Lo que la Administración presenta como solución definitiva tras la catástrofe del 29-O es, según análisis técnicos y la valoración de algunas entidades sociales y vecinales, una infraestructura monstruosa e insuficiente en capacidad real para desviar los caudales, con riesgo de colapso y de inundación de barrios y zonas del municipio hasta ahora a salvo.
Cuando una catástrofe como la DANA del 29 de octubre de 2024 arrasa tantos municipios y territorios de Valencia, la presión política para mostrar resultados visibles es muy alta. Y el riesgo de esa presión también es claro, de modo que las decisiones de urgencia pueden acabar siendo decisiones de apariencia.
El proyecto de encauzamiento del Barranquet d’Aldaia —presentado como respuesta estructural a las inundaciones que devastaron el área metropolitana de Valencia— reúne todos los elementos para convertirse en un ejemplo paradigmático de ese fenómeno: una obra con financiación europea, nombre técnico, fecha de inicio y capacidad de generar titulares tranquilizadores, pero que en realidad presenta serias dudas sobre si protegerá o, en el peor de los casos, pondrá en riesgo a quienes hoy viven fuera de la zona de peligro.
El CLER de Aldaia, así como las asociaciones de vecinos del Barrio del Cristo y Encreullades lo tienen claro. También el compañero de Compromís Carles Raga, acaba de pronunciarse emdiante la publicación de “El projecte del Barranquet d’Aldaia: un fals desviament”,
La diferencia entre lo proyectado por la Administración y lo que sucedió realmente
La capacidad máxima del entubamiento proyectado para el soterramiento es de poco más de 100 metros cúbicos por segundo. Durante la DANA del 29-O, el Barranquet descargó más de 1.000 m³/s —casi diez veces más. La obra habría reducido el nivel del agua entre 20 y 25 centímetros en las calles inmediatas, una diferencia que, ante caudales de esa magnitud, resulta irrelevante por demás.
Además, en este proyecto de entubamiento subterráneo con salida cerca de la rotonda de Bonaire, la infraestructura incluye dos curvas de noventa grados en su recorrido. Si, en condiciones normales, ese diseño sería discutible, cuando se produzca una riada o avalancha que arrastre cañas, muebles, contenedores y vehículos, la probabilidad de obstrucción interna es técnicamente muy elevada. Esto lo reconoce incluso la Confederación Hidrógráfica del Jucar en su informe.
Y un bloqueo de la canalización no significa simplemente que el agua no drene bien: significa que el caudal buscará salida por desbordamiento en la superficie, inundando barrios como el del Cristo, el Pilar o la avenida de la Música, zonas que el propio PATRICOVA —el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana— ya identifica como vulnerables. Es decir, que la obra podría convertir en zona de riesgo áreas que hasta ahora no lo eran.
En cambio, la insistencia del ayuntamiento en una solución soterrada, alegando que generará “mayor consenso” y evitará “alarma social”, parece priorizar en realidad la estética urbana y la comodidad política sobre la seguridad hídrica real, independientemente de otros factores. Parece que no les preocupa, y ya están asumiendo plenamente esta planificación cuestionable, como muestra que ya han puesto en marcha un “Plan de choque municipal” para ampliar la capacidad del cauce en la calle Valencia, sustituyendo los aparcamientos en batería por cordón para ganar espacio.
Las medidas mitigadoras propuestas ante ese riesgo son la plantación de arbustos en la entrada del tubo para frenar residuos y la movilización de la policía local para retirar vehículos con antelación. Ante la posibilidad de un colapso hidráulico en zona urbana densa, eso no es una solución técnica: es una declaración de impotencia.
Además, a este problema estructural se añade el de la gestión contractual. En las grandes licitaciones públicas de infraestructura, el patrón habitual es que las adjudicaciones recaigan en grandes constructoras que luego externalizan la ejecución real a través de cadenas de subcontratas. Ese modelo diluye las responsabilidades técnicas hasta hacerlas casi imposibles de rastrear cuando aparecen fallos.
El Barranquet d’Aldaia, financiado con fondos europeos, presenta ese mismo riesgo: que la urgencia política y el atractivo económico del proyecto hayan primado sobre un análisis técnico riguroso e independiente de sus consecuencias reales.
Hay soluciones reales posibles y necesarias
Algunos expertos en gestión hídrica que han analizado el caso, así como representantes vecinales y de entidades de personas afectadas (como el CLER), proponen un enfoque radicalmente diferente. En lugar de canalizar y encauzar el agua una vez que ya ha llegado al núcleo urbano, la intervención eficaz consiste en ralentizarla aguas arriba, antes de que alcance las zonas habitadas. Eso significa crear balsas de laminación no junto a las viviendas, sino en los tramos altos de la cuenca, recuperar los bosques de ribera que actúan como esponjas naturales y mantener superficies agrícolas inundables que absorban el primer impacto de las crecidas. Ninguna de esas soluciones genera el vistoso impacto de una gran obra de hormigón. Pero todas ellas son, sin embargo, técnica y ambientalmente más eficaces y racionales económicamente.
A lo que hay que añadir la otra gran deuda pendiente: los sistemas de alerta temprana y los protocolos de autoprotección. La DANA del 29-O mató a cientos de personas en la provincia de Valencia. Muchas de esas muertes habrían sido evitables con una alerta efectiva horas antes. Una infraestructura como el soterramiento proyectado, que reduce el agua veinte centímetros en el mejor de los casos, tampoco salva vidas si la gente no sabe que tiene que salir de su casa.
El caso del Barranquet d’Aldaia no es una excepción: es un síntoma. Mientras la planificación territorial siga respondiendo a la lógica de mostrar que se hace algo en lugar de hacer lo que realmente funciona, y mientras los fondos de reconstrucción fluyan hacia obras grandes y visibles en lugar de hacia intervenciones eficaces y discretas, la próxima DANA encontrará el territorio igual de indefenso. O peor: con nuevas infraestructuras que habrán creado falsas sensaciones de seguridad allí donde antes, al menos, la gente sabía que estaba expuesta.
