El anuncio de una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales para 2026 ocupa y ocupará importantes titulares que tratan de presentar el «gran» progresismo social de la coalición del PSOE-Sumar en el actual ejecutivo. Sin embargo, es mucha la letra pequeña…
A primera vista, 37 euros más al mes parecen una buena noticia para los trabajadores más vulnerables. Sin embargo, ¿es este incremento la victoria que proclama el Gobierno o, por el contrario, una medida que apenas maquilla una realidad de precariedad cronificada?
Este análisis desmonta el anuncio oficial a través de cinco críticas fundamentales que revelan una realidad mucho más compleja, donde la inflación, el coste de vida y la estrategia política dibujan un panorama mucho menos optimista.
1. Una «subida» que no sube: Apenas empata con la inflación y consolida la precariedad
Para evaluar la verdadera eficacia de un aumento salarial, es crucial distinguir entre el «salario nominal» —la cifra en euros que aparece en la nómina— y el «salario real», que mide nuestro verdadero poder de compra. Una subida no es tal si el coste de la vida aumenta al mismo ritmo o más rápido. La verdadera prueba de un incremento salarial es su capacidad para superar la inflación, no solo para igualarla.
El incremento propuesto del 3,1% para el SMI de 2026 apenas cubre la inflación prevista para 2025, que se sitúa en el 2,9%. En la práctica, esto significa que el poder adquisitivo de los perceptores del SMI no mejora; en el mejor de los casos, «evita seguir cayendo». Es una medida diseñada para mantener el statu quo, no para avanzar.
Este estancamiento es aún más grave si se considera la pérdida acumulada. Según datos de la OCDE, los salarios reales en España a principios de 2025 se mantenían un 4,2% por debajo de su nivel de 2021. La subida actual no solo no recupera este terreno perdido, sino que lo consolida, normalizando una merma significativa en la capacidad de compra de los trabajadores más precarios.
Pero no solo se trata de no perder poder adquisitivo, sino de si el nuevo SMI alcanza para una vida digna, un objetivo que parece cada vez más lejano.
2.El objetivo europeo se aleja: ¿Por qué 1.221 euros sigue siendo un «salario de pobreza»?
El principal argumento del Gobierno para justificar sus subidas del SMI es el cumplimiento de la Carta Social Europea, que recomienda situarlo en el 60% del salario medio nacional. Sin embargo, un análisis detallado de las cifras demuestra que la propuesta actual se queda muy lejos de alcanzar ese compromiso de forma efectiva.
Aunque se presenta como un avance, los 1.221 euros propuestos son insuficientes. El sindicato USO, por ejemplo, calcula que para cumplir verdaderamente con el objetivo del 60% del salario medio, el SMI debería situarse en una cifra cercana a los 1.450 euros mensuales. En una línea similar, UGT cifra en 1.444 euros el nivel necesario para alcanzar dicha meta. La propuesta del Gobierno, por tanto, no solo no alcanza el objetivo, sino que la aleja en términos de coste de vida real.
Joaquín Pérez, secretario general de USO, resume esta desconexión de forma contundente, poniendo en evidencia la distancia entre las cifras oficiales y la realidad cotidiana:
«¿De verdad 1.300 euros por una jornada de 40 horas semanales, en un país donde algunos alimentos han subido hasta el 80 % en cuatro años y la vivienda es un lujo imposible de pagar parece un derroche?”
Esta insuficiencia en la cuantía se agrava cuando analizamos quién asume realmente el coste de estas subidas y cuál es su impacto en la economía real.
3. El coste oculto: El fantasma de la destrucción de empleo y la presión sobre las pymes
El debate sobre el SMI siempre presenta una dualidad: el innegable beneficio para quienes ven incrementado su sueldo frente al potencial coste para la creación de empleo y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Ignorar las advertencias de los principales organismos económicos es cerrar los ojos a una parte fundamental de la ecuación.
Informes de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ponen cifras a este impacto, calculando que la subida de 2023 evitó la creación de entre 55.000 y 85.000 empleos. Esta advertencia resuena en análisis similares de Randstad Research y BBVA Research, que alertan de que nuevas subidas rápidas podrían destruir entre 61.000 y 114.000 puestos de trabajo en el bienio 2025-2026, añadiendo una presión considerable sobre las empresas con márgenes más ajustados.
Este impacto, además, no es homogéneo. El informe de la AIReF revela que las consecuencias negativas se ceban con los eslabones más débiles de la economía. Geográficamente, se concentran en comunidades como Canarias, Murcia y Extremadura. Socialmente, golpean a los colectivos más vulnerables: jóvenes, mujeres e inmigrantes. En la práctica, esto significa que el coste de la subida se «socializa» sobre las pymes de sectores de baja productividad, que son precisamente las que contratan a estos perfiles.
