Dentro de un marco internacional presidido por iniciativas como el ICE de Trump o la nueva reforma europea del derecho al asilo de extranjeros, a principios de este año, el Gobierno prometió a bombo y platillo poner en marcha el mayor proceso de regularización de personas migrantes en décadas. Lo llamaron internamente dejar “el contador a cero”, y su amplitud habla por sí sola: entre 500.000 y 800.000 personas que viven y trabajan en España podrían salir de la irregularidad administrativa entre abril y junio de 2026.
El marco legal para ello está en el Real Decreto 1155/2024, que reforma el Reglamento de Extranjería y articula un mecanismo técnico para facilitar la regularización. Pero la cuestión ampliamente planteada entre los agentes sociales y muchos migrantes es si la maquinaria administrativa del Estado podrá gestionar este objetivo, o bien este proceso se convertirá en una promesa rota más de este ejecutivo “progresista”.
Qué cambia y qué ofrece el Real Decreto 1155/2024
El decreto no inventa nada nuevo: perfecciona figuras legales que ya existían y abre atajos para quienes llevan años atrapados en el limbo administrativo. Según los expertos, la vía más importante es el llamado arraigo extraordinario, recogido en la Disposición Transitoria Sexta, que reduce drásticamente los tiempos de permanencia exigidos frente al régimen ordinario. No será necesario acreditar años y años de residencia: bastará con demostrar arraigo laboral, familiar o una situación de especial vulnerabilidad.
Para quienes solicitaron asilo en su día y siguen con el expediente abierto, la Disposición Transitoria Quinta abre una puerta específica: pueden acogerse a la regularización sin renunciar a su solicitud de protección internacional. Lo que también supone un reconocimiento implícito de que el sistema de asilo español lleva años colapsado y que miles de personas siguen “en tierra de nadie”.
Pero quizá el elemento más relevante para el día a día es la habilitación laboral inmediata. Desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, la persona obtiene una autorización provisional de trabajo y puede darse de alta en la Seguridad Social en apenas quince días. Esto tendría un impacto económico directo: puede aflorar economía sumergida en sectores como la agricultura, el trabajo doméstico y los cuidados, incorporando cotizantes que ya están aquí pero que el sistema oficial no ve.
Los problemas que el optimismo oficial oculta
Hasta aquí la parte presentable del proceso. Pero un análisis detallado de la norma revela varios puntos que podrían dejar fuera a miles de las personas a las que supuestamente va dirigida.
El primero es la exigencia de estancia ininterrumpida de cinco meses antes de presentar la solicitud. No se permite ninguna ausencia en ese periodo, por breve o justificada que sea. Esto puede parecer un detalle técnico menor, pero en la práctica convierte en un obstáculo insalvable a quienes tienen familia en origen, a quienes fueron deportados temporalmente, o simplemente a quienes no conservan documentación continua durante esos meses. El concepto de “ininterrumpida” es una trampa para los más vulnerables.
El segundo problema es el plazo de solicitud de solo noventa días, de abril a junio de 2026. Quienes conocen el funcionamiento real de las Oficinas de Extranjería saben lo que eso significa: colapso inmediato de la plataforma Mercurio, mercado negro de citas, y quienes no tienen apoyo de una ONG o un sindicato cerca quedarán fuera por pura falta de acceso, no por falta de méritos. El sistema ya ha demostrado en procesos anteriores que no está preparado para gestionar picos de demanda de tal magnitud.
El tercero es la vigencia inicial de un año para la autorización concedida. Un año no da tiempo a consolidar nada. Obliga a los beneficiarios a iniciar casi de inmediato los trámites para el régimen ordinario, en un mercado laboral que sigue siendo precario y en el que conseguir un contrato estable no es sencillo. Es lo que podría llamarse una “libertad condicional administrativa”: papeles, sí, pero con fecha de caducidad que genera una nueva presión inmediata.
El cuarto punto es la dependencia del Registro de Colaboradores, es decir, de aquellas ONGs y sindicatos que puedan actuar como intermediarios reconocidos en el proceso. Esto no es malo en sí mismo, pero genera una desigualdad territorial evidente: en ciudades grandes con redes organizadas, el acceso será más fluido; en provincias con menos presencia de estas entidades civiles, muchas personas se quedarán sin apoyo y sin acceso efectivo al proceso.
Lo que habría que cambiar para que esto funcionara de verdad
Un proceso con este potencial no puede fallar por problemas técnicos o administrativos previsibles. Harían falta al menos cuatro cambios concretos que pueden marcar la diferencia entre un éxito real y un fracaso previsible.
1. Ampliar el plazo de solicitud a seis meses como mínimo. Tres meses es insuficiente para gestionar entre 500.000 y 800.000 expedientes sin colapso. Más tiempo significa menos presión sobre la plataforma, menos mercado negro de citas y menos personas excluidas por no haber podido pedir cita a tiempo.
2. Sustituir la exigencia de “estancia ininterrumpida” por el concepto de “residencia efectiva”, permitiendo ausencias breves y justificadas que no rompan el arraigo social demostrado. La vida de las personas no se puede meter en un criterio de continuidad administrativa tan rígido.
3. Alargar la vigencia inicial del permiso a tres años, en línea con lo que ya se concede a menores de edad en este mismo proceso. Un año no garantiza integración laboral estable. Tres años sí permiten construir algo sólido antes de la primera renovación.
4. Dotar a las oficinas de extranjería de personal de refuerzo específico y exclusivo para este proceso, con el compromiso real de resolver expedientes en el plazo de tres meses que el Ejecutivo ha prometido. Sin recursos humanos suficientes, todas las demás mejoras son papel mojado.
¿Qué hacer?
Desde una perspectiva organizativa o política, no cabe otra opción que presionar para que las medidas mínimas recién señaladas se incorporen antes de que el proceso arranque. Se trata de un objetivo que de partida no parece fácil, considerando por ejemplo el reiterado desencuentro previo entre el gobierno y el movimiento de migrantes, a propósito de la ILP y sobre las demás propuestas sociales que se han venido planteando. Como siempre, la clave de la lucha está en las calles.
Referencias:
- https://www.inclusion.gob.es/documents/20121/0/Preguntas+y+respuestas+REGULARIZACI%C3%93N.pdf/fb4e4205-1fd8-47c6-f647-131b87ff80d7?t=1769519790276
- https://www.inclusion.gob.es/w/el-gobierno-inicia-los-tramites-de-un-proceso-de-regularizacion-extraordinaria-para-integrar-a-personas-extranjeras-que-ya-viven-en-espana
- https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-24099
- EE UU: ICE, el arma de Trump contra la inmigración | ARTE.tv Documentales
- https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fwww.inclusion.gob.es%2Fw%2Fel-gobierno-inicia-los-tramites-de-un-proceso-de-regularizacion-extraordinaria-para-integrar-a-personas-extranjeras-que-ya-viven-en-espana
- https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fredsintesis.info%2Fcomunicado-regularizacion-abril-2026
