La subida de las pensiones en España trata de proteger el poder adquisitivo de los jubilados por la vía de hacer perder capacidad de compra de los salarios (desde 2019), lo que ensancha la brecha generacional y de clase. Con esta política del gobierno PSOE-Sumar, los colectivos más perjudicados son jóvenes, asalariados precarios y hogares trabajadores con alquiler o hipoteca, cuya renta disponible real cae aunque la estadística hable de “recuperación” salarial.
En efecto, la OCDE y diversos informes señalan que, en 2024, los salarios españoles permitieron comprar menos que en 2019, porque la inflación se ha ido “comiendo” las subidas nominales. Y diversos análisis sobre la evolución salarial 2017‑2025 concluyen que el trabajador medio cobra algo más en euros, pero la inflación reciente hace que su poder de compra sea igual o menor que hace años.
Brecha pensiones–salarios
Mientras las pensiones se revalorizan sistemáticamente con el IPC y acumulan subidas cercanas al 30% en una década, los salarios permanecen estancados, consolidando una brecha generacional: mayores relativamente protegidos y jóvenes asalariados empobrecidos.
El propio Gobierno vende la revalorización de las pensiones como garantía de poder adquisitivo, pero no aplica un mecanismo equivalente a los salarios, que dependen de negociación colectiva en un marco de poder empresarial reforzado tras las crisis.
Colectivos más perjudicados
Jóvenes menores de 35 años: concentran salarios bajos, mucha temporalidad y parcialidad involuntaria; ganan hasta un 40‑43% menos que el salario medio y pierden poder adquisitivo pese al crecimiento nominal general.
Trabajadores temporales, a tiempo parcial y del sector servicios: soportan la mayor precariedad, apenas se benefician de las mejoras de convenio y sufren de lleno el encarecimiento de vivienda, energía y alimentación.
Hogares inquilinos e hipotecas recientes: el acceso a la vivienda es mucho más caro; menos de la mitad de los nacidos después de 1985 son propietarios a los 42 años, y solo un 20% de menores de 35 tiene hipoteca, atrapados entre alquileres récord y salarios de miseria.
Alternativas desde la izquierda
La indexación de pensiones al IPC ha sido una conquista parcial de los mayores, pero financiada en un modelo que acepta salarios menguantes, beneficios empresariales al alza y un reparto regresivo de la riqueza: se protege el ingreso de quienes ya están fuera del mercado laboral mientras se normaliza la precariedad de quienes lo sostienen.
Presentar la subida de pensiones como “protección del Estado social” oculta que nueve millones de trabajadores pierden poder adquisitivo en un solo año y que la brecha generacional se dispara, consolidando una estructura donde la clase trabajadora activa —especialmente joven— paga el coste de la crisis inflacionaria para garantizar la estabilidad del sistema.
Desde la COESPE han lanzado el siguiente comunicado, planteando las medidas que serían necesarias:
La pérdida del poder adquisitivo es manifiesta, el gobierno ‘socialista’ y sus apoyos políticos deben garantizar medidas de equidad, el cierre de la brecha de género y resolver la precariedad
Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) denunciamos que la subida de las pensiones públicas resulta claramente insuficiente, a pesar de los avances que en algún caso se producen. Sigue sin garantizar unas condiciones de vida dignas a millones de pensionistas, en un contexto marcado por una enorme subida de los precios de los bienes y servicios básicos.
El incremento continuado del coste de la alimentación, la vivienda, la energía, el transporte y los servicios esenciales está erosionando gravemente el poder adquisitivo de las pensiones y los salarios. Aunque se anuncien revalorizaciones ligadas al IPC, la realidad cotidiana demuestra que estas no compensan el impacto real de una inflación que golpea con mayor dureza a quienes tienen ingresos fijos y más bajos.
Millones de pensiones mínimas y no contributivas siguen situándose por debajo del umbral de la pobreza, condenando a cientos de miles de personas mayores especialmente mujeres, a una situación de precariedad permanente. No es aceptable que, tras una vida de trabajo y cotización, las personas pensionistas tengan que elegir entre calentar sus hogares, alimentarse adecuadamente o acceder a medicamentos y cuidados.
Desde COESPE exigimos:
– Una revalorización real y suficiente de todas las pensiones, que garantice la recuperación y mantenimiento del poder adquisitivo real. Recuperando una cláusula de revalorización.
– El aumento inmediato de las pensiones mínimas contributivas y las no contributivas, superando el nivel de pobreza, hasta alcanzar el salario mínimo interprofesional, cerrando así la brecha de género de pensiones y obteniendo unas pensiones no contributivas dignas y suficientes.
– Medidas eficaces para frenar la especulación y el encarecimiento de los precios básicos.
– La defensa del sistema público de pensiones de reparto, rechazando cualquier intento de privatización total o parcial.
– Cumplimiento de la ley y realización de la auditoria de la SS, devolución inmediata de los 103.690 millones de euros a la caja de la Seguridad Social de gastos impropios.
– Medidas fiscales para que paguen más los que más ganan y tienen (banca, grandes empresas, entidades financieras, energéticas, etc.).
Las pensiones públicas no son un gasto, sino un derecho conquistado y un pilar fundamental de la cohesión social.
COESPE continuará movilizándose y llamando a la ciudadanía a defender el sistema público de pensiones de reparto, digno, suficiente y garantizado.
Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden.
