Valencia está por encima de la media en feminicidios y a la cola en respuesta efectiva de la Administración.

La Comunitat Valenciana supera consistentemente la media nacional en tasas de feminicidios y víctimas de violencia de género, un drama estructural que revela el fracaso de las políticas autonómicas desde hace muchas legislaturas.

En 2025, se registró 92,7 víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la tercera tasa más alta de España tras Baleares (115,8) y Navarra (100,3), superando la media nacional de 74. De las 25.545 víctimas totales, el 57,8% eran españolas (un descenso del 5,4% respecto a 2024) y el 42,2% extranjeras (aumento del 7,3%).

Pero, desde 2003 hasta 2025, la tasa acumulada de feminicidios en la Comunitat es de 78,8 por cada millón de mujeres mayores de 15 años, superior a la media nacional de 67,1. Y en 2022, aunque fue la tasa más baja histórica (1,36 por millón), la media desde 2003 es de 3,55, 0,59 puntos por encima de España.

Comparativamente, otras comunidades por encima de la media nacional son Canarias (90,3 víctimas/10.000 en 2025), Murcia (89,8) y Andalucía (81,9). Aunque, como ya hemos visto, la Comunitat es tercera en feminicidios, con Valencia como tercera ciudad (21 casos desde 2003, tras Madrid y Barcelona).

Estos datos confirman la gravedad del machismo estructural a nivel de Estado y territorial.

Respuesta desde las administraciones públicas

Frente a esta lacra, las políticas públicas contra la violencia de género muestran bastante heterogeneidad, con leyes específicas post-2004 que complementan la normativa estatal, pero varían en servicios, sensibilización y adopción de medidas. No hay rankings oficiales actualizados, pero estudios destacan diferencias en recursos según PIB, tasas de víctimas y aplicación judicial. Desde una perspectiva de clase, estas disparidades agravan desigualdades en regiones precarias como la Comunitat Valenciana.

Todas las CCAA tienen normativas influenciadas por la LO 1/2004, pero difieren en enfoque: Canarias y País Vasco priorizan prevención integral; Extremadura y Cantabria, asistencia social básica. Cataluña detalla perfiles amplios de víctimas (incluyendo LGTBI); Melilla y Ceuta enfatizan coordinación con Estado.

Por su parte, la Ley integral valenciana ofrece ayudas económicas puntuales, pero falla en prevención y aplicación: solo el 49% de medidas judiciales se adoptan, por debajo de la media, y las condenas son de las más bajas junto a Cataluña y Baleares. Comparada con Andalucía (altas denuncias y programas amplios) o País Vasco (prevención avanzada), Valencia prioriza parches asistenciales sobre transformación estructural, agravado por precariedad laboral femenina en una región de alta temporalidad y turismo. El machismo no baja pese a alguna bajada puntual (como en 2022, con un 1,36 por millón), confirmando que la represión punitiva (cuando se aplica) de las políticas públicas, más que atacar mantienen las raíces capitalistas del patriarcado.

Tabla comparativa

CCAA	Fortalezas políticas	Debilidades	Tasa víctimas 2025 (/10k mujeres)
Comunitat Valenciana	Ley integral con ayudas económicas	Baja condena judicial	92,7
Andalucía	Altas denuncias, programas amplios	Reducción casos tramitados	81,9
Cataluña	Normativa detallada, enfoque LGTBI	Baja % medidas y condenas	Media nacional
País Vasco	Alto PIB, prevención avanzada	Aumento delitos	Baja histórica
Extremadura	Crecimiento denuncias (+44%)	Recursos limitados	Media-baja

En otros artículos ya hemos señalado las limitaciones de los pactos institucionales contra la violencia y de quienes los propugnan. Es necesario un mayor avance porque, desde una perspectiva marxista, la violencia de género que responde la estructura patriarcal de la sociedad capitalista, siempre se ve agravada cuanto mayor es la precariedad laboral, como ocurre en Valencia.

Alternativas desde la izquierda real

Más allá de las reivindicaciones inmediatas que plantean el movimiento feminista en sus diversas vertientes,  la violencia machista debe valorarse -reiteramos- como expresión de la opresión de clase y género consustanciales al capitalismo. Por tanto sería necesario que, además de las políticas públicas orientadas a esta problemática y las justas reivindicaciones de las plataformas y movimientos, desarrollar:

– Iniciativas sociales de autodefensa.  Es necesario desarrollar redes de vecinas y trabajadoras organizadas para apoyo mutuo, denuncia colectiva y autoprotección, inspiradas en modelos, por ejemplo, como los de Jane McAlevey para la organización laboral.

– Control social de juzgados: Hace falta urgente instrumentar mecanismos para la participación social y de las personas afectadas en el control de las medidas y condenas pronunciadas, buscando romper el monopolio judicial ultraconservador existente.

– Expropiación de agresores.  Una medida punitivia que apunta en la buen dirección (y cuestiona el orden capitalista) sería destinar bienes de maltratadores a fondos comunales para viviendas seguras y manutención, integrando lucha antipatriarcal en la expropiación general.

– Educación consecuente. El currículo educativo obligatorio debe ampliar sus contenidos y dirigirse a desmontar los roles de género y prevenir la violencia en todas sus múltiples extensiones.

En definitiva, se trata de superar las políticas contemporizadoras del presente que desarrollan las fuerzas «progresistas» y avanzar hacia un cambio social capaz de romper con estas lacras.

Referencias