El Manifiesto de los 100 en favor del Gobierno «progresista» y la realidad tozuda de los hechos.

Bajo el título «Por avances en derechos sociales y políticos, contra los intentos de involución», significados intelectuales, profesores, abogados, magistrados, sindicalistas, representantes de la cultura y exministros han firmado un manifiesto en el que apoyan la continuidad de la legislatura, encabezada por el Gobierno de coalición progresista del PSOE-Sumar y que incluye a su juicio, según su particular valoración no basada en hechos tangibles, «un programa actualizado de medidas contundentes y concretas contra la corrupción, con avances sociales y en derechos civiles, que mejoren la vida de la ciudadanía». Surrealista, sin duda.

Descargar el Manifiesto de apoyo al Gobierno de coalición progresista, firmado por 19 exministros (16 del PSOE y 3 de Sumar), sindicalistas de UGT y CCOO, profesionales y gente  de la cultura.

Solo por citar algunos ejemplos, seguidamente detallamos algunas de estas gestas socioliberales del ejecutivo de Sánchez-Díaz (ver también el artículo «Mentir sobre cosas importantes«), siempre enfocado a propalar un estatus progresista que secunda igualmente la «casta» político-social afín, aunque no venga respaldada por los hechos; al contrario:

Pactar con el PP un nuevo Consejo General del Poder Judicial, no solamente entregando la mayoría a los jueces de derechas y de extrema derecha, sino, además, aprobando una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que no se acepta ni un solo postulado progresista. Cantar las alabanzas del acuerdo tripartito PP-PSOE-Sumar como un «avance de la democracia». Pasar los meses siguientes observando cómo la derecha judicial elige a la presidenta del CGPJ y pone jueces conservadores en todas las salas del Tribunal Supremo y del resto de altos tribunales del país.

Anunciar decenas de veces futuras reformas legislativas para mejorar la dramática situación de la vivienda, así como la construcción de cientos de inmuebles de titularidad pública. No aprobar ninguna de las reformas anunciadas por falta de mayoría parlamentaria (un dato que ya conocían cuando hicieron el anuncio) y no construir prácticamente ninguna de las viviendas prometidas. A pesar del incumplimiento, volver a hacer periódicamente anuncios muy similares.

Pasar más de un año y medio anunciando todo tipo de movimientos inmateriales encaminados a una supuesta aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Comparecer decenas de veces para verbalizar que el acuerdo es inminente. Llevar a cabo todo tipo de reuniones supuestamente encaminadas a avanzar en las negociaciones, pero todas con igual resultado. Prometer fechas de aprobación que nunca se cumplen y cada vez se van moviendo paulatinamente hacia el futuro sin solución de continuidad.

Reconocer de forma simbólica el Estado de Palestina y afirmar que el gobierno se sitúa a la vanguardia mundial de los esfuerzos para detener el genocidio en la Franja de Gaza mientras lleva a cabo únicamente acciones verbales no vinculantes, peticiones a organismos internacionales que sabes de antemano que no van a prosperar y reuniones y eventos que no producen ningún tipo de efecto material. Al mismo tiempo, continuar comprando armas a Israel, mantener todas las relaciones diplomáticas y comerciales con total normalidad y permitir que se usen tus puertos y aeropuertos para hacer llegar armas destinadas a asesinar palestinos. Suspender un pequeño contrato de balas de 9 millones de euros mientras mantienes activos decenas de otros contratos por cuantías cientos de veces mayores. Afirmar que vas a impulsar una ley para implementar un embargo de armas cuando sabes que el trámite parlamentario puede ser muy largo y el embargo lo puede implementar inmediatamente el Consejo de Ministros si así lo desea y no lo ha querido hacer en casi dos años de genocidio.

Llevar a cabo el aumento de gasto militar más grande de la historia de España hasta el 2% del PIB, tal y como exigieron Donald Trump y la OTAN. Asegurar que ese aumento se va a hacer sin tocar «ni un solo euro de gasto social» mientras ya estás desviando al gasto militar las partidas de transición ecológica, educación o cuidados, y mientras eliminas los descuentos al transporte público o la rebaja del IVA de la luz. Firmar un acuerdo comprometiendo a España a aumentar todavía más el gasto militar hasta el 5% del PIB —lo que, básicamente, destruiría nuestro estado del bienestar—, diciendo en rueda de prensa, pocos minutos después, que nuestro país no se ha comprometido a ello y soslayar el hecho de que cualquier gobierno futuro puede considerar el acuerdo como vinculante. Entonar el eslogan «ni rearme, ni recortes» mientras llevas a cabo el mayor rearme nunca visto y ejecutas recortes para sufragarlo.

Contestar al caso de corrupción del PSOE más grave de las últimas décadas, con los dos hombres fuertes del partido nombrados por Pedro Sánchez implicados en la trama, con el «y tú más» al PP. Anunciar un paquete de 15 medidas contra la corrupción sin poder explicar por qué no las habías llevado a cabo antes y sabiendo perfectamente que nunca las vas a implementar. Aplaudir la maniobra mediática para salir del paso como si fuera un avance real mientras las condiciones que permiten la corrupción se mantienen intactas.

Llevar al Congreso un RDL que llaman «antiapagones», pero que no contiene ni una sola medida efectiva para evitar que un apagón como el del 28 de abril pueda volver a ocurrir. Renunciar a disciplinar al oligopolio eléctrico para evitar que la red se vuelva a ir a cero. Pedir ayuda a dicho oligopolio —que, de hecho, pide el voto a favor para el RDL— para que convenza al PP y te ayude a sacar la norma. Aprovechar para incluir en el texto una subvención a la contaminante industria de las macrogranjas de cerdos…

Este es el gobierno que realmente tenemos y que se sigue reivindicando como «mal menor» frente a las hordas de la derechona. Un discurso que asumen también las direcciones de IU y del PCE en particular, ignorando a sabiendas que los intereses de la población trabajadora deben primar sobre la estabilidad de un gobierno de coalición, de unas instituciones políticas y de un régimen heredados del franquismo. Es decir, que la izquierda alternativa y los comunistas deberían trabajar por una alternativa, la República, en lugar de encastillarse en unas instituciones ejecutivas que se dice sólo de boquilla querer cambiar.