Un año más, el informe anual de Defender a quien Defiende desnuda una evidencia política que no puede leerse como un simple “aumento de casos”: la represión del derecho a la protesta se ha convertido en un instrumento sistemático de gobernanza para desmovilizar la lucha y las movilizaciones sociales. El informe elaborado sobre 2025 (https://defenderaquiendefiende.org/wp-content/uploads/2026/03/DQD_DERECHO-A-LA-PROTESTA_2025-1.pdf)) recoge 380 casos de vulneraciones, 1.956 vulneraciones concretas y 1.771 personas afectadas en contexto de protesta, lo que supone un crecimiento de al menos un 66,7% respecto a 2024 y más del doble que en 2023.[1][2][3]
Para la administración, cada manifiesto, cada concentración contra un desalojo, cada movilización por Palestina o por la dignidad laboral es un foco de potencial inseguridad o de insurrección, por nimio que aparezca. De ahí que la represión se haya intensificado no como un accidente, sino como un mecanismo de dominio: cuanto más se organiza la clase trabajadora, más se despliega la máquina represiva para desgastar, disciplinar y criminalizar.
Penalización y burorepresión: la ley al servicio del orden
El informe recién publicado muestra que la represión opera por dos vías: la penal y la administrativa, ambas al servicio de la coerción por miedo y de la estigmatización del disenso.[3][1]
– La vía penal se usa no solo para castigar actos concretos, sino para desgastar organizaciones y colectivos, imponiendo procesos largos, cargas miseria‑económicas y estigmatización pública. Cada querella, cada imputación, cada medida cautelar es un intento de deslegitimar la lucha y convertir la militancia en un riesgo existencial.[1][3]
– La vía administrativa funciona como “burorrepresión”: sanciones, multas, identificaciones, impugnaciones de autorizaciones, restricciones de espacios y uso policíaco de la legalidad para hacer imposible, o extremadamente caro, el mero hecho de salir a la calle. Es la lógica del Estado burgués: incluso cuando no puede encarcelar, busca paralizar la agitación mediante trabas burocráticas y presiones institucionales.[3][1]
No existe un registro oficial que cuantifique estas vulneraciones, pero la ausencia de estadística no es casualidad, forma parte del plan. El Estado puede así negar la magnitud del problema, mientras alimenta un discurso legalista‑liberal que pretende reducir la represión a “excesos puntuales” y no a una característica estructural de la dominación de clase.
Palestina, vivienda y antifascismo: punta de lanza de la represión.
El informe revela que la represión se concentra donde la lucha de clases y la lucha contra el imperialismo se hacen más visibles:
– Solidaridad con Palestina: 90 casos, el grueso de los episodios se concentran en protestas contra la presencia de equipos gestionados desde el Estado de Israel en La Vuelta o en la jornada de huelga del 15 de octubre. Cargas policiales, detenciones, uso de gas pimienta (OC) incluso contra personas sentadas y no violentas, y una campaña de criminalización que trata de convertir la solidaridad con la lucha antiimperialista en un crimen de opinión.[4][1][3]
– Vivienda y okupación: 67 casos, que coinciden con un contexto de emergencia habitacional fabricada por el capital financiero y urbanístico. Desalojos policíacos, drones, dispositivos sobredimensionados, sanciones administrativas y macrocausas contra activistas, además de la presencia de empresas privadas tipo Desokupa,, muestran cómo la lucha por el techo se convierte en un frente directo de guerra de clases.[4][1][3]
– Antifascismo: 61 casos, donde la represión se combina con la violencia de ultraderecha y neonazi. Concentraciones contra Vox, neonazis y agitadores reaccionarios son vulneradas en derechos de reunión, expresión, asociación y no discriminación, y se acompañan de agresiones físicas, amenazas y campañas de difamación que buscan romper la red de solidaridad entre el movimiento obrero, feminista y anticolonial.[1][3][4]
Juntos, estos tres ejes concentran casi el 60% de los casos, lo que refleja que el estado y su gobierno fiel del PSOE-Sumar saben exactamente dónde se juega su dominio: en la capacidad de la clase trabajadora para organizarse, para apoyar la lucha antiimperialista y para resistir la ofensiva del fascismo.[3][4][1]
Policía, capital privado y Estado
El documento subraya que la mayoría de las vulneraciones se producen a través de cuerpos policiales (54,5%), con un peso destacado de Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, aparatos que no son “neutrales” sino instrumentos de mantenimiento y reproducción del orden social capitalista Sin embargo, también se observa una creciente participación de actores privados (empresas de desocupación, seguridad privada), lo que evidencia la privatización de la represión y la integración de la lógica empresarial en la guerra contra la protesta.[5][4][1][3]
La intensificación de la represión social confirma que el Gobierno PSOE-Sumar no ha desmontado los mecanismos de control heredados del ciclo anterior, sino que los ha administrado con maquillaje progresista. Aunque Sumar ha presionado para retomar la reforma de la ley mordaza, el PSOE no tuvo problemas para frenar esa derogación, dejando intacta la base jurídica que permite sancionar, identificar y castigar la protesta. Puede decirse, en este sentido, que el conflicto entre ambos socios no ha sido sustantivo, y que más allá de una discrepancia táctica, muestra el verdadero carácter de una coalición que promete derechos mientras preserva el andamiaje represivo del Estado.
Se trata, pues, de un Ejecutivo que se presenta como progresista, pero que conserva intactos los dispositivos coercitivos necesarios para administrar el conflicto social sin alterar ni poner en juego las relaciones de poder.
NOTAS
- [1] [PDF] VULNERACIONES DE DERECHOS EN EL ESTADO ESPAÑOL https://defenderaquiendefiende.org/wp-content/uploads/2026/03/DQD_DERECHO-A-LA-PROTESTA_2025-1.pdf
- [2] Diagnóstico del derecho a la protesta en el Estado español 2025 https://novact.org/es/publicacio/diagnosi-dret-protesta-estat-espanyol-2025/
- [3] Las vulneraciones del derecho a la protesta crecieron al menos un … https://www.elsaltodiario.com/represion/vulneraciones-derecho-protesta-crecen-2025
- [4] Un cuarto de las vulneraciones del derecho a la protesta en 2025 … https://www.eldiario.es/politica/cuarto-vulneraciones-derecho-protesta-durante-movilizaciones-palestina_1_13100150.ht
- [5] La represión del derecho a la protesta se intensifica en 2025 con … https://novact.org/es/represion-derecho-protesta-espana-2025/
- [6] Las vulneraciones del derecho a la protesta crecieron al menos un … https://osalto.gal/represion/vulneraciones-derecho-protesta-crecen-2025
- [7] INFORME «Diagnóstico del derecho a la protesta 2025» https://campanhas.ecoarglobal.org/es/informe-diagnostico-del-derecho-a-la-protesta-2025/
