frente a otros fenómenos extremos como olas de calor. Hay también una lentitud excesiva en la ejecución de programas de rehabilitación de viviendas y espacios comunitarios que deberían ser clave para mejorar la resiliencia social.

En el ámbito de la gobernanza y competencias, destacar las críticas sobre la externalización del plan a la consultora PwC sin concurso público, y el hecho de que una parte considerable de las iniciativas corresponda en realidad a competencias de la administración central. Esto, además de erosionar la autonomía de gestión regional, diluye la capacidad de respuesta inmediata y efectiva desde la Generalitat. El plan, lejos de plantear soluciones estructurales, casi parece más una herramienta publicitaria y de posicionamiento político, en lugar de un instrumento transformador con visión a largo plazo.

Los Comités Locales de Emergencia también señalan la insuficiencia y escasa concreción del plan en cuanto a medidas, plazos y asignación presupuestaria. Se denuncia la continuidad en políticas de urbanización en suelos inundables, la falta de rediseño de infraestructuras que, durante la última catástrofe, actuaron como barreras agravando las inundaciones, y la ausencia de una estrategia verdaderamente integral para la resiliencia territorial y la gestión de riesgos. Se reclama también que no se repita la marginación de municipios y vecinos en el diseño de las soluciones, apostando por una implicación real de las comunidades más afectadas.

Además, también hay que decir que el Pla Endavant delega responsabilidades determinantes al Gobierno central, mientras la Generalitat “pasa de puntillas” ante sus propias deficiencias —como la actualización y mejora del plan autonómico de emergencias—, y posterga reformas importantes para planes futuros todavía sin concreta.

En suma, el Plan de Reconstrucción y Resiliencia de la Generalitat Valenciana, aunque ambicioso en volumen y en número de iniciativas, presenta carencias graves en participación ciudadana, transparencia, definición de competencias y relevancia real de las medidas propuestas. La mayoría de entidades sociales,  y Compromis (otros partidos no se pronunciaron), coinciden en que, tal como está planteado, difícilmente logrará sentar las bases de una Comunidad verdaderamente resiliente, sostenible y preparada para futuras crisis climáticas y sociales.


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