Este desplazamiento del coste hacia los eslabones más débiles de la economía revela una estrategia política que va más allá de una simple actualización salarial.
4. La cortina de humo política: Un SMI que no toca los problemas reales.
El SMI se ha convertido en la principal «bandera social» del Gobierno, una herramienta política de gran visibilidad que, sin embargo, puede funcionar como una cortina de humo. Al centrar el debate público en esta cifra, se evita abordar los problemas estructurales que perpetúan la precariedad en España.
Esta estrategia «salario mínimo-céntrica» permite al Ejecutivo proyectar una imagen progresista sin alterar las estructuras de poder económico. Es una política de bajo coste político que elude tomar medidas valientes y necesarias en otros frentes:
- No se interviene sobre los alquileres disparados.
- No se ataca la raíz de la temporalidad y la parcialidad forzosa.
- No se plantea una reforma fiscal que grave de forma decidida los crecientes beneficios empresariales.
La falta de ambición se hace evidente al contrastar esta «paupérrima subida» con otras partidas presupuestarias. Mientras se debate por unas decenas de euros en el SMI, el Gobierno prevé un gasto militar que alcanzará los 80.000 millones de euros para 2026. Los recursos existen, pero las prioridades políticas son claras.
Esta estrategia política, sin embargo, no se sostiene sin la colaboración, a veces sorprendente, de los grandes sindicatos.
5. La polémica sindical: ¿Por qué hay quien propone que el salario más bajo pague impuestos?
En medio del debate, surge una propuesta sorprendente desde los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. Aunque exigen una subida mayor (de hasta el 7,5%), han abierto la puerta a que el SMI tribute por primera vez en el IRPF. Desde una perspectiva de defensa de la clase trabajadora, este planteamiento es un auténtico despropósito.
La lógica esgrimida es que los perceptores del SMI no deben ser «discriminados» fiscalmente. Sin embargo, este argumento invierte la carga del problema: el escándalo no es que un salario de subsistencia esté exento de impuestos, sino que el sistema fiscal actual castiga en exceso a las rentas del trabajo mientras ofrece amplios márgenes de beneficio fiscal para las rentas del capital y los grandes patrimonios.
Pedir que el SMI tribute equivale a normalizar un sistema fiscal injusto en lugar de combatirlo. Se renuncia a la lucha por una fiscalidad verdaderamente progresiva a cambio de una subida nominal que, en parte, se devolvería al Estado. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve subir más el SMI para pagar más impuestos?
Frente a este panorama de subidas insuficientes y propuestas polémicas, es fundamental plantear que existen alternativas reales.
Conclusión: ¡Abajo las armas y el militarismo, arriba los Salarios!
Las cinco críticas expuestas demuestran que la subida del SMI a 1.221 euros es una medida más cosmética que estructural. Apenas compensa la inflación, se queda lejos de los objetivos europeos, traslada el coste a los más débiles, sirve de distracción política y viene acompañada de propuestas sindicales desconcertantes.
Frente a este modelo de negociación pactada y subidas nominales, la alternativa pasa por la movilización y la lucha colectiva. Es hora de dejar de aceptar migajas y exigir un cambio real. La perspectiva de una huelga general por un SMI de al menos 1.500 euros es un primer paso fundamental. Una demanda que debe ir ligada a la exigencia de que la subida de salarios se financie gravando los beneficios empresariales y el capital, no el trabajo de quienes apenas llegan a fin de mes.
En Bélgica ya se realizó con éxito esta movilización y también en otros países europeos, pero sigue llamando la atención la desproporción existente entre los mismos, tal como muestra esta tabla:
Fuentes Utilizadas
- Año nuevo, SMI viejo: 2026 ha vuelto a empezar sin SMI aprobado | Sindicato USO
- Cuota autónomos 2026: novedades y cambios | Wolters Kluwer
- El Tribunal de Justicia de la UE respalda que el salario mínimo sea un 60% del salario mediano | Supercontable
- SMI en 2026: ¿el Salario Mínimo Interprofesional será de 1.240 euros? | Grupo2000
- Subida del SMI en 2026: cuánto sube y a quién afecta | INEAF
- Una subida que no sube: el SMI y la pérdida real del poder adquisitivo | Izquierda Diario
- Airef alerta del creciente impacto en el empleo de las alzas del SMI | Expansión
- Negociación del SMI 2026: impacto económico y choque con las empresas | El Diario de Madrid